Hace unos días nos sorprendió una conferencia de prensa encabezada por el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, acompañado de los titulares del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, así como de varios de los componentes de las entidades máximas del sistema de justicia de nuestro país.
En la oportunidad, Saucedo y las otras autoridades manifestaron dos puntos relevantes. El primero, que el Órgano Judicial tiene un déficit presupuestario de 140 millones de bolivianos que afecta sus actividades normales y pone en riesgo la prestación de los servicios judiciales, agregando que actualmente el presupuesto que se asigna es del 0,4% del Presupuesto General del Estado y que éste debería ser por lo menos del 3%. Por otra parte, refirieron que las entidades del sector justicia no participarán de la Comisión 898, puesto que la misma ya habría cumplido su ciclo y se deben buscar otros mecanismos para reformar la justicia.
Como era de esperarse y nos tiene acostumbrados, la respuesta del Gobierno central fue la menos adecuada. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, solicitó a las cabezas del sistema de justicia primero mostrar su ejecución presupuestaria antes de pedir recursos adicionales, realizar ajustes organizacionales y priorizaciones.
Con respecto a la primera problemática, es algo que la sociedad civil, mediante serios y objetivos informes anuales, ha ido denunciando constantemente. A partir de un análisis de los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se ha estimado que los últimos nueve años, el presupuesto asignado al sector justicia ha representado en promedio el 0,48% de recursos del Tesoro General del Estado, cuando en otros países de la región está entre 3% y 5% de su presupuesto.
Por otra parte, la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial informó de una ejecución del 97,16% del presupuesto asignado en la gestión 2023. Quizá el ministro Siles debería leer un poquito más los informes de la sociedad civil.
El análisis anterior fue observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de la visita que hizo al país en 2023, cuando afirmó que le causaba preocupación el escaso presupuesto con el que cuenta el sector de justicia e indicó textualmente que esto “provoca una debilidad del sistema derivada en la escasez de recursos económicos y humanos para cumplir con sus respectivos mandatos, generando además dependencia del Poder Ejecutivo”.
Es que al MAS durante toda su vida gubernamental no le interesó solucionar el funcionamiento del sistema de justicia, obviamente porque necesitaba que fuera completamente dependiente de su poder absoluto y por ello hizo dos cosas básicamente: por una parte, controló la elección de sus máximas autoridades, desvirtuando el profundo avance de los preceptos constitucionales sobre la elección de éstas con los resultados que tuvimos el 2011 y el 2017 con abogados y abogadas que se convirtieron en magistrados y magistrados, consejeros y consejeras, sin contar con la idoneidad y capacidad necesarias, mostrando lo peor del ejercicio de la abogacía y la aplicación de derecho en sus labores.
Y una segunda prueba de lo afirmado ocurrió en la elección del 2024, donde se tenía la oportunidad de cumplir las recomendaciones de organismos internacionales y sociedad civil boliviana para mejorar la preselección y elección, pero el MAS de manera dolosa y premeditada puso toda su energía en prolongar primero el mandato de unos señores y señoras que siguen campeantes vulnerando la Constitución; y segundo, colocar zancadilla tras zancadilla al proceso para que fracase, y lo logró, pues hasta ahora no se ha podido completar una funesta elección parcial en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, lo que a futuro traerá muchas complicaciones.
La otra acción del MAS, tanto en la época de Morales como luego en la de Arce, fue retacear el presupuesto –como se vio líneas arriba– lo cual impide en término de los estándares internacionales de derechos humanos lograr un sistema de justicia con mayor independencia y autonomía funcional (malas palabras en el lenguaje masista).
Es cierto que la mayoría de la población ve con malos ojos al sistema de justicia por su burocracia, alta corrupción, anacronismo, deshumanización, falta de profesionalidad, recursos humanos deficientes y poco técnicos, etc. en todas sus entidades; pero es un servicio público completamente necesario para solucionar los conflictos de los miembros de cualquier sociedad que tenga al Estado de Derecho como un principio constitucional e institucional.
En Bolivia, el sistema de justicia no llega a todo el territorio del país: sólo el 49,42% de los 349 municipios cuenta con este servicio, mucho menos el Ministerio Público y menos aún la justicia agraria y agroambiental, siendo un país con tanta actividad agropecuaria. Eso explica que la gente vea como algo lejano y abstracto al sistema de justicia, simplemente porque no está ahí donde lo requiere y, por lo tanto, sus conflictos deben solucionarse por otras vías, en algunos casos vulnerando derechos.
Lo anterior también trae otro problema, y es la mora procesal. Con menos juzgados y tribunales, éstos colapsan por la cantidad de casos y la justicia es más tardía. Por consiguiente, si no hay presupuesto suficiente nunca se llegará a cubrir el 100% de los municipios y se cumpliría el dicho: “Justicia que tarda ya no es justicia”. Esto debería entenderlo claramente el titular del Ministerio de Justicia y Transparencia, pero al parecer debe estar ocupado en otras cosas y no en la cartera que más bien tendría que encontrar soluciones a estas problemáticas que no son de ahora, sino de siempre.
Ahora, sobre la Comisión 898 a la que se refirieron las autoridades de justicia, ésta deviene de la Cumbre de Justicia de 2015, que tuvo una amplia participación de diversos sectores (principalmente masistas), pero con interesantes propuestas de mejoramiento de la justicia que salieron de sus mesas de trabajo. Sin embargo, si hacemos una revisión exhaustiva, no se habría cumplido ni el 30% de las recomendaciones y conclusiones, por lo que pensar en hacer otra cumbre o buscar otros mecanismos, sin haber realizado una evaluación previa y análisis objetivo, autocrítico y constructivo de lo anterior, nos daría exactamente los mismos resultados.
En conclusión, por los datos vistos es innegable que nuestro sistema de justicia es pobre. Incluso hay ministerios del Órgano Ejecutivo que tienen mucho más presupuesto que todas las entidades del sistema. Si seguimos con esta política, la justicia dará resultados no sólo pobres, sino paupérrimos. Esperemos que el siguiente Gobierno asuma la reforma de justicia como un política de Estado y con la seriedad necesaria, por el bien de la sociedad que requiere este servicio.
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