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Tan mal anda nuestro sistema de justicia desde hace años que muchas personas que sienten que al no haber sido administrada de forma correcta en sus casos, es mejor aferrarse a la idea de que si no alcanzaron a tener justicia terrenal, obtendrán la justicia divina.

Esta forma de pensar no sólo refleja la creencia religiosa que profesan muchas personas en nuestro país y la confianza ciega que tienen hacia ese ser supremo que inspira la misma, sino también la gran desconfianza que les provocan el trabajo y las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia en los casos que deben resolver.

En un taller de capacitación sobre procesos de adopción al que asistí hace unas décadas, escuché a un abogado señalar que los funcionarios y autoridades judiciales a cargo de este tipo de procesos tendrán que rendir cuentas de su labor, no solamente ante sus superiores sino ante la justicia divina, porque cada día que no cumplen a cabalidad con las responsabilidades que se les asignan, como hacer rigurosas investigaciones, elaborar informes completos, llevar adelante o asistir a las audiencias adecuadamente preparados y dentro de los plazos previstos en la norma, es un día más que privan a esos niños del derecho a tener una familia. Este mensaje me sorprendió, me hizo pensar y entender por primera vez que la administración de justicia implica aplicar la norma, cumplir procedimientos y plazos con la mayor responsabilidad posible y en el marco de valores y principios fundamentales y que quienes asumen esta noble labor no sólo tendrán que responder por sus actos y decisiones ante una estructura institucional y la sociedad, sino también ante lo que orienta su fe o creencia religiosa y ante su conciencia.

Por el ámbito en el que he desarrollado mi experiencia laboral (derechos humanos) he tenido contacto con un sinfín de personas que se han visto defraudadas por el sistema judicial. Unas más que otras tuvieron que peregrinar años en los tribunales nacionales e incluso han tenido que acudir a instancias internacionales para lograr justicia y otras perdieron la esperanza de alcanzarla, dejando inconclusos los procesos iniciados, ya sea porque llegaron al límite del desgaste emocional o porque agotaron sus esfuerzos y recursos económicos.

En este último tiempo, por mi trabajo, he tenido contacto con al menos unas veinte familias que han perdido a un ser querido en circunstancias violentas, sobre todo casos de feminicidio; algunas de estas familias llevan varios años buscando justicia en sus casos para encontrar consuelo y reparación, otras, pese a las pruebas existentes, ni siquiera han logrado la apertura de las causas y otras por falta de orientación legal o recursos económicos no han iniciado ninguna acción.

En las conversaciones con todas estas personas hay un aspecto en común: su firme convicción de que si no logran justicia a través de las instancias competentes, la alcanzarán por la justicia divina. En sus relatos varias hacen referencia a las limitaciones y debilidades de los funcionarios y autoridades judiciales, quienes en su accionar demuestran poca preparación o sumisión a otros intereses o presiones.

Durante estos últimos días circularon nuevamente en las redes sociales mensajes en torno a un caso que se hizo muy conocido en La Paz en el que una mujer perdió la vida y un hombre fue sentenciado por este hecho. Varios de estos mensajes traen nuevamente a colación la idea de la “justicia divina”, señalando que la decisión de la autoridad judicial no es justa, que la misma es resultado de presiones y prejuicios y que a la familia del sentenciado sólo le queda mantener la esperanza y la fe en que en algún momento se hará justicia.

Mientras sigamos escuchando relatos de la gente sobre su desconfianza en nuestro sistema judicial y tratando de consolarse con la idea de que “la justicia divina llegará”, tendremos que tener presente que éste es un tema de preocupación y de urgente atención por parte de todos los que creemos que las cosas pueden cambiar si apostamos por una reforma técnica, comprometida y responsable que asegure una justicia independiente.

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