Desde hace mucho tiempo, abogados litigantes, estudiosos del Derecho, organizaciones de la sociedad civil, universidades, entidades de derechos humanos nacionales y del exterior vienen repitiendo que la justicia en Bolivia se encuentra sumida en una crisis estructural e histórica, que se constituye en un pozo sin fondo, lo cual no sería tan alarmante si este sistema corrupto, burocrático, anquilosado en el pasado, sin el personal idóneo y capacitado, no destruyera vidas y propiedades de bolivianos y bolivianas.
Para nadie es desconocido que caer en las redes perniciosas del sistema de justicia, en cualquiera de sus materias, se constituye en una pesadilla. Se siguen viendo procesos laborales donde las y los trabajadores no pueden cobrar sus beneficios por años, juicios civiles que de igual manera se alargan por las triquiñuelas legales que las partes utilizan y que el sistema permite; ni qué decir de procesos familiares o de niñez y adolescencia que deberían ser ágiles, considerando los grupos poblacionales de que se trata, pero que de la misma manera muestran su lado más negativo y que afecta derechos fundamentales de la población boliviana en su conjunto.
Pero encontrarse dentro del sistema penal ya sea como víctima o imputado/a, se muestra como una de las peores experiencias que puede pasar una persona en su vida y unos de los ejemplos más emblemáticos lo tenemos con el caso del Dr. Jhery Fernández, un joven profesional médico que estuvo en un momento y lugar desafortunados, y que marcó desde ese momento su vida como refirió en varias entrevistas, donde expresó que siente destruida su existencia personal y profesional luego del calvario que tuvo que pasar a raíz de la muerte del bebé Alexander.
Este caso debe estudiarse por la vulneración de derechos de un imputado y debería servir de ejemplo para fiscales y jueces de todo aquello que no deben hacer. Y la ciudadanía jamás se hubiese enterado de este caso si no hubiese sido por una grabación de la jueza Patricia Pacajes, quien por cierto sentenció a Fernández y a otras personas a 20 años de cárcel sin pruebas objetivas y concluyentes, mencionando en sus declaraciones la presión e intervención en el caso del entonces fiscal general Ramiro Guerrero, el exgobernador de La Paz César Cocarico, la exministra de Justicia Virginia Velasco y la exviceministra Estefanía Morales. A esto habrá que sumar el informe forense mal realizado de la médica Ángela Mora que determinaba una presunta violación que nunca ocurrió.
Por su parte, el mismo Dr. Fernández ratificó ante los medios de información que los culpables de su situación fueron el exfiscal general Ramiro Guerrero; los forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Ángel Mora y Cristian Vargas, que dieron el reporte equivocado de la violación; el exfiscal departamental de La Paz Edwin Blanco y la fiscal Susana Boyán, quienes estuvieron a cargo de la etapa preparatoria. Asimismo, fueron parte de todo eso los exjueces Patricia Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida.
En el momento en que se observan las actuaciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial en este caso, nos damos cuenta de que los principios y garantías constitucionales y procesales para estos operadores de justicia no significan nada.
En primera instancia, olvidaron el fundamental principio de inocencia, aquel que el artículo 116 de la Constitución desarrolla y que especifica que el Estado y sus operadores deben garantizar, y que en caso de “duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
Este principio requiere necesariamente demostrar la culpabilidad, pero de manera objetiva con pruebas fehacientes y científicas, algo que nuestros operadores obvian. Por otra parte, es el Estado el que debe probar la culpabilidad y no el imputado su inocencia. El Ministerio Público tiene lo que denominamos carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del imputado y los fiscales están impedidos de presionarlo, amenazarlo y, con mayor razón, de someterlo a torturas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Y la libertad de la persona acusada sólo puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso para prevenir que eluda la acción de la justicia u obstaculice la comprobación de los hechos, o para evitar que estos se repitan en ciertos casos graves, pero nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en su contra, precisamente porque su estado de inocencia prohíbe de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable. Empero, el Dr. Fernández fue encarcelado cuatro años, y liberado solo por la presión social, luego de conocer las declaraciones de la exjueza Pacajes, caso contrario, seguramente seguiría en San Pedro, junto con los demás imputados, cumpliendo una sentencia injusta.
De la misma manera, estos operadores de justicia omitieron por cualquier lado que se mire el principio in dubio pro reo que se entiende como aquel precepto que nos indica que en caso de duda se fallará a favor del imputado, que tiene una relación directa con el principio de inocencia y que significa que la convicción del juzgador respecto de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda razonable, de manera que cualquier duda que exista obliga a fallar a su favor. A pesar de la cantidad de pruebas de descargo y otras que no reunían las condiciones necesarias, los fiscales a cargo construyeron un caso contra el Dr. Fernández y otros imputados, y los jueces simplemente dieron fe de aquello, condenándolos. Por donde se lo analice, una total vergüenza y una acción por demás ilegal y delictiva que daña profundamente las bases de la administración de justicia y los derechos humanos más básicos, y que además nos muestra la falta de criterios de humanidad. Surgen varias dudas: ¿qué tipo de conciencia tuvieron?, ¿qué clase de ánimo puede llevar a una persona a hacer tanto daño a otra?, ¿en qué manos estamos?, ¿qué hacemos con los miles de Jhery Fernández que se encuentran en las cárceles de nuestro país, sufriendo el mismo trato, la misma injusticia, el mismo rigor del sistema penal?, ¿cuándo se acabará la injusticia?
La sociedad boliviana se sigue haciendo estas preguntas, pero lo más llamativo es que hasta el momento ningún gobierno ha logrado responder de manera adecuada y plantearse una reforma integral de la justicia. Por el contrario, se ha aprovechado de su actual realidad, y ejemplos hay muchos y actuales que demuestran esto. Esperemos que en algún momento exista la voluntad política de cambio real y efectivo en beneficio de la población que necesita acceder a la justicia, pero a una que sea independiente, imparcial, publica, proba, rápida, gratuita, plural e intercultural, de servicio a la sociedad, con plena participación colectiva y respetuosa de los derechos humanos, es decir humana.
Perdón Dr. Fernández, Dr. José Luis Delgadillo, Sandra Madeni y Lola Rodríguez, perdón por aquellos y aquellas que les hicieron daño. Esperemos que la justicia llegue y sean castigados/as.
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