En los últimos días, las noticias reflejan cómo se lanzan candidaturas políticas, se ofrecen siglas partidarias, se plantean divisiones veladas, se miden fuerzas y buscan alianzas en los liderazgos locales, departamentales y locales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido fijar el 18 de abril como fecha límite para que las organizaciones políticas registren sus alianzas, con las cuales participarán de las elecciones de agosto.
En ese escenario, primero se darán esas alianzas e idealmente las fuerzas políticas “negociarán” sus planes de gobierno y cuotas de poder. Ojalá se prioricen las propuestas políticas para velar por los intereses de la población boliviana y seguramente tendrán que esforzarse en planificar cómo manejarán la crisis económica que vive el país.
La escasez de productos básicos o su alto costo se siente cada día más en las familias, problema más palpable en los sectores con menos recursos económicos.
Quiero enfatizar en algunos factores que varios analistas políticos han manifestado:
1. Hemos vivido en una burbuja que nos hizo creer que habíamos logrado mayores niveles de desarrollo, mientras el gasto público (dinero que usa el Estado para cumplir sus funciones y sostener su estructura) sigue siendo elevado.
No existe información actualizada de la cantidad de funcionarios públicos. No obstante, datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2022) planteaban que la administración pública nacional poseía 424,4 mil ítems en el sector público. Sin embargo, sería interesante conocer cuántos funcionarios cuentan los órganos Legislativo y Ejecutivo, cuáles son los gastos reservados. Para el 2022, el 74,8% de los ítems del sector público estaban destinados a cuatro sectores: educación con 188,3 mil funcionarios (44,4%); salud con los Servicios Departamentales de Salud, programas en salud y entidades de seguridad social con 65,9 mil (15,5%), y entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se alcanza a 14,7% con 62,2 mil ítems.
2. La subvención del costo de la gasolina se mantuvo. Nuestra economía sigue dependiendo de nuestros recursos naturales no renovables, situación que muestra la fragilidad de la planificación y desarrollo económico que se posee en casi 200 años de vida como país. El agotamiento de los pozos petroleros, la falta de exploración de nuevos yacimientos y, por tanto, la disminución de la producción de gas y petróleo generó la caída de las exportaciones de hidrocarburos y en consecuencia un menor ingreso de dólares.
En 2025 se asignará más de $us 2.900 MM para la subvención a los carburantes. Por semana, el Estado boliviano eroga $us 56 MM para mantener congelados los precios de la gasolina especial y del diésel oíl. Actualmente, Bolivia sólo produce 15% de diésel y 30% de gasolina que consumimos; hace 10 años se producía más del 85% de carburantes y solo importaba un 15%. (La Razón, 24/11/2024).
3. La subvención del costo de la harina se mantiene y camufla el déficit productivo así como la imposibilidad de producir trigo a nivel local, insumo básico para la elaboración de pan. Según Apaza (2015) tras la asunción de Evo Morales el año 2006, Estados Unidos interrumpió la provisión de harina de trigo hacia Bolivia, que era canalizado por USAID en el marco del programa PL-480, lo que amenazó la necesidad de elevar el precio del pan de batalla. El gobierno nacional asumió la tarea de fomentar la producción nacional de trigo y harina, así como facilitar las importaciones de harina a precios bajos. Desde 2007, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) otorga créditos y compra trigo a precios superiores al de mercado; por otro lado, desde 2011 se comprometió a dotar de harina subsidiada para mantener el precio del pan con la Confederación de Panificadores de Bolivia.
Este 2025, hubo movilizaciones de ese sector para elevar el precio de la unidad de pan y el gobierno comprometió continuar con la subvención a la harina e incluir en ese apoyo al azúcar, la levadura y la manteca. El quintal de harina en el mercado abierto puede costar hasta 250 bolivianos, mientras que los panificadores lo reciben entre 125 y 130 bolivianos. El precio de la unidad de pan se mantiene a 0,50 centavos de boliviano, pero su tamaño sigue disminuyendo.
Esta escueta relación de datos demuestra que gastamos más de lo que producimos y en esas condiciones la deuda externa se ve como la mejor salida para estabilizar la economía del país, aunque realmente no sea la solución para garantizar nuestro desarrollo y nuestra soberanía ante intereses foráneos. Mientras el actual gobierno sigue diciendo a la población que nuestra economía está bien, los partidos opositores plantean propuestas para revitalizar economía en Bolivia que apuntan a reducir el gasto público y apoyar la “inversión privada” –esperemos no se refieran a la misma inversión de Gonzalo Sánchez de Lozada que desarticuló toda la red férrea de ferrocarriles que unía nuestro país–.
Los actores políticos requieren demostrar mucho más civismo, honestidad, ética, sabiduría y compromiso con bolivianos y bolivianas, deben velar por el bienestar común antes que reproducir slogans y promesas discursivas irreales.
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