Llevo años trabajando con empresas y organizaciones para explicarles los beneficios y bondades en la conformación de equipos diversos.
Hace poco menos de setenta años que las mujeres pueden ir a la universidad y contar con todos los derechos, o bien, privilegios de los que gozamos los hombres desde la conformación de la República; sin embargo, sigo encontrando obstáculos (principalmente mentales), para la incorporación y ascenso de mujeres en cargos jerárquicos o de decisión. Algunas organizaciones se han conformado con eso de obtener el 50/50 de contrataciones entre hombres y mujeres; pero aún es un sueño lograr ese ansiado equilibrio trabajo-familia.
Así como el hecho de encontrar ciertas preguntas incómodas y personales el momento de contratar mujeres en un puesto, también he evidenciado que hemos avanzado poco en cuanto a la inserción laboral de personas con discapacidad. Si bien ha habido avances normativos (que muy pocas empresas han cumplido), no han habido cambios sustanciales a los procesos de contratación. Se siguen empleando las mismas técnicas para evaluar a un postulante y no se adecuan a las condiciones diferenciadas que estos pudieran tener.
Al investigar más a fondo el asunto, me he topado con un muro. Por supuesto que el principal es el de la indiferencia o de la ignorancia, porque se tienen más prejuicios que proactividad para hacer que la situación cambie. Cuando se pregunta a los reguladores estatales acerca del tema, responden que ellos han cumplido con su rol de emanar normas que favorezcan la inclusión y que la “culpa” es de las empresas que no contratan a personas con discapacidad.
Cuando se pregunta a las empresas por qué no se cumple lo mínimo exigido por ley, responden que sacan convocatorias de personal, pero que las personas con discapacidad no cumplen con los requisitos exigidos y no cuentan con formación suficiente para el cargo; así que, es “culpa” de las universidades y centros de formación que no son inclusivos.
Al indagar qué ocurre en los colegios y universidades, dicen que la ciudad no es inclusiva, que las aceras tienen baches, que el sistema de transporte no ayuda a que las personas con discapacidad se desplacen hacia los centros de formación y que la “culpa” es de la Alcaldía.
Finalmente, cuando se habla con funcionarios de la Alcaldía, dicen que no tienen suficiente presupuesto y que el culpable es el Gobierno por no transferir fondos para cumplir con dichas demandas. En resumen, todos se echan la culpa y nadie se hace cargo en serio.
Hace unos años vimos cómo un grupo organizado de personas con discapacidad exigieron el cumplimiento de sus derechos, el acceso a un bono y mayor inclusión laboral para tener una vida digna. Marcharon, se enfrentaron a la policía y lograron que el Gobierno de aquel entonces promulgue la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad el 27 de septiembre de 2017. Toda esa lucha se tradujo en deseos y aspiraciones muy concretas, que quedaron en un papel.
El compromiso que planteo y que lo venimos haciendo hace muchos años con promotores de la Responsabilidad Social, es que las empresas y las universidades se adecuen a la discapacidad. Es decir, no debe ser la persona con discapacidad la que tenga que estar mendigando por una fuente de trabajo y esperando una respuesta que nunca llega, sino que los empresarios deben pensar en que la diversidad en los equipos de trabajo, con gente joven y adulta; con mujeres y hombres; con personas con discapacidad y las que no, generan un valor intangible que, a la vez, se traduce en mayor productividad, mejora en el clima laboral, mayor reputación y, por supuesto, menor tasa de rotación, dado que los grupos tradicionalmente excluidos del mundo laboral son fieles trabajadores que saben apreciar y valorar cuando se les da una oportunidad.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad, ya no con un enfoque lastimero, sino con la esperanza del inicio de una nueva era que permita a todos, sin distinción, gozar de los mismos derechos y deberes.
Comencemos nuevos ciclos cerrando brechas sociales que no pudieron cerrarse.
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