En cada proceso electoral vuelve la misma discusión: qué es realmente la guerra sucia y dónde está la frontera entre la crítica legítima y la manipulación. En el lenguaje político, todo lo que incomoda suele etiquetarse como ataque, incluso cuando se trata de verdades verificables. Pero la democracia no puede construirse sobre esa ambigüedad: confundir escrutinio con difamación es tan peligroso como permitir que las mentiras circulen sin control. La guerra sucia no es simplemente la existencia de una crítica dura, sino el uso sistemático de mentiras, medias verdades y manipulaciones deliberadas para dañar la imagen del adversario, desorientar a la ciudadanía y debilitar la confianza en las instituciones. No se trata sólo de falsedades: muchas veces el recurso más eficaz es tomar un dato cierto y aislarlo de su contexto, exagerar sus consecuencias o asociarlo a narrativas que buscan generar miedo. La verdad recortada se convierte así en arma política.
Por eso, decir verdades no es guerra sucia. Revelar hechos comprobados sobre la vida pública de los candidatos, por incómodos que resulten, forma parte del control democrático. El problema comienza cuando esos hechos se presentan desfigurados, cuando se selecciona sólo una parte de la historia para inducir una conclusión que no corresponde, o cuando se los enmarca dentro de un discurso de odio y polarización que anula cualquier matiz. Allí radica la diferencia entre la crítica legítima y la manipulación política.
En Bolivia hemos visto innumerables ejemplos: fotografías sacadas de contexto, portadas de periódicos alteradas, declaraciones inventadas con el logo de medios tradicionales, acusaciones falsas de narcotráfico o de compra de armamento, todas ellas desmentidas, pero ampliamente difundidas en redes sociales. Muchas veces, estas operaciones no surgen únicamente de operadores políticos anónimos: también nacen de algunos periodistas y medios de comunicación que, lejos de ejercer control social, terminan prestándose al juego de la manipulación. Cuando quienes deberían aportar claridad se convierten en generadores de sombra, el impacto sobre la opinión pública es doblemente corrosivo.
En la vida cotidiana, cuando alguien nos miente de frente, mirándonos a los ojos, lo sentimos como una falta de respeto, ofensa personal y nos indigna. Pero en las redes sociales, incluso sabiendo que estamos frente a mentiras o verdades a medias, las compartimos con ligereza. Esa incoherencia es uno de los mayores males de nuestra democracia digital: toleramos lo intolerable, difundimos lo que rechazamos en privado, y terminamos reforzando aquello que decimos despreciar. El ciudadano no sólo es víctima: también es cómplice cada vez que replica un rumor, reenvía una cadena anónima o multiplica un mensaje cuyo origen conoce dudoso.
Los actores políticos, por su parte, han perfeccionado el arte de la media verdad. Saben que una mentira absoluta puede ser desmentida, pero una verdad a medias es más difícil de desmontar. De allí que seleccionen datos ciertos y los encuadren en narrativas de sospecha, insinuación y agravio. Ese mecanismo resulta más eficaz que la falsedad pura, porque se apoya en algo verificable y lo convierte en prueba de una conclusión que no resiste contraste. La posverdad funciona precisamente en ese terreno gris, donde los hechos importan menos que la emoción que producen. Y al mismo tiempo, muchos políticos se han acostumbrado a responder cualquier señalamiento con la muletilla de “guerra sucia”. Así, convierten en ataque lo que en realidad es una verdad incómoda, blindándose contra la rendición de cuentas. Esa banalización del término erosiona su verdadero significado y confunde a la opinión pública.
Las instituciones tampoco escapan a la prueba. El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales han garantizado en los últimos años procesos con estándares técnicos aceptables, pero la percepción ciudadana no acompaña en la misma medida. La Consulta Delphi y la Encuesta de Opinión Pública de la FES, septiembre 2025, muestran que la mayoría reconoce la limpieza de las elecciones, pero al mismo tiempo califica como insuficientes las acciones del TSE contra la desinformación y la guerra sucia en redes.
El mensaje es claro: ya no basta con organizar bien la logística electoral, también hay que gobernar el espacio informativo donde se juega la confianza. Esa es la gran deuda de nuestras instituciones. Ratificar el padrón, publicar actas y fotografías, habilitar observación internacional son pasos necesarios, pero insuficientes si en paralelo la conversación digital se contamina de rumores, teorías conspirativas y ataques coordinados. No existe aún un marco regulatorio que equipare los estándares de la propaganda en medios tradicionales con las campañas digitales, y esa asimetría está abriendo grietas profundas.
El espacio digital se ha convertido en la plaza pública más influyente, pero sin reglas claras ni árbitros confiables. Algoritmos opacos deciden qué mensajes se amplifican y cuáles se esconden, mientras granjas de cuentas falsas operan desde el anonimato. Se construye así una democracia digital y deliberativa no reglada, donde el que más grita, o el que más paga, tiene más posibilidades de imponer su narrativa. La regulación en este ámbito es compleja: no se trata de censurar ni de restringir la libertad de expresión, sino de exigir transparencia y trazabilidad. Quién paga por un anuncio, a quién se dirige, con qué segmentación y qué resultados obtiene. Esa información debería estar disponible en tiempo real para ciudadanos, periodistas y autoridades. De lo contrario, seguiremos en un terreno fértil para la manipulación.
El resultado es que vivimos en un sistema donde la guerra sucia se normaliza. La oposición la denuncia cada vez que se cuestiona a sus candidatos, el oficialismo la invoca cada vez que se le exige rendir cuentas, y la ciudadanía se mueve entre la sospecha y el desencanto. Mientras tanto, las verdades a medias circulan con la misma fuerza que las mentiras abiertas, y ambas erosionan la confianza. La paradoja es evidente: incluso cuando los procesos electorales son limpios y técnicamente sólidos, la percepción social sigue marcada por la duda. La desinformación no busca convencer del todo, sino instalar la idea de que nada ni nadie es confiable. Y esa erosión de la confianza es el mayor triunfo de la guerra sucia.
La salida no es sencilla, pero comienza por llamar a las cosas por su nombre. Guerra sucia no es exponer un hecho incómodo ni recordar un antecedente que los candidatos preferirían ocultar. Guerra sucia es manipular la información, sea verdadera o falsa, para convertirla en un arma de demolición emocional. La diferencia no es menor, porque de ella depende el equilibrio entre la crítica legítima y la destrucción de la deliberación democrática. La ciudadanía debe asumir su rol crítico, los políticos deben dejar de banalizar el concepto, los periodistas y medios deben reconocer su cuota de responsabilidad y las instituciones deben fortalecer sus capacidades para enfrentar la manipulación digital. No podemos resignarnos a convivir con la mentira como parte natural de la vida y la política. La democracia se sostiene en la verdad completa, no en fragmentos manipulados. La guerra sucia, en cambio, se alimenta del recorte, de la exageración y del rumor. La diferencia es clara: una construye ciudadanía, la otra destruye confianza.
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