El descomunal incendio que devoró cerca de un millón de hectáreas de bosques y pastizales en la Chiquitanía durante tres semanas ha dejado un paisaje dantesco que produce angustia hasta en las personas más indiferentes e insensibles en temas de medio ambiente. Son millones de seres vivos que han sido calcinados entre plantas y animales de diferentes especies, muchos de los cuales se encuentran en peligro de extinción.
Para la gente de Bolivia y el mundo queda claro que la responsabilidad mayor es de quienes en los últimos años aprobaron leyes, decretos y reglamentos. Tales los casos de la Ley 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que otorga un “perdonazo” para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011. Esto a condición de que los beneficiarios restituyan solo el 10% del área afectada. De acuerdo al informe oficial de la ABT, un efecto directo de la Ley fue el constatado incremento de la deforestación en un 200%. En 29 de septiembre de 2015, el Gobierno aprobó la ley 741 de “Autorización de Desmonte hasta 20 Has. para Pequeñas Propiedades o Colectivas para Actividades Colectivas y Pecuarias”. La finalidad de dicha ley es ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria (art.2). Expresamente se autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial – POP o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada.
Finalmente, mediante el Decreto Supremo 3973 de julio del presente año, previa una extensa fundamentación basada en preceptos constitucionales y de derechos humanos, se dispone en un único y breve artículo modificar el D.S. 26065 de febrero de 2001, quedando el nuevo texto como sigue: “Artículo 5.- En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”.
En el texto original, la autorización de desmonte era únicamente para el departamento de Santa Cruz de la Sierra, previa aprobación del Plan de Ordenamiento Predial que debía realizar la Superintendencia Agraria y al Plan de Desmonte aprobado por la Superintendencia Forestal.
Como se puede observar, en el nuevo texto, la medida se extiende al departamento del Beni y se elimina la exigencia de la Aprobación del PLAN DE ORDENAMIENTO PREDIAL, limitándose a la exigencia de cumplimiento de instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social.
Es evidente que el visto bueno para ampliar el efecto de la norma al departamento del Beni tiene que ver con la presión de los productores de coca del trópico de Cochabamba que, ante el deterioro y empobrecimiento de los suelos de la región, requieren tierras para continuar y ampliar sus actividades, aun cuando ya avanzaron inclusive sobre los parques naturales.
Y como quiera que cuando de negocios se trata no hay barreras regionales ni ideológicas que valgan, la necesidad de los cocaleros se junta con la de los agroindustriales de Santa Cruz y los ganaderos del Beni, haciendo posible una santa alianza destinada a conseguir la resolución mencionada y avanzar en la depredación de los bosques, sin importar el efecto que cause sobre el medio ambiente y sus consecuencias sobre la vida, no solo de los habitantes de aquellas zonas, sino de todo el país, así como la flora y la fauna.
Por las circunstancias en las que fueron aprobadas las normas también queda claro que el objetivo del Gobierno es el más mezquino que puede perseguir un político: hacerse con el mayor número de votos que le garanticen el triunfo en elecciones; aunque para lograr tenga que hacer arder el país entero. Sí, el país entero, porque si bien el fuego se halla localizado en Santa Cruz y Beni, seremos todas y todos los habitantes de Bolivia quienes suframos los efectos ambientales, económicos, sociales y políticos.
La miseria ética y política de quienes detentan el poder es tan grande que no les preocupó recibir los reportes sobre el avance del fuego, tal es así que no frenaron sus proclamaciones arrebañando a funcionarios públicos, obligándoles a movilizarse de un departamento a otro para dar una imagen de concentraciones masivas en ciudades como Santa Cruz, La Paz, Potosí, Oruro y fue recién al concluir su plan de proclamaciones que empezaron a prestar atención a las informaciones sobre lo que estaba sucediendo en la Chiquitanía y a escuchar las voces que clamaban auxilio.
Se dice que hasta ahora ya son más de un millón de hectáreas las de bosque y pastizales que fueron devoradas por el fuego y que existe el riesgo evidente de la desaparición de miles de especies vegetales y aunque con una ligereza muy propia del presidente Morales se afirma que no hay por qué preocuparse ya que volverán a crecer, lo evidente es que pasarán unos meses y años para que las y los bolivianos empecemos a sentir los efectos de la criminal quema de los bosques chiquitanos.
Me pregunto si realmente somos conscientes de lo que se viene en un próximo futuro después de la ruptura del equilibrio ecológico provocada por el incendio. ¿Podremos hacer frente a las plagas que se avecinan producto de la angurria de unos y la irresponsabilidad de otros?
Esperemos que la justicia que tan diligentemente procesa al Alcalde de La Paz por supuesto daño ambiental y a la salud pública cuando no existe aún una auditoría que establezca su responsabilidad, también promueva un juicio de responsabilidades contra Juan Evo Morales por atentados contra la madre tierra, incumplimiento de deberes y otros delitos.
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