Bolivia requiere debatir sobre gobernanza ante las dificultades de la gestión pública y la falta de acción de sus ciudadanos.
Vivimos una época de desafíos ante la crisis climática debido al manejo irracional de nuestros recursos y a la constante tensión política, factores a los que se suma el debilitamiento de la estabilidad económica y la calidad de vida de los y las bolivianas.
Ante esa delicada situación urge trabajar más en la gobernanza. La gobernanza se refiere a cómo se toman e implementan decisiones en una sociedad, organización o comunidad. Los procesos de gobernanza son participativos y buscan lograr soluciones consensuadas y sostenibles a problemas complejos. Los actores relevantes (por ejemplo líderes políticos, expertos, grupos de interés y ciudadanos) se involucran en la toma de decisiones eficientes y eficaces y la implementación de políticas y programas sobre temas como la política, la economía, el medio ambiente y el orden social en general.
Mientras que la gobernabilidad se enfoca en el resultado y efectividad del gobierno, la gobernanza se enfoca en el proceso y la colaboración entre los actores.
Fernando Aramayo, especialista de Programas, Políticas Públicas y Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plantea que la pandemia por Covid-19 hizo más visible una institucionalidad no preparada ni apta para direccionar y/o gestionar contingencias o situaciones de emergencia como el coronavirus porque tampoco hubo respuestas rápidas en la toma de decisiones de política pública.
Aramayo sugiere tres ejes para trabajar la gobernanza: 1) innovaciones para la reactivación económica con enfoque de desarrollo sostenible y bioeconomía; 2) diseños institucionales-competenciales y de políticas públicas funcionales al cierre de brechas de desigualdad, de participación ciudadana y de atención efectiva de la demanda social; y 3) diálogo intercultural y fortalecimiento institucional para la prevención y transformación de la conflictividad.
La gobernanza luce como un tema especializado y puede tener muchos ángulos según él ámbito en el que se aplique. A continuación, se describen algunos ejemplos concretos.
La Fundación Internet Bolivia desarrolla acciones para promover la formación de derechos digitales desde la perspectiva de género con funcionarias públicas, mujeres activistas y dirigentes del área rural; del mismo modo, junto a la Asociación Aguayo está promoviendo acciones para fortalecer la inclusión digital y la protección de datos personales en municipios de Bolivia.
Del mismo modo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) planteó un Marco para la Gobernanza Migratoria en alianza con la Dirección Nacional de Migración en 2022. El documento posee 90 indicadores que ayudan a evaluar sus políticas migratorias y contribuyen a definir lo que podría ser una “política migratoria bien gestionada”.
Por otra parte, en mayo de 2017 expertos del Banco Mundial han definido 6 dimensiones básicas para evaluar la gobernanza en Bolivia, ellas son: 1) voz y rendición de cuentas; 2) estabilidad y ausencia de violencia política; 3) calidad regulatoria; 4) efectividad del gobierno; 5) prevalencia del Estado de Derecho y 6) control de la corrupción.
Evaluar cada una de esas dimensiones es complejo, pero no imposible para las universidades, organizaciones no gubernamentales o entidades públicas llamadas a promover la participación.
En el contexto actual, son cada día más frecuentes las experiencias de cibercomunidades y ciberactivistas que están utilizando Internet y las redes sociales para potenciar una ciudadanía activa y la participación política de los jóvenes en defensa del medio ambiente o los derechos de las mujeres a vivir sin violencia. Ese es el escenario de la gobernanza digital.
Según Naser (2021), la gobernanza digital "es la articulación y concreción de políticas de interés público con los diversos actores involucrados (Estado, sociedad civil y sector privado), con la finalidad de alcanzar competencias y cooperación para crear valor público y la optimización de los recursos de los involucrados, mediante el uso de tecnologías digitales”.
Estamos acostumbrados a quejarnos del servicio público —a menudo malo— pero ¿qué estamos haciendo por ejercer el control social de nuestro Estado? Juzgamos a los funcionarios, pero ¿cuán a menudo somos cómplices de la corrupción, el tráfico de influencias o el nepotismo?, ¿con qué frecuencia botamos la basura en las calles o bebemos demasiado y atropellamos a alguien? o ¿cuándo construimos nuestras casas fuera de norma sin cimientos, luego se derrumban y pedimos ayuda? Todas esas situaciones requieren ciudadanos conscientes y respetuosos de las normas.
Se podría demandar más respuestas a la Unidad de Promoción de la Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz —¿estará haciendo algo positivo? — o saber si estará siendo aplicado por maestros y maestras el Cuaderno “Participación ciudadana en la gestión pública” elaborado por la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO) del Ministerio de Educación y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
La gobernanza es un reto de la ciudadanía que requiere de compromiso, formación y liderazgo ético. Sin esos valores no podremos asumir la corresponsabilidad de una democracia fuerte. Cada día es más necesario informarse, empoderarse y promover nuestra participación ciudadana, sólo así avanzaremos hacia la construcción de la gobernanza que depende de todos y todas.
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