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En toda América Latina resurge la preocupación sobre qué tipo de democracias han ido evolucionando en los últimos cuarenta años. ¿Se trata de una democracia con calidad, sin calidad, o, en todo caso, se tiene una ilusión sobredimensionada para satisfacer casi todas las expectativas sociales de la vida diaria? ¿Cuáles son las nuevas amenazas que el populismo del siglo XXI trajo con los llamados liderazgos del giro a la izquierda en Venezuela, Bolivia o Nicaragua? ¿Se trata de un debilitamiento, retroceso o imposibilidad de tener un conjunto de democracias legítimas? ¿Se puede calificar a los gobiernos populistas como regímenes de baja calidad o sistemas semi-autoritarios que llevan a cabo elecciones como si fueran sólo una formalidad para esconder las verdaderas preferencias que favorecen presidencialismos autocráticos?

Estas preguntas plantean diversas respuestas y confirman que varios gobiernos de la región están lejos de impulsar una institucionalidad democrática duradera; es decir, lejos de tener aparatos estatales eficientes, abiertos al escrutinio público y capaces de ser catalizadores del bienestar social. Así destacan algunos casos que se convirtieron en callejones sin salida como la grave descomposición de Venezuela con Nicolás Maduro, los abusos dictatoriales de Daniel Ortega en Nicaragua y un tipo de populismo indianista como el gobierno de Evo Morales en Bolivia, cuyos 14 años de gobierno (2006-2019) terminaron en una profunda crisis de gobernabilidad y su vergonzosa renuncia, el 10 de noviembre de 2019. Morales hizo fracasar las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en su intento por lograr una reelección indefinida, terminando en un escandaloso fraude que también condujo a un agitado debate político al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2019).

El MAS se está hundiendo, así como la retahíla de mentiras que entronizó en el poder. ¿Qué sucedió con las interpelaciones discursivas en Bolivia que enaltecieron las raíces indígenas y cuáles fueron las acciones políticas desarrolladas por Evo Morales y el MAS, que desembocaron en varias contradicciones hasta la caída de Evo en noviembre de 2019? Es relevante analizar cómo un partido clientelar fue capaz de fingir raigambre popular, abandonando súbitamente el poder luego de ganar consecutivamente tres elecciones presidenciales (2005, 2009 y 2014). El MAS corrompió las instituciones electorales y repartió prebendas hasta llevar al Estado a la quiebra.

La decadencia del MAS también mostró una crisis de la estrategia populista que reivindicaba al mundo indígena como la esencia humillada históricamente, en contraposición a las clases medias, los partidos tradicionales de representación política deslegitimada y las élites económicas privilegiadas, calificadas como un eje social racista. Esto generó un divisionismo muy profundo que fue controlado por medio de acciones represivas en contra de la oposición y, simultáneamente, a través del pago sistemático de bonos de carácter social, los mismos que no tuvieron sostenibilidad financiera respaldada en políticas sociales bien diseñadas. Morales y su entorno creyeron que el pueblo necesitaba un efecto demostración de éxito revolucionario con carácter inmediato, aprovechando la inyección de millones de dólares provenientes de la renta petrolera.

Evo Morales ofreció convertirse en el “equilibrio refundacional” del sistema político, desarrollando un estilo de gobierno que llevaba a cabo una constante campaña electoral, con la finalidad de instalar una nueva élite en el poder, instrumentalizando las movilizaciones sociales y el discurso indianista que denunciaba la incompatibilidad entre democracia y neocolonialismo. Falacias que la misma élite política del MAS nunca creyó. Morales, sin embargo, no representó ningún tipo de equilibrio, sino que ahondó la polarización constante al dinamizar una lógica de “camarada versus enemigo”. El indio Morales quiso significar el principio y el fin de la lucha libertaria del pueblo hasta considerarse insustituible. Simultáneamente, el sindicalismo cocalero del cual provenía, impulsó una administración del poder ligada al complejo circuito coca-cocaína, el cual rápidamente corrompió varias instituciones del gobierno. Todas las zonas cocaleras reclaman su propia soberanía política, desafiando tenazmente la legitimidad del Estado. Éste es el verdadero neocolonialismo: los cocaleros manipulando el Estado para beneficiarse astutamente de la desinstitucionalización democrática.

El MAS en el poder apareció como una nueva ideología anti-imperialista y descolonizadora, utilizando al indianismo como “interpelación populista” para reconstruir el orgullo de los indios sojuzgados. Sin embargo, Evo no logró formular políticas públicas bien definidas y fomentó excesivamente el clientelismo estatal, junto con nuevos grupos corporativos de poder como los campesinos cocaleros, mineros cooperativistas y empresarios que buscaron contratos estatales sin ninguna responsabilidad democrática.

En Bolivia, todos los intentos democratizadores desde 1982 siempre estuvieron fuertemente vinculados a diversos conflictos para congregar a un pueblo “sufriente” como sujeto de toda interpelación, junto con instituciones débiles, caudillismos fuertes en las estructuras partidarias y una cultura populista que se vincula con el divisionismo étnico y animadversiones profundas transmitidas por las ideologías indianistas. El resultado inmediato es un sistema político donde se realizan elecciones presidenciales con carácter únicamente formal, para dar paso a distorsiones donde los líderes populistas utilizan el ejercicio del poder como si fuera un cheque en blanco para tomar decisiones que deslegitiman constantemente la democracia.

El populismo indianista en Bolivia, que instalaron el MAS y Evo, no pudo evitar la reproducción constante de clivajes sociales y culturalistas de tipo violento. En 19 años de gobierno, Evo Morales, el MAS y su eslabón más mediocre, Luis Arce, desestabilizaron casi todos los esfuerzos para institucionalizar una democracia de corte inclusivo y racional, especialmente porque fomentaron la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial y el Parlamento, evitando la independencia de poderes y exacerbando los peligros de la penetración del narcotráfico y el corporativismo corrompido en el sistema político.

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