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En la era digital, donde la información se propaga con gran velocidad, la desinformación surge como una de las principales amenazas para las sociedades. Su impacto es tal que no sólo distorsiona la realidad, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y debilita el tejido social.

El derecho a la información veraz está intrínsecamente vinculado a varios derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a la participación política y el derecho a la educación, entre varios otros. La desinformación puede violar estos derechos de múltiples maneras.

Para contrarrestar estos efectos, la educación en estos temas es una herramienta valiosa. Las instituciones educativas, las familias y las comunidades desempeñan un papel central en la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos y bien informados, que sepan discernir entre información veraz y falsa, a cuestionar las fuentes y a verificar los hechos.

El periodismo de calidad es una de las mejores defensas contra la desinformación y es fundamental para la protección de los derechos humanos. Las y los periodistas que investigan rigurosamente y verifican sus fuentes, son esenciales para mantener informada a la población y garantizar el derecho a la información veraz.

Las plataformas digitales como Facebook, Twitter y YouTube son los principales canales por los cuales la desinformación se propaga, a ellas les corresponde una mayor responsabilidad en la lucha contra la desinformación. No se trata sólo de eliminar contenido falso, sino de crear un entorno donde la información veraz sea accesible y predomine. La promoción de contenidos educativos sobre la importancia de la información veraz es otra manera en la que estas plataformas pueden contribuir.

La lucha contra la desinformación requiere una acción colectiva enmarcada en un enfoque de derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad principal de combatir la desinformación, garantizando el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión y expresión, la privacidad y la participación pública. Además, deben desempeñar un papel activo en la mitigación de los daños provocados por la desinformación, mientras abordan las causas subyacentes y las tensiones sociales que permiten su propagación. El objetivo es fomentar el respeto de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Para ser efectivas en la lucha contra la desinformación, las respuestas deben ser multifacéticas y adaptadas a cada contexto, fundamentándose en el respeto al derecho a la libertad de expresión.

La desinformación es una amenaza real y presente que impacta profundamente a nuestras sociedades y vulnera derechos humanos. A través de la educación mediática, la responsabilidad de las plataformas digitales, el apoyo al periodismo de calidad y la acción colectiva, podemos enfrentar este desafío y garantizar el derecho a la información veraz. Sólo así podremos proteger nuestra capacidad colectiva de tomar decisiones informadas y responsables, y mantener la cohesión y la confianza en nuestras sociedades.

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