Espacio cívico, este término se usa cada vez con más frecuencia, pero no siempre tenemos claridad respecto a lo que implica.
El espacio cívico es un entorno que propicia que la ciudadanía se organice, manifieste la disidencia y exprese sus opiniones de manera libre[1]. Está conformado por tres derechos fundamentales[2]:
- Libertad de asociación: el derecho a formar o participar en una organización o grupo de la sociedad civil, incluyendo la posibilidad de acceder a financiamiento nacional e internacional.
- Libertad de reunión pacífica: el derecho a ejercer de forma legítima el disenso a través de la celebración de manifestaciones, protestas y reuniones para promover asuntos de interés público.
- Libertad de expresión: el derecho a difundir y expresar ideas y opiniones por todos los medios posibles y sin considerar fronteras.
Un espacio cívico abierto, libre y seguro es la base de una sociedad democrática en la que todas las personas pueden participar de manera activa y efectiva; ello implica que puedan ser escuchadas y se sientan seguras para expresar sus opiniones y demandas sin temor a represalias.
Desde esa perspectiva, la igualdad y la no discriminación son temas transversales para conseguir un espacio cívico abierto, a su vez, debe facilitarse la participación ciudadana y de las partes interesadas a través de la protección de las libertades civiles.
Otro aspecto fundamental para promover el espacio cívico consiste en proteger y promover el derecho de acceso a la información. La transparencia es un elemento fundamental para la democracia y la base de un gobierno abierto, bajo los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas. Los estados deben tener a disposición de la ciudadanía datos e información oportuna, fiable y relevante. Esto promueve la responsabilidad gubernamental; combate la corrupción y la desinformación; fortalece la libertad de expresión; apoya la libertad de prensa; y facilita un ambiente propicio para la sociedad civil.
Resulta también fundamental la protección a la libertad de prensa, ello permite el acceso a diversas fuentes de información y a debates informados, de lo contrario, las restricciones a los medios de comunicación, la concentración de los medios y los monopolios obstaculizan el debate equilibrado y multifacético sobre asuntos de interés público, contribuyen a la polarización e impiden la transparencia y la responsabilidad.
Por otro lado, debe fomentarse un ambiente propicio para que la sociedad civil organizada pueda funcionar, desarrollarse y participar y operar de manera libre y autónoma. Ello implica contar con un marco normativo que proteja la libertad de asociación, garantizar procedimientos de registro transparentes, claros, simples y oportunos para las organizaciones de la sociedad civil, permitir el acceso al financiamiento como sustento para las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, debe protegerse a las y los defensores de derechos humanos, reconociendo que desempeñan un papel esencial en la promoción y la protección de los derechos humanos y en llamar la atención pública sobre las violaciones cuando ocurren. Esto las y los expone a persecución, amenazas, criminalización, discriminación, ataques, etc, ante esto, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de protección especiales.
En el caso de Bolivia, de acuerdo al monitoreo que realiza CIVICUS[3] sobre el espacio cívico con base en cinco categorías (abierto, estrechado, obstruido, reprimido y cerrado), para el año 2021 se encontró en la categoría de “obstruido”[4]. De acuerdo a este reporte, el cierre de los espacios de la sociedad civil en varios países va en aumento, ello apunta a las crecientes amenazas contra las libertades fundamentales y los derechos políticos.
Los Estados tienen la obligación de defender el marco internacional de derechos humanos para garantizar el espacio cívico. Desde la Relatoría Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos se ha instado a los Estados a adoptar un triple enfoque: a) abstenerse de violar los derechos, b) intervenir para proteger los derechos de las y los defensores y de la sociedad civil y c) crear un entorno propicio para que las y los defensores y la sociedad civil lleven a cabo sus actividades sin restricciones.
Como vemos, el espacio cívico no es una categoría meramente teórica, involucra la acción movilizada de redes, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, grupos informales y la ciudadanía en general que busca mejorar su calidad de vida y la de su entorno. En contrapartida, el Estado debe implementar políticas que garanticen la participación ciudadana efectiva, así como los derechos a libertad de asociación, reunión y expresión.
[1] Alternativas y Capacidades, A.C., Guía para la Defensa del Espacio Cívico. Narrativas y Datos para el Cambio Social, 2020, pág. 6
[2] CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, ¿Qué es el espacio cívico?, 2020
[3] Alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo.
[4] https://findings2021.monitor.civicus.org/
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