El 10 de diciembre marca una fecha trascendental: el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un hito que reconoció la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Sin embargo, a pesar de los avances normativos y sociales en muchas partes del mundo, los derechos humanos enfrentan amenazas constantes, especialmente en contextos donde la democracia muestra signos de deterioro. Es ahí que el desafío es garantizar que ambos pilares, la democracia y los derechos humanos, se sostengan mutuamente frente a las tensiones y vulneraciones que comprometen su estabilidad.
La democracia y los derechos humanos no pueden separarse. Mientras una democracia robusta proporciona el marco institucional para garantizar los derechos fundamentales, los derechos humanos sirven como brújula ética para guiar las decisiones políticas. Cuando uno de estos pilares falla, el otro se ve inevitablemente comprometido. Bolivia, al igual que otros países, ofrece un ejemplo claro de cómo esta relación puede tensarse, dejando a millones de ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Este artículo explora cómo derechos humanos y democracia son, en efecto, dos pilares fundamentales para la sociedad.
La democracia es mucho más que elecciones periódicas. Un sistema democrático funcional asegura que cada persona pueda vivir libre de miedo y necesidad, principios que son el núcleo de los derechos humanos. Esto implica construir un estado de derecho fuerte, garantizar la separación de poderes y asegurar el acceso igualitario a la justicia.
En Bolivia, la Constitución Política del Estado (CPE) es una de las más avanzadas en cuanto a reconocimiento de derechos, integrando perspectivas interculturales y de inclusión social. Por ejemplo, el artículo 21 de la CPE establece derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de acceso a la información. Sin embargo, la distancia entre el texto constitucional y la realidad es evidente. Instituciones debilitadas, procesos judiciales politizados y la concentración de poder en manos del Ejecutivo a través de un Tribunal Constitucional ilegal e ilegítimo, erosionan la capacidad del Estado para garantizar estos derechos.
Casos recientes en América Latina muestran cómo los sistemas democráticos pueden ser vehículos efectivos para garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, el proceso de paz en Colombia, respaldado por la comunidad internacional, estableció una Comisión de la Verdad para abordar décadas de violencia. Este tipo de medidas, surgidas de contextos democráticos, buscan cerrar brechas históricas de desigualdad y justicia. Bolivia debe aspirar a este tipo de transformaciones estructurales, fortaleciendo la democracia como garante de derechos.
La vulneración sistemática de los derechos humanos es uno de los primeros síntomas del debilitamiento de la democracia. Esto no sólo ocurre en regímenes autoritarios, sino también en democracias que sufren retrocesos institucionales. La falta de acceso a la justicia, la persecución de voces críticas y la discriminación estructural son señales claras de que los derechos humanos están en riesgo.
En Bolivia, la represión de protestas sociales y la criminalización de la disidencia política han sido denunciadas por organizaciones internacionales. Estas prácticas no sólo afectan a las personas directamente involucradas, sino que generan un ambiente de miedo y autocensura que compromete el ejercicio pleno de derechos fundamentales. Por ejemplo, las restricciones a la libertad de prensa o la judicialización de periodistas críticos reflejan un deterioro de las garantías democráticas básicas.
Además, el acceso desigual a los derechos económicos, sociales y culturales agrava la situación. En muchas comunidades rurales e indígenas, la falta de servicios básicos como agua potable, salud y educación perpetúa ciclos de pobreza y exclusión. Cuando el Estado no responde a estas demandas, no sólo vulnera derechos humanos, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas.
En contextos de crisis, la sociedad civil emerge como un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. En Bolivia, este rol ha sido particularmente crítico tras los hechos de violencia ocurridos en el contexto poselectoral de 2019. El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), publicado en 2021, reveló violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales.
El informe señala de manera inequívoca las responsabilidades del Estado en estos actos, destacando la falta de independencia de las instituciones judiciales y su incapacidad para garantizar justicia. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las recomendaciones del GIEI, los avances en la judicialización de los responsables han sido limitados. Muchas de las víctimas y sus familiares siguen enfrentándose a un sistema judicial que, lejos de ofrecerles resarcimiento y justicia, perpetúa la impunidad.
La falta de seguimiento efectivo a las recomendaciones del GIEI refleja una falla no sólo institucional, sino también democrática. En una sociedad donde las víctimas no son escuchadas y los responsables no rinden cuentas, la democracia se ve debilitada. Más allá de los informes, es imperativo que el Estado boliviano tome medidas concretas para reparar estas violaciones y garantizar que no se repitan. En este sentido, la sociedad civil tiene un papel crucial: recordar constantemente al Estado sus responsabilidades y mantener viva la memoria de quienes sufrieron estos abusos.
Democracia y derechos humanos son pilares fundamentales para la construcción de sociedades justas y equitativas. Aunque pueden existir por separado, su interdependencia es clave para que alcancen su máximo potencial. Una democracia puede funcionar formalmente, con elecciones periódicas, sin garantizar plenamente los derechos humanos; de igual manera, ciertos regímenes autoritarios pueden respetar algunos derechos específicos sin ser democráticos. Sin embargo, es en su mutuo fortalecimiento donde encuentran su verdadera esencia. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, es crucial recordar que garantizar estos derechos no es sólo responsabilidad del Estado, sino un compromiso colectivo. Bolivia tiene ante sí el desafío de consolidar su sistema democrático y, con ello, transformar los derechos humanos en una realidad tangible para todas y todos, sin distinción.
Construir una sociedad donde ambos pilares se refuercen mutuamente no es una tarea sencilla, pero sí necesaria. Es hora de que los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil trabajen juntos para que los derechos humanos dejen de ser sólo una promesa y se conviertan en la base de un futuro más justo y democrático.
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