Hace unas semanas, a iniciativa de un grupo de juristas independientes, se inició a nivel nacional la recolección de firmas para llevar adelante una reforma judicial a través de referendo.
Desde el momento en que se hizo pública esta convocatoria y se instalaron mesas con este propósito en distintos puntos del país, hemos escuchado diversas opiniones, unas a favor y otras en contra, provocando duda, incertidumbre e incluso miedo en las y los ciudadanos, que no saben si sumarse a esta iniciativa o no hacerlo porque podría ocasionarles algún perjuicio o represalia.
Revisando las noticias se deduce que el gobierno no está a favor de realizar la reforma judicial por esta vía. Son varias las autoridades del oficialismo que se han pronunciado al respecto, unas arguyendo aspectos técnicos que han sido fácilmente rebatidos por los proponentes de la misma y otras que, al no contar con argumentos valederos (técnicos), se limitaron a desear las mayores desgracias al grupo de profesionales que impulsan esta acción.
Por otra parte, están los pronunciamientos y apoyos a esta propuesta, como los de la Iglesia Católica y Unitas, instituciones que han asumido una postura concreta con relación a la urgente necesidad de salir de la crisis profunda en la que se encuentra la justicia en nuestro país y, en consecuencia, han facilitado la instalación de mesas para la recolección de firmas. En este grupo a favor, no podemos dejar de mencionar a todas las personas (en particular mujeres), que se han organizado para el llenado de los libros y a quienes han acudido a estos puntos de manera voluntaria y ordenada.
Ante estas posturas, la ciudadanía que acude a las mesas para apoyar con su firma la realización de un referéndum entiende que su decisión no implica estar en contra o a favor del gobierno, de una determinada autoridad o de un grupo de abogados, sino de ejercer un derecho y un deber ciudadano que aporta al fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
De acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes, el referendo es un mecanismo de participación que permite a las y los ciudadanos expresar, a través del voto, su criterio sobre normas, políticas o decisiones de interés público. La convocatoria a un referendo puede ser realizada por una instancia estatal o por la ciudadanía organizada previo cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos en la norma. Así también, de acuerdo a las disposiciones legales sobre el particular se tiene que las decisiones que se obtienen mediante este mecanismo son de carácter vinculante, de aplicación inmediata y obligatoria. Sin duda, el referendo se constituye en un instrumento clave para promover y garantizar la democracia participativa.
En este caso concreto para que se realice el referendo sobre la reforma judicial es necesario que la propuesta cuente con el apoyo, mediante firma y huella dactilar, del 20% del padrón electoral, por lo que si este porcentaje de la ciudadanía habilitada para votar no acude a firmar los libros autorizados por el órgano electoral, expresando su apoyo a esta iniciativa, la misma no se realizará y posiblemente seguiremos esperando que nuestro sistema judicial cambie o deseando nunca tener que acudir ante él para solucionar algún problema.
De acuerdo a las noticias, un buen porcentaje de la población ha ido a ejercer este derecho y deber ciudadano. Cada día se conoce de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que se suman a esta iniciativa y, en consecuencia, están promoviendo que la población se involucre de manera responsable y consciente en un asunto de interés público que afecta a todos, como lo es la administración de justicia.
Como “buenos ciudadanos”, cuando tenemos un problema con la administración pública nos lamentamos de que no existen instancias o mecanismos de participación para cambiar o solucionar esa situación, nos quejamos de que los políticos sólo nos buscan por nuestro voto en época electoral o protestamos porque las personas que hemos elegido para que nos representen no cumplen a cabalidad con su mandato. Bueno, con esta iniciativa tenemos la posibilidad de hacer conocer nuestro parecer, de involucrarnos en los temas que nos afectan y sobre todo de mantener firme nuestra convicción democrática.
La recolección de firmas sigue avanzando, en todo el país hay mesas habilitadas para el efecto, sólo hace falta que la población se informe para disipar sus dudas, asuma responsabilidad por el bien común, se involucre y participe para fortalecer el sistema democrático y finalmente no permita que el miedo la paralice porque al no ejercer un derecho, lo está perdiendo.
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