No hay democracia política sin comunicación democrática y viceversa. La comunicación y la cultura son espacios de participación y de negociación de nuevos consensos sociales y políticos. El deber ser de la comunicación política no es la búsqueda de consensos, sino la posibilidad de generar espacios para la deliberación y la creación y consolidación de cultura política. Al decir de Martín-Barbero: “hay democracia en la medida en que no sólo la gente se informa, sino que sea capaz de contrainformar, de debatir y de que su palabra también sea pública” (Martín-Barbero en Botero, 2006, p. 20).
“Sin democratización de la comunicación, no hay democracia” fue una proclama en varios países de Latinoamérica a inicios de los ’80, en particular en aquellos que emergían luego de dictaduras militares. La vitalidad de la democracia depende de la participación ciudadana, para lo cual resulta fundamental que los diversos sectores ciudadanos estén debidamente informados y puedan expresar sus particulares puntos de vista al conjunto de la sociedad, condición que solamente puede garantizarse con la democratización de la comunicación (Agencia Latinoamericana de Información –ALAI, 2007, 15 de noviembre).
Es necesario profundizar este abordaje, por ello es ineludible hablar de los derechos humanos que garantizan la democratización de la comunicación: el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
El derecho a la comunicación articula y engloba al conjunto de los otros derechos relativos, como son el acceso a la información, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de difusión. En algunos países comienza a legislarse sobre el acceso libre y gratuito a la banda ancha, como componente fundamental del derecho a la comunicación.
Dominique Wolton y Gumucio Dagron afirman que la información es el mensaje, mientras que la comunicación es la relación, algo mucho más complejo. Si bien la información es parte indisociable de la comunicación, la comunicación es más compleja porque nos remite a las relaciones humanas (Gumucio, 2012, p. 12). Bajo la perspectiva de Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva (2015) “el derecho a la información es garantía a atraerse a información, a informar y ser informado”.
No obstante, ambos derechos humanos son poco conocidos por los y las ciudadanas, a pesar de su relevancia para promover la participación y el ejercicio de otros derechos humanos.
A esa situación de vulnerabilidad se ha sumado la reconfiguración del escenario mediático boliviano a partir de la migración del periodismo tradicional al periodismo digital y multimedia; hoy en día los medios digitales compiten por la publicidad y compiten con los bulos en redes sociales.
Es por ello que va cobrando fuerza la demanda de un amplio debate público sobre el rol de los medios en las sociedades democráticas contemporáneas, el sistema de propiedad, el carácter de los medios públicos, la libertad de expresión, etc.).
El contenido que se produce y circula en el nuevo ecosistema digital ya no lo elaboran sólo los periodistas o las fuentes oficiales a través de los medios, sino los ciudadanos desde sus cuentas de redes sociales. Los medios en Bolivia y el mundo han perdido el control de la producción informativa y varios de los más grandes han sido cerrados por falta de recursos.
A ese panorama se le ha sumado el de la desinformación emergió como un fenómeno viralizado, aunque no nuevo en el ámbito político, que propagó datos, mensajes e información errónea, manipulada y tergiversada sobre distinto tipo de hechos y coyunturas.
La crisis política y social de octubre y noviembre de 2019 desató una nueva dinámica de desinformación y odio en redes sociales, que trascendió las esferas mediáticas para llegar a las esferas barriales e interpersonales. Ese contexto polarizado políticamente se produjo mucha desinformación que fue compartida entre quienes apoyaban a Morales, la oposición y los jóvenes “pititas”; por ello, surgieron dos plataformas de fact-checking (chequeo de datos) ChequeaBolivia y Bolivia Verifica que iniciaron una intensa labor para identificar e informar sobre las noticias falsas.
El libro "Combatir la infodemia en América Latina y el Caribe: desinformación y fact-checking durante la pandemia” (UNESCO, 2020) describe la desinformación como un problema global anterior a la pandemia y presenta una clasificación de los 7 pasos que propician la desinformación: sátira o parodia, contenido engañoso, impostor, fabricado, conexión falsa, contexto falso y contenido manipulado (Unesco, 2020).
En 2019, la desinformación fue impulsada por militantes de partidos políticos, activistas y consultoras contratadas, como también campañas de ciudadanos preocupados por su propia seguridad. Más adelante, durante la cuarentena por COVID-19 el 2020, la desinformación confundió y atemorizó a la población sobre las consecuencias del virus, las formas de contagio y su letalidad. Finalmente, en 2023, los incendios forestales y focos de calor se incrementaron causando graves problemas de contaminación al medio ambiente y a la salud pública de la ciudadanía en varias regiones del país, sobre todo en Santa Cruz y en las comunidades más afectadas como Rurrenabaque, en el departamento de Beni, y San Buenaventura, en La Paz.
Por tanto, la propagación de noticias falsas en línea puede tener consecuencias graves para nuestra salud mental y emocional, incluso afecta nuestra vida cotidiana. Esa situación agrava la vulneración del derecho a la comunicación y del derecho a la información de cada uno de nosotros y deteriora nuestra democracia.
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