Primera Parte/
El Comité de los Derechos del Niño, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, examinó en sus reuniones 2676 y 2678, celebradas los días 19 y 20 de enero de 2023, los informes periódicos quinto y sexto combinados de Bolivia[1].
Desde lo positivo, el Comité valoró las diversas medidas legislativas, institucionales y políticas, adoptadas en los últimos años, asimismo, resaltó la implementación del Plan de Desarrollo Multisectorial para el Vivir Bien de la Niñez y Adolescencia 2021-2025.
Por otro lado, destacó las medidas para luchar contra la mortalidad infantil y en la niñez, igualmente, destacó el sistema de justicia penal separado y especializado para adolescentes establecido por el Código Niña, Niño, Adolescente, la reducción en la tasa de uso de las órdenes de detención en adolescentes.
Respecto a los ámbitos a mejorar, el Comité mostró especial preocupación por la violencia contra niñas y niños, explotación sexual, niñas y niños privados de un entorno familiar, niñas y niños con discapacidad, nivel de vida adecuado y administración de justicia de adolescentes.
En sus observaciones finales, el Comité llama la atención respecto a la alta y creciente prevalencia de diferentes formas de violencia contra las niñas y su manifestación en infanticidios y violencia sexual, además de los altos niveles de violencia física y psicológica en las escuelas.
En ese sentido, se observa que la definición legal de violación no aborda la falta de consentimiento, los problemas de acceso a la justicia, demoras en el proceso e impunidad que enfrentan niños víctimas de violencia sexual y los desafíos que enfrentan los niños y las niñas para denunciar la violencia.
En ese contexto, le recomienda al Estado adoptar medidas para la plena aplicación de la Ley N° 348 y llevar a cabo programas, protocolos y acciones para combatir el infanticidio, el feminicidio y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes y combatir la violencia sexual, poniendo énfasis también en las escuelas.
En lo normativo, le recomienda al Estado que la definición legal de violación cumpla con los estándares de derechos humanos, derogue el delito de estupro, y tome en cuenta las relaciones de poder al considerar el consentimiento. Por otro lado, el Estado debe garantizar que se cumpla la Ley de Deslinde Jurisdiccional y que no se utilice la conciliación sin tener en cuenta la situación real de la víctima.
En lo que respecta a hijas e hijos de padres y madres encarcelados, el Comité le recomienda al Estado que adopte medidas para remediar las condiciones a las que son sometidos estos niños y niñas, lo que incluye acceso a agua potable de buena calidad, pediatras, necesidades básicas, socialización y rutina adaptada, el desarrollo de un sistema de penas alternativas a prisión por este tipo de situaciones y la aplicación del indulto anunciado por el Estado que beneficiaría a las madres.
En lo que se refiere a niños y niñas privados de un entorno familiar, a pesar de que en Bolivia el acogimiento residencial debería utilizarse como último recurso, el Comité mostró su profunda preocupación por el alto porcentaje (80%) de niños en acogimiento institucional que tienen una familia identificada. Por lo que instó al Estado parte dotar de recursos humanos y financieros adecuados a los servicios sociales y de protección, igualmente, Bolivia debería poner en marcha medidas para eliminar la institucionalización y trabajar con las familias en riesgo para prevenir que los niños con las familias extendidas se vean privadas de su entorno familiar.
El derecho a la educación plantea innumerables desafíos. Desde Naciones Unidas se releva su reconocimiento en la CPE, la Ley Nro. 070 y sus avances en lo que respecta a gratuidad de la educación en todos los niveles, se considera también un avance el aumento del gasto público en educación, y el Reglamento N° 1/2022, que facilita el acceso de los niños migrantes a la escuela durante todo el año.
No obstante, aún le queda pendiente al Estado emprender esfuerzos para abordar las deficiencias en los resultados del aprendizaje de niñas y niños a causa de la pandemia. Esto implicará asumir también mecanismos de contingencia ante suspensión forzosa de clases debido, por ejemplo, a protestas sociales. También es necesario abordar la brecha educativa que afecta a las y los niños indígenas que viven en zonas rurales; apuntar a reducir las altas tasas de deserción; proporcionar una formación de calidad a las y los docentes. El Comité pide al Estado actualizar los planes de estudios para que respondan a un entorno que cambia rápidamente.
[1] Bolivia es parte de la Convención sobre Derechos del Niño desde 1990, comprometiéndose, como todos los Estados, a entregar informes periódicamente sobre las medidas que haya adoptado. El último informe que entregó Bolivia al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas data de 2009 y debía presentar otros dos reportes actualizados hasta septiembre de 2015.
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