En momentos de crisis el verdadero rostro de un país y sus instituciones queda al descubierto. Bolivia se enfrenta hoy a una crisis institucional sin precedentes. La auto prórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial no es sólo un síntoma de deterioro, sino una señal alarmante de que la justicia en el país está siendo manipulada por intereses particulares. Estos actos han socavado la confianza pública en el sistema judicial, ya debilitado por años de interferencias políticas y falta de reformas sustanciales. En este contexto, la defensa del Estado de Derecho se convierte en una tarea urgente y crucial.
El sistema de justicia es el pilar que sostiene cualquier sociedad que aspira a ser equitativa y justa. Su independencia es esencial para garantizar que todas y todos, sin excepción, estén sujetos a la ley y que los derechos fundamentales sean protegidos. Sin embargo, en Bolivia, esta estructura ha sido sistemáticamente erosionada. La crisis institucional se manifiesta en decisiones que desafían los principios básicos de la democracia, comprometiendo la legitimidad de nuestras instituciones más importantes.
El Estudio Delphi, realizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en julio de 2024, que contó con la participación de 126 actores políticos, analistas, periodistas y especialistas, revela una percepción alarmante: el 83,3% de los encuestados considera que el país va por mal camino, y un 77% muestra baja o muy baja confianza en el Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial. Comparado con años anteriores, donde la desconfianza en estas instituciones ya era elevada, el incremento es un indicativo de que el deterioro institucional está alcanzando un punto crítico. Esta falta de confianza no sólo refleja una crisis profunda, sino que también pone en peligro la estabilidad del país, ya que un sistema judicial desacreditado es incapaz de garantizar la justicia o de actuar como un contrapeso efectivo frente a los abusos de poder.
La baja confianza en el Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial implica que las y los ciudadanos ven a estas instituciones no como defensoras de sus derechos, sino como herramientas al servicio de intereses políticos. Esto debilita la capacidad del Estado para mantener el orden y la legalidad, generando un clima de incertidumbre y desconfianza que amenaza con escalar en conflictividad social.
La historia reciente en nuestra región muestra con claridad cómo la movilización ciudadana tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando el pueblo se une en defensa de sus derechos, puede desafiar y transformar las estructuras de poder establecidas, abriendo paso a cambios profundos y significativos. Estos movimientos nos recuerdan que la ciudadanía, cuando se organiza y actúa con determinación, tiene la capacidad de reconfigurar su realidad, promoviendo la justicia y fortaleciendo la institucionalidad democrática.
Concretamente, la ciudadanía puede involucrarse de varias maneras. Participar en protestas pacíficas, exigir transparencia a través de peticiones formales, y unirse a movimientos ciudadanos que promuevan la independencia judicial son formas efectivas de incidir en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Además, es crucial fomentar espacios de debate y reflexión donde se discutan estos temas, tanto en comunidades locales como en plataformas digitales. Estos espacios permiten que se escuchen diversas voces y que se construya un consenso sobre las acciones necesarias para defender nuestra democracia.
Es aquí donde la ciudadanía debe convertirse en la verdadera guardiana de la institucionalidad. La movilización social no sólo es un derecho, sino una obligación en momentos de crisis. Necesitamos mantenernos vigilantes, generando espacios donde se discuta y se exija el respeto a la ley, donde se defienda la independencia de las instituciones y se denuncien las irregularidades. La apatía y la indiferencia no son opciones; son, en realidad, las peores enemigas de la justicia y la democracia. Permitir que la indiferencia se apodere de nosotros es entregar, en bandeja de plata, la victoria a quienes desean perpetuar la injusticia.
Bolivia no puede ser la excepción en la historia de las transformaciones impulsadas por su gente. Este es un llamado a todas y todos aquellos que creen en una sociedad donde los derechos humanos sean respetados y donde la justicia sea realmente ciega, imparcial y al servicio de todos, no sólo de unos pocos. La responsabilidad recae en cada una y uno de nosotros. No podemos esperar que otros hagan lo que nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el futuro de nuestro país.
El camino hacia la recuperación de la institucionalidad democrática no es fácil, pero es posible. Depende de nuestra capacidad para exigir un sistema democrático fuerte, justo e independiente. Hoy más que nunca, debemos estar vigilantes, unidos y firmes en la defensa de la justicia y la legalidad. Es nuestra obligación como ciudadanía y como guardianas y guardianes del Estado de Derecho. Sólo así podremos asegurar un futuro donde la dignidad humana sea realmente protegida y donde las instituciones sirvan al pueblo, como debe ser.
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La Dirección de Guardiana le da la bienvenida a Fernando Antonio Ávila Mercado, abogado en derecho constitucional con más de 20 años de experiencia, comprometido con la defensa de los derechos fundamentales y la mejora de las instituciones democráticas. A lo largo de su carrera, ha trabajado en posiciones clave tanto en el sector público como en el privado, donde ha contribuido a fortalecer el marco legal y político de Bolivia.
Egresado de la Universidad Católica Boliviana, Fernando ha ocupado roles significativos como Asesor General del Ministerio de Autonomías y Director Nacional Jurídico del Tribunal Supremo Electoral. Su experiencia también se extiende al ámbito internacional, donde ha asesorado en temas electorales a organizaciones como IDEA Internacional y el PNUD. Además, es un apasionado por la educación, impartiendo conocimientos y mentoría a futuros profesionales del derecho en universidades de prestigio.
En su columna "VenSERemos", Fernando explora con profundidad los desafíos legales y constitucionales que enfrenta nuestra sociedad, buscando siempre una mirada crítica y constructiva que impulse el respeto a los derechos y la justicia.
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