No obstante la existencia de leyes para prevenir y combatir la violencia machista, las cifras de feminicidios no paran, al contrario, cuanto más se endurecen las penas por delitos que constituyen violencia contra las mujeres por su condición de género, el número de víctimas crece de una manera espantosa. Al parecer, la idea de que la sanción penal tendría un efecto disuasivo sobre los potenciales agresores queda desechada, la cruel realidad así lo muestra.
Como casi todas las leyes que se promulgan en el país, la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia no ha tenido hasta la fecha el efecto que se esperaba, pues no ha existido voluntad política de los gobernantes para promover su aplicación integral, muy especialmente en los aspectos referidos a la prevención y la persecución penal. Tan cierto es esto que los llamados realizados desde las organizaciones de la sociedad civil para que las mujeres en situación de violencia no callen, que denuncien ante las autoridades los episodios que viven sea en el hogar, el trabajo, la calle o cualquier espacio donde se produzca, han motivado que cada vez sean más las mujeres que se animan a romper el silencio, pero lo que encuentran en el camino es una maquinaria insensible y pesada, incapaz de responder con la debida diligencia los requerimientos de justicia pronta y oportuna de las mujeres.
La insuficiencia de policías expertos en investigación, fiscales, jueces, peritos y otros, sumada, en muchos casos, a la escasa o ninguna formación del personal encargado de conocer las denuncias sobre los temas de violencia machista, sus formas de expresión, los efectos sobre las víctimas, los mitos, el costo económico y los riesgos que supone para la vida y la seguridad de las mujeres, tienen el efecto perverso de desanimar la prosecución de la denuncia.
Este panorama, que no es ajeno al conocimiento de la población, no ha merecido la atención de las autoridades responsables de garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia como determina la Constitución Política del Estado. No se han asignado presupuestos ni tan siquiera cercanos a los necesarios para que las instituciones encargadas del diseño y aplicación de políticas de prevención planifiquen y ejecuten programas orientados a promover relaciones enmarcadas en el respeto a la integridad y la dignidad de las mujeres, independiente de su edad o condición social.
Apenas iniciado el octavo mes del año, ya son 80 las víctimas mortales de la misoginia que campea envalentonada en el país y las respuestas que desde el Órgano Ejecutivo se tienen no pasan de ser un listado de propósitos, colocándose en el papel de entidad carente de poder recursos para, con firmeza y determinación, encarar un problema que genera temor e inseguridad en más del cincuenta por ciento de la población que constituyen las mujeres.
Pero, lo peor es que con el propósito indisimulado de eludir responsabilidades y aprovechar electoralmente la indignación generalizada que provocan los feminicidios, las altas autoridades del Estado, sin escrúpulo alguno, convocan a las organizaciones de mujeres y movilizan a la burocracia estatal para marchar pidiendo justicia para las víctimas y el cese de la violencia machista, ubicándose el mismísimo Presidente a la cabeza de la columna como si existiera otra instancia superior a la cual interpelar para que cumpla con sus obligaciones de garantizar la seguridad de las personas estantes y habitantes de Bolivia.
Esta actitud asumida por su excelencia don Juan Evo Morales, por donde se mire, no pasa de ser una burla cruel para las víctimas, porque con esa actitud, el mensaje que da a ellas, a la población femenina y a toda la sociedad, es “no hay nada que hacer, no puedo resolver los problemas que afectan a las mujeres, ya promulgué las leyes y, que no se cumplan, no es de mi incumbencia, porque yo, al igual que ustedes, me encuentro en estado de indefensión”.
Ante un espectáculo grotesco como el que presenciamos firmando públicamente compromisos con organizaciones femeninas sumisas y funcionales al oficialismo, entre otras, no nos queda duda sobre el propósito gubernamental de descargar su responsabilidad sobre cualquier institución privada u organización social; pero no tomar las decisiones que por ley le corresponden.
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