Guardiana (Bolivia), foto del Atlas Amazonía Bajo Presión
Jueves 17 de diciembre de 2020.- La deforestación y los incendios forestales en la Amazonía pueden cambiar la dinámica del bosque y alterar el ciclo del agua, con consecuencias aún no previsibles; pero que ya se pueden percibir en la sequía que actualmente afecta a grandes poblaciones de la región.
La información hace prever que se alterará la floración del bosque, la época de los frutos, la migración de las aves, la temporada de lluvias y la vivacidad de las vertientes. La sequía es un impacto que actualmente viven las poblaciones de la Chiquitanía y del norte de Santa Cruz.
“Y esto afecta a las áreas indígenas que viven de los frutos del bosque y aprovechan esos recursos. Los impactos son innumerables, los investigadores estamos un poco cortos en medir exactamente todos los impactos”, dice la investigadora Marlene Quitanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento en Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Bolivia, país amazónico
En términos de población, 8,2 millones de personas en Bolivia viven en la zona amazónica, según la FAN, y se pueden contar 32 pueblos indígenas directamente relacionados a sus distintos paisajes y bosques. Aunque parezca sorprendente a los propios bolivianos, el 75% de Bolivia es territorio amazónico.
En general, la deforestación y los incendios forestales presionan implacablemente al bosque amazónico, pero a estos fenómenos se suman la minería ilegal (en Bolivia junto a la minería legal en los Andes), las hidroeléctricas, el cambio de uso de suelo y la infraestructura de carreteras que, en conjunto, avanzan cada vez más sobre territorio amazónico.
Toda esta información está consignada en el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, elaborado por la FAN en colaboración con otras cuatro instituciones de la sociedad civil de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, unidas en la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Si bien el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020 expresa y cuantifica esos impactos por países, Quitanilla explica que la región amazónica es un todo integrado.
Todo empieza con nuevos asentamientos
El patrón de la presión a la región amazónica sigue los siguientes pasos: primero el cambio de uso de suelo, seguido de la deforestación y su dinámica, para derivar en el cambio de las tendencias climáticas actuales y futuras.
Dentro del cambio de uso de suelo están, a la vez, el asentamiento de nuevos centros poblados y la construcción de infraestructura (hidroeléctricas, carreteras), la otorgación de derechos forestales y mineros, las quemas e incendios forestales, la deforestación y el uso agropecuario.
Quitanilla explica que en los últimos 18 años se ha eliminado de la Amazonía una cantidad equiparable a España. Bolivia tiene el 8% de toda la Amazonía, y en ese porcentaje se han perdido una extensión equiparable a 200 mil hectáreas cada año.
Las cifras del impacto ambiental
Las cifras para mostrar esa primera etapa del cambio de uso de suelo son alarmantes. En toda la Amazonía existen 350 hidroeléctricas y 483 en planificación. Marlene Quitanilla explica que, si todo esto se concreta, los sistemas hidrológicos estarán más presionados y los pueblos indígenas afectados en su reproducción diaria porque, en Brasil, se ha cortado su acceso al agua y la pesca.
En Bolivia se cuenta con 15 hidroeléctricas operando y 18 planificadas, muchas de ellas en territorios indígenas. En hidrocarburos, la actividad impacta varios acuíferos que están en áreas protegidas y territorios indígenas.
En la minería ilegal, en toda la Amazonía hay 4.472 puntos de actividad ilícita con Venezuela como el país más afectado. En Bolivia, donde está la cabecera de la cuenca en los Andes, la actividad ilícita está vinculada en su impacto a la actividad legal. Hay más de 1.800 áreas mineras legales, muchas concentradas en La Paz y Santa Cruz.
Además de todo esto, Quitanilla dice que los incendios son un detonante. En 2019 fueron afectadas 17 millones de hectáreas en toda la Amazonía, el 19% en Bolivia.
En conclusión, el Atlas Amazonía Bajo Presión demuestra que en la última década ha habido un ritmo acelerado de crecimiento de las presiones y amenazas a la región, así como la expresión de consecuencias y síntomas que se encuentra, en menor medida, en las áreas protegidas y habitadas por los pueblos indígenas.
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