Por Guardiana (Bolivia) y foto del Observatorio Chiquitano
Viernes 18 de diciembre de 2020- No tienen todas las respuestas, pero están seguras de que Bolivia no puede seguir viviendo con el mismo modelo de desarrollo que no ayuda a hacer frente a la emergencia climática y, por ello, 70 organizaciones de la sociedad civil han elaborado en los últimos meses en talleres y asambleas una propuesta que será presentada la próxima semana a diferentes instancias del Gobierno central, con la esperanza de que se pueda iniciar un diálogo para la toma de acciones y la formulación de políticas públicas.
Este viernes fue presentada la propuesta para hacer frente a la emergencia climática, la crisis sanitaria y la inseguridad alimentaria, justo cuando se cumplen cinco años de los compromisos asumidos en el encuentro internacional del Acuerdo de París, donde los países se comprometieron a contribuir para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático.
Pero este pronunciamiento de las 70 organizaciones de la sociedad civil no se produce únicamente como recordatorio de lo ocurrido hace cinco años en el Acuerdo de París, sino en un momento en que Bolivia debería tener listos sus compromisos ajustados para presentarlos, lo que estaba previsto para este año, 2020. Por ello, se trata de un momento preciso.
Observaciones a los compromisos de Bolivia
Entre los compromisos realizados por Bolivia en el marco de su CND, está reforestar 4,5 millones de hectáreas hasta el 2030. Sin embargo, la Fundación Solón ya hizo notar que "solo en el 2019 el país se situó en los primeros lugares de Latinoamérica y el mundo que más han deforestado sus bosques primarios".
En la propuesta presentada este viernes en conferencia de prensa virtual por las 70 organizaciones, se pueden encontrar observaciones a los compromisos entonces asumidos por el Gobierno boliviano que también estaba en 2015 en manos del MAS.
Explican que los actuales compromisos climáticos planteados por Bolivia contemplan metas e indicadores basados en la aplicación de políticas públicas, y presentan debilidades y contradicciones para reducir las emisiones y podrían provocar impactos irreversibles en la Madre Tierra y en las comunidades locales.
Principalmente, observan que las Contribuciones no contemplan metas cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que dificulta realizar un seguimiento adecuado de su implementación y cumplimiento.
Consideran que las Contribuciones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el marco de la Agenda 2030 deberían guiar el proceso de reactivación económica del país acorde a los principios del Vivir Bien, los sistemas de vida y el respeto y garantía de los derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.
Cambio de modelo de desarrollo
El PNUD, a través de su representante en Bolivia Luciana Mermet, dijo a Guardiana en septiembre de 2019 que uno de los mayores desafíos de los países hoy de cara a la emergencia climática es tomar decisiones sobre qué tipo de modelo tendrán a futuro, haciendo los suficientes equilibrios necesarios para por un lado dejar de afectar al medio ambiente y, por otro, satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos.
Las naciones ya no pueden pensar solo en el desarrollo económico. Eso significa, entre otras cosas, que a la hora de hablar de pobreza, se tendrá que ver cuáles son los límites o parámetros ambientales. “Las agendas a nivel nacional –dice la representante del PNUD en Bolivia– tienen que acordar incorporar criterios ambientales a la discusión sobre el crecimiento económico. Acordar parámetros como cuántos puntos del PIB están dispuestos a sacrificar para la subsistencia de los países a nivel ambiental”.
Partes centrales de la propuesta
Gabriela Arteaga, Tania Ricaldi, Ilze Monasterio, Diana Durán y Kiyomi Nagumo fueron las encargadas de presentar la propuesta de las 70 ONG entre las que están Oxfam, Aida, Fides, Unitas, Fundación Jubileo, Cipca, Cejis y otras.
Una de las ideas centrales del documento para el cambio de modelo económico de desarrollo pasa por pensar en una etapa de transición energética, en el manejo de bosques tropicales, uso del agua, agricultura y derechos humanos.
Hacia el cambio de matriz energética
Algunas de las propuestas están dirigidas al cambio de matriz energética en Bolivia para pasar de los hidrocarburos a energías más limpias. En energía eléctrica proponen, por ejemplo, establecer una nueva política energética para 2030 para transformar la matriz eléctrica, ampliando la generación de energías limpias en pequeña escala y con un modelo participativo de gestión.
Tania Ricaldi habla sobre la necesidad de una transición energética.
En hidrocarburos buscan que se abandone de manera progresiva y en el largo plazo su extracción; en transporte, promover la descarbonización del transporte público y privado a partir de acuerdos con gobiernos locales; y en industria buscan la aplicación de normativa de incentivos y multas para mejorar la eficiencia energética de ese sector.
Una gestión forestal de los bosques
Tomando en cuenta la importancia de los bosques tropicales por su diversidad biológica y su rol en el ciclo hídrico, entre otros, y porque están perdiendo su vitalidad y corren el riesgo de perder su capacidad regenerativa debido a las fuertes presiones del modelo de desarrollo vigente plantean una gestión forestal.
Gabriela Arteaga plantea un mejor manejo de los bosques tropicales.
Entre otras medidas, proponen implementar un programa de protección, restauración y reforestación con especies nativas, recuperando variedades locales e implementando los conocimientos ancestrales para su manejo.
En el caso de las áreas protegidas, por ejemplo, plantean explorar las posibilidades y potencialidades de una diversificación de actividades económicas y productivas alternativas como el turismo para la protección de la biodiversidad.
Agricultura
Observan que la normativa actual y la política fiscal en Bolivia ofrecen incentivos a la expansión del agronegocio, como sector exportador, y no así, un apoyo real a los pequeños productores de la agricultura familiar del área rural, que representan más del 90% de las unidades productivas y que son quienes aportan a garantizar la seguridad alimentaria de la población.
A Ilze Monasterio le encargaron hablar sobre la agricultura y decirle no al agronegocio.
Parte de su propuesta plantea incentivar la conservación de semillas nativas, la producción con semillas nativas y el consumo de alimentos a base de este tipo de semillas promocionando su diversidad; así como realizar planes de gestión agroforestales, silviculturales, incentivando la diversificación de producción con un análisis de riesgo, apoyando al pequeño agricultor.
Agua y adaptación
El ciclo hídrico y los sistemas de abastecimiento de agua y riego en el país son especialmente vulnerables ante los impactos del cambio climático, además de que existe una desigual disponibilidad del líquido elemento.
Diana Durán habla sobre el agua y el ciclo hídrico vulnerable ante el cambio climático.
Las ONG proponen impulsar la incorporación de una visión integral de gestión climática, energética, hídrica y alimentaria en la currícula educativa escolar y especializaciones en el nivel universitario.
Derechos humanos y justicia climática
Los impactos y efectos del calentamiento global, debido al incremento de los gases de efecto invernadero, están estrechamente ligados con un modelo extractivista que ha generado mayores vulnerabilidades y violaciones a los derechos humanos.
Kiyomi Nagumo dice que si no se habla de los derechos humanos, no se puede hablar de cambio climático.
Las 70 ONG proponen el cumplimiento de la normativa y prevalencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, como el derecho a la consulta previa libre e informada, la derogación de la normativa contraria a estos derechos y el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Escazú para el establecimiento de un marco de protección de derechos y la aplicación de mecanismos de transparencia.
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