Por Guardiana (Bolivia), foto de Fundación Tierra
Miércoles 31 de enero de 2024.- La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) dejó sin efecto la sanción que en octubre de 2019 había emitido contra el cacique tsimane Rosendo Merena por un supuesto desmonte ilegal, y recomendó a sus funcionarios en el municipio de San Borja, Beni, tener mayor cuidado al momento de iniciar, tramitar y resolver procesos administrativos. Fueron atropellados sus derechos al debido proceso y a la legítima defensa.
Merena había sido acusado, procesado y declarado culpable por la ABT de Beni, institución que le juicio por dos desmontes de 7,5 hectáreas. El caso salió a la luz, en junio de 2023, gracias una investigación de la organización Fundación Tierra que en esa oportunidad hizo conocer detalles del proceso abierto contra el dirigente reconocido por la lucha que realiza por su pueblo.
Fundación Tierra informó, este miércoles 31 de enero, que la resolución de revocatoria de la sanción recomienda a los funcionarios de la ABT San Borja “adecuar su proceder en estricto cumplimiento a la normativa legal establecida y los principios rectores en materia administrativa a efectos de no vulnerar derechos y garantías de los administrados”.
SIN DEBIDO PROCESO NI LEGÍTIMA DEFENSA
Dentro de la Resolución Administrativa, resalta el Dictamen Técnico Legal DD-DGMBT-Nº 441-2023 de fecha 01 de noviembre de 2023, en cuyas conclusiones se identifica “un claro vicio de nulidad, toda vez que, en el Informe Técnico de Inicio de Proceso, se tiene plenamente identificado el domicilio real del administrado, por lo que no correspondía practicar la notificación. con el Auto de Inicio mediante edicto (aviso radial), toda vez que conlleva vulneración al debido proceso y a la legítima defensa”.
El litigio contra Merena inició el 9 de octubre del 2017 con una denuncia escrita de los interculturales de la “Comunidad Agroganadera Flor de Mayo”, del municipio de San Borja.
De acuerdo con los tsimanes, los denunciantes viven en otro lugar, pero habían establecido un pacto ilícito para dañar a terceras personas.
La investigación de Fundación Tierra señala: “Al igual que muchas comunidades nuevas, Flor de Mayo tiene autorización de asentamiento de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Abarca 997 hectáreas, las mismas que los tsimanes reivindican como su bosque ancestral. De a poco, los nuevos dueños fueron expulsando a los indígenas, pero una familia tsimane no sólo soportó la presión, sino que se había atrevido a chaquear un pedazo de tierra para plantar plátanos, sembrar yuca y algo de maíz”.
Entre 2017 y 2023, la ABT tenía a Merena en el banquillo de los acusados por el supuesto delito. Redactó informes técnico-legales, ordenó peritajes, firmó todo tipo de documentos. Los abogados de la entidad estatal hicieron casi todas las diligencias, excepto contactarse con el procesado.
Hasta el 14 de marzo de 2023, el dirigente tsimane no sabía qué se estaba haciendo en su contra.
En junio del año pasado, Fundación Tierra informaba que entre las deudas que el Estado esperaba cobrar estaba una multa de 1.437 unidades de fomento de vivienda (UFV), equivalentes a unos 3.450 bolivianos.
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