Por Fundación Tierra
Lunes 7 de noviembre de 2022.- Representantes del Gobierno y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) determinaron la tarde de este lunes anular “los puntos del acta suscrita en fecha 27 de octubre de 2022 entre las autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Director Departamental de Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del norte del departamento”.
La anulación se encuentra contenida en un acuerdo de siete puntos que suscribieron la tarde de este lunes entre autoridades y dirigentes indígenas, luego de más de seis horas de debate en las oficinas del parque Madidi, en el municipio de San Buenaventura, a donde fueron convocados representantes del Gobierno. Entre las autoridades que firmaron el acta están Rodrigo Delgadillo, director Jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; Omar Tejerina, viceministro de Medio Ambiente, y Teodoro Mamani, director del Sernap.
“Esta es una más de las reivindicaciones que el movimiento indígena del norte de La Paz realiza con la voluntad de las autoridades que hemos tenido el día de hoy. Los derechos de los pueblos indígenas son irrenunciables”, manifestó el presidente de la CPILAP, Gonzalo Oliver Terrazas.
El primer punto de la resolución señala que los acuerdos que promueve el Estado en los casos que afecten o que sean susceptibles de afectar los derechos territoriales, ambientales y humanos de las naciones y pueblos indígenas deben suscribirse cumpliendo el derecho a la consulta previa en sujeción a lo establecido en el Artículo 30, parágrafo II, numeral 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en cumplimiento de la normativa vigente establecida.
“En concordancia con el punto anterior, la emisión de los Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo para las actividades extractivas a cargo del Sernap, deben emitirse previo cumplimiento de lo establecido en los planes de manejo vigentes, y en los casos que afecten o que sean susceptibles de afectar los derechos territoriales, ambientales y humanos serán objeto de sanciones o nulidad”, señala el punto 2 del documento.
Respecto a los planes de manejo de las áreas protegidas Madidi, Apolobamba y Cotapata, el punto 3 del acuerdo señala que estas se deben mantenerse vigentes conforme lo establecido en su norma de aprobación y que el Sernap debe garantizar su vigencia plena. “Su actualización, debe realizarse con la participación de los pueblos y/o naciones indígenas directamente involucrados con el área protegida, en respeto al sagrado derecho a la consulta, bajo sanción de nulidad”.
El Punto 4 dice que los procedimientos para la actualización de los planes de manejo deben ser estrictamente aplicados conforme lo dispuesto en las normas vigentes, sin que sean manipuladas por medio de acuerdos unilaterales e inconsultos.
“Con base a los diversos estudios realizados por distintas instituciones, las instancias correspondientes del Gobierno en el marco de sus competencias, deben implementar acciones para mitigar y en su caso contribuir a las gestiones necesarias para la reparación de los daños ocasionados a los pueblos indígenas por la contaminación con residuos de mercurio y otros a causa de la minería, en cumplimiento a las normas internacionales y a la CPE”, señala el punto cinco del documento.
En el marco de la Ley cuando se evidencie el incumplimiento a la normativa ambiental, toda actividad minera ilegal al interior de las áreas protegidas aún siendo estas preconstituidas, serán objeto de inicio de acciones legales para su paralización y expulsión de las áreas en coordinación con las instancias pertinentes y con el apoyo de las organizaciones de los pueblos indígenas afectados.
La presente acta anula en su totalidad los puntos del acta suscrita en fecha 27 de octubre de 2022 entre las autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, Sernap, Director Departamental de ABT y Fecoman que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del norte del departamento de La Paz.
“Está claro en los documentos que desde que yo he asumido no existe ninguna autorización para ingresar al parque Madidi, más al contrario hemos podido anular 17 empresas y 6 cooperativas que están dentro del parque porque eso es para cuidar y para preservar. Y por eso vamos a seguir trabajando. Lo que es la verdad hay que sacar en las noticias, eso a veces nos puede complicar”, manifestó Mamani, quien expresó su preocupación por el reporte de contaminación y señaló que “seguridad las autoridades competentes tomarán acciones”.
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