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Por Guardiana (Bolivia), foto de Unitel

Lunes 28 de noviembre de 2022.- Dirigentes de la Asociación Nacional de Periodistas y delegados de las nueve asociaciones departamentales resolvieron crear un equipo jurídico para defender a periodistas que estén bajo amenaza o que hayan sido víctimas de la vulneración de sus derechos en el ejercicio de sus funciones, y también exigir a los dueños de medios de información que ofrezcan seguridad laboral y protección a los trabajadores que sean víctimas de agresiones y otros abusos.

Estas y otras determinaciones surgieron en el Encuentro Nacional de Periodistas por la Libertad de Prensa que se realizó los días viernes 25 y sábado 26 de noviembre, en la ciudad de La Paz, con la finalidad de debatir estrategias y mecanismos de protección de periodistas y contra la impunidad de los hechos de violencia.

Un día antes, el jueves 24, la asociación de La Paz emitió un comunicado que da cuenta de 167 vulneraciones a la libertad de prensa en lo que va de enero a noviembre, según datos del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Red Unitas.

En el documento son citados los sucesos del 10 de noviembre de 2022, en el municipio de La Guardia, departamento de Santa Cruz, cuando efectivos policiales protegían a los agresores en lugar de resguardar el trabajo y la seguridad de los trabajadores de la prensa. Uno de los periodistas más afectados fue Mario Rocabado de la red Unitel (foto principal).

“Los ataques a los periodistas –dice la APLP– son cometidos por múltiples actores que en muchas ocasiones son alentados por altas autoridades de gobierno que buscan desacreditar y estigmatizar a medios y periodistas”.

Deterioro de la libertad de prensa

El pronunciamiento del Encuentro Nacional efectuado en La Paz recuerda una serie de hechos que demuestran, según las instituciones allí reunidas, un deterioro de la libertad de prensa y la inseguridad en la que las y los periodistas hacen su trabajo.

  • Autoridades presionan para que periodistas revelen la fuente de sus noticias y los amenazan con privarlos de libertad si es que no lo hacen, vulnerando la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano.  
  • Por primera vez en 40 años tras la recuperación de la democracia se produjo un secuestro y tortura de periodistas por parte de encapuchados armados conocidos como “interculturales”, vinculados al oficialismo, en el predio de Las Londras, Santa Cruz, que hasta ahora se mantiene en la impunidad.
  • En las últimas semanas se han generado más de 40 ataques físicos y verbales contra periodistas durante el paro cívico cruceño por el censo. Ninguno de esos casos ha terminado con sanciones a los responsables.
  • Persisten las medidas de acoso judicial, asfixia económica, presiones directas e indirectas y manipulación de la justicia para intentar amedrentar y acallar a los medios de comunicación y periodistas.

Otras de las resoluciones dan cuenta de que se ratifican la unidad del gremio periodístico y la decisión de defender la libertad de expresión y de prensa, y el derecho a la información de todos los ciudadanos como requisito fundamental de la democracia.

También se expresa la solidaridad con las y los periodistas y trabajadores de la prensa que han sido víctimas de agresiones, hostigamiento, acoso y censura en su labor.

Además, se exige al presidente Luis Arce Catacora y a otras autoridades garantizar el cumplimiento de los derechos de los periodistas y la sanción para los responsables de las acciones de violencia y de censura.

También se demanda que la Fiscalía informe sobre los casos que ha abierto sobre los hechos violentos contra periodistas y trabajadores de la prensa, y que el Ministerio de Gobierno ordene a la Policía cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad de este sector de trabajadores.

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