Fundación Tierra plantea intervenir el INRA para combatir a los traficantes de tierras

Texto de Guardiana (Bolivia), foto ABI

Jueves 15 de abril de 2021.- La organización Fundación Tierra plantea cuatro acciones para luchar contra el tráfico de tierras: intervenir el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), desalojar a los ocupantes ilegales de tierras fiscales, paralizar los trámites de autorización de nuevos asentamientos y designar a un Director o Directora Nacional titular del INRA.

Esa fundación, que trabaja en investigaciones de desarrollo rural sostenible y atención a la población indígena originaria y campesina, difundió este jueves una carta abierta, a propósito de la aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo (foto), acusado de haber recibido 20 mil dólares como parte de un soborno para la titulación del predio “El Triunfo II”, ubicado en el departamento de Santa Cruz.

La carta abierta resume las demandas en los siguientes puntos:

1. Intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
2. Proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del gobierno nacional a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
3. Paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5 mil hectáreas.
4. Hacer un llamado público a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados.

TIERRAS AL MEJOR POSTOR

Fundación Tierra considera que existen antecedentes para que se actúe de inmediato. Afirma que el tráfico de tierras se intensificó desde el año 2011, durante el gobierno del MAS. Dice que un consorcio denominado “INRA paralelo”, conformado por funcionarios y exfuncionarios públicos que falsificó expedientes agrarios y entregar tierras del Estado al mejor postor.

Añade que los denunciantes como Juan Carlos Rojas, exdirector del INRA, y Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras, fueron alejados de sus cargos, pero el grupo responsable de las irregularidades no  fue enviado a prisión.

COMUNIDADES FANTASMAS

Otro hecho que denuncia Fundación Tierra es que el INRA, entre 2014 y 2019, firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz, pero escondió información sobre los beneficiarios ni de la ubicación ni extensión de las tierras.

“En los hechos –agrega en la carta abierta– muchas son ‘comunidades fantasmas’ en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales”.

La fundación también hace referencia al gobierno transitorio de Jeanine Áñez que entregó 34 mil hectáreas a la familia de su ministro de Economía, Branko Marinkovic, “en un proceso agrario llevado a cabo en tiempo récord, vulnerando el debido proceso técnico y jurídico”.

Con relación a este proceso, se complementa que se entregó documentación al gobierno de Luis Arce Catacora y a parlamentarios de oficialismo y oposición, pero dichas autoridades mantienen, hasta el momento, una actitud pasiva.