Por La Voz de la Naturaleza para Guardiana (Bolivia), foto de Andreas Trepte
Jueves 5 de agosto de 2021.- El negocio del cuero de lagarto (caimán yacaré) presenta desventajas para las comunidades indígenas que cazan a los animales para luego ingresarlos a una cadena de negocio para el mercado internacional. El peonaje por deudas y el lavado de autorizaciones de caza son favorables a las escasas empresas que se dedican a producir cuero para exportación.
En el programa La Voz de la Naturaleza, emitido en fecha 31 de julio, conducido por Antonio Cajías y Paola Cortés Martínez, denominado “Análisis y Reflexiones del manejo del caimán (Caiman yacaré) en Bolivia” se contó con la participación de Fernando Cisneros, biólogo y asesor de la OTCA.
El caimán yacaré o del Para habita en las regiones subtropicales y tropicales de América Latina. Puede llegar a medir unos tres metros. Lleva el lomo acorazado y es de color oscuro. Su delicada piel es jaspeada en los flancos y los más jóvenes son los favoritos en la industria del calzado. Está registrado como parte de las especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
A continuación, se describen algunos rasgos del manejo del lagarto en el país:
EL PROGRAMA NACIONAL
El Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (caimán yacaré) tiene multiactores directos e indirectos. Entre los actores directos encontramos a las autoridades nacionales y departamentales; empresas pequeñas, medianas y grandes; indígenas, campesinos; y ganaderos. Los actores indirectos, por otro lado, están vinculados con el asesoramiento técnico como la autoridad científica Cites– ACC; Cocrodile Specialist Group (CSG) y organismos no gubernamentales. Uno de los aprendizajes registrados está en comprender que las comunidades y pueblos indígenas deben definir los planes de manejo en compañía de los otros actores, esto debido a que cuando mezclamos a todos los actores en un mismo nivel de discusión ocurre que los pueblos indígenas no son muy libres de expresarse y dejan que otros decidan por ellos.
EMPRESAS EN BOLIVIA
En Bolivia existen 44 empresas de curtiembres nacionales, de las cuales cuatro (Bolivian Leathers & Food, Ciensa, Curtiembre Moxos y Bolivian Croco SRL) pueden curtir cuero de lagarto con el 30 por ciento de su capacidad. Los procesos de producción entre cuero bovino y de lagarto son muy diferentes, es decir que estas empresas se equiparon para la producción de cuero de lagarto que es una vez al año y los cupos son limitados. En la actualidad tres empresas operan en Bolivia porque Bolivian Croco SRL cerró hace dos años aproximadamente.
En Bolivia existe un gran número de ofertantes de materia prima y poca cantidad de empresas demandantes. Esta falla en el mercado se llama “oligopsonio” (oligo =poco; psnio = compra) y genera asimetrías en los eslabones primarios, ampliamente representados por comunidades indígenas y campesinas menos favorecidas, caracterizadas por la pobreza, marginación, lejanía de mercados y escasa habilidad de negociación. Otro de los efectos negativos de los “oligopsonio” es que si bien generan acuerdos mutuos (entre las empresas), esto a la vez provoca ocultamiento de la información de precios y competencia interna.
ACTORES LOCALES Y EMPRESAS
Cisneros explica que en esta cadena se puede observar que el primer eslabón (comunidades manejadoras de lagarto) tienen más riesgos y menores beneficios, ya que para llegar al mercado local o internacional se debe pasar por varios riesgos de salud, transporte, pérdida de materia prima, y existe incumplimiento de los requerimientos exigidos. La cadena productiva del lagarto tiene esas relaciones asimétricas.
Las asimetrías se agudizan cuando intervienen otros aspectos en el sistema como los intermediarios; la hipoteca de las autorizaciones de cacería y la práctica del habilito o “peonaje por deudas”. Esta es otra razón que imposibilita que los productores puedan dar un salto cualitativo necesario para integrar nuevos eslabones.
MÁS ASIMETRÍAS-FALLA EN EL SISTEMA
Cuando se creó el Programa Lagarto, con la R.M. 147/2002, se establecieron dos procesos claves: La autorización de cacería legal de lagartos para las comunidades y la autorización de exportación de las pieles de lagarto para las empresas. El primer caso está vinculado a tres puntos: a) la inscripción de los predios a través de representantes legales –contradictorio a las normas comunales ya que los recursos son colectivos– que tiene un costo por animal; b) conteos anuales de la población y c) la distribución de autorizaciones de cacería (tiene otro costo). En el segundo caso, las empresas exportadoras dan un monto de dinero a los representantes legales indígenas para que puedan inscribirse, lo que ha ocasionado que se conviertan en sus deudores eternos, pero además les daban dinero para el “habilito” (peonaje por deudas) que hace que puedan ingresar a las comunidades y cazar porque necesitan insumos; una vez realizado esto, los representantes legales hacen una declaración jurada del cupo adquirido y a través de este cupo adquirido pueden exportar.
ANÁLISIS DEL REGLAMENTO 147/2002
En el Reglamento 147/2002 se observan claramente tres actores: la autoridad nacional, la autoridad departamental y los actores y empresas, pero hay un momento clave que es el “aprovechamiento del lagarto”, donde se desconoce qué ocurrirá con los impactos y/o beneficios, porque, según el documento, todos aprovechan el recurso, pero lo que no se sabe es si genera un impacto o un beneficio local. Un dato para tomar en cuenta es cuando la empresa llega a solicitar el cupo de exportación, informa a la Gobernación, esta realiza el informe de cierre de cosecha, pero el cupo adquirido no está vinculado al aprovechamiento sino a las autorizaciones de caza.
ACCESO AL RECURSO – AUTORIZACIONES DE CACERÍA
Para acceder al recurso lagarto se necesita autorizaciones de caza, tenga o no tenga las pieles. Entonces las autorizaciones de cacería acreditan la representatividad legal sobre uno o varios predios. La autorización de cacería es el único respaldo administrativo que tienen las empresas para declarar el cupo adquirido. En síntesis, las autorizaciones de caza permiten las exportaciones del recurso lagarto tenga o no las pieles. Fernando Cisneros señala que esta es la falla del sistema.
TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CAZA
Cisneros señala que en los contratos las empresas han agregado una cláusula que transfiere los derechos de caza: “En el caso de que el vendedor (representante legal) se vea imposibilitado de cazar por sus propios medios los animales autorizados por la Prefectura (actual Gobernación) que es la autoridad departamental, y vendidos mediante el presente contrato acuerda transferir al comprador (empresa) el derecho a caza en su propiedad por una suma equivalente en dólares americanos”. El análisis de Fernando Cisneros aclara ese párrafo significaría un lavado de autorizaciones de caza que en la actualidad sigue ocurriendo.
PLANES DE MANEJO
El año 2004 se implementan los planes de manejo con el slogan de “acceso al recurso y cupos justos” bajo tres enfoques: a) comunitarias participativas; b) técnicas–conocimiento del recurso y d) perspectivas complementarias. Bajo esta perspectiva se implementaron 16 planes de manejo en Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y algunas se quedaron sin planes de manejo, por ejemplo los Territorio Indígena Multiétnico Chimanes y Guarayos. Hasta el año 2011 el 85 % tenían planes de manejo de las especies y sus ecosistemas dentro de territorios comunitarios, pero extrañamente solo el 18 % de las áreas tenía información de los impactos sociales, culturales, económicas y ambientales del PNCASL. A decir de Cisneros, no es tanto el problema del plan de manejo, sino que se creía que este era la solución para transparentar este apoyo y que muchos de los territorios estaban muy anexados a esta dinámica de las empresas.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Después de una serie de reuniones entre los tomadores de decisión y las comunidades (esta vez sin la participación de las empresas) se hizo un cambio de lógica de administración del recurso, es decir, de una administración burocrática a una gestión compartida a nivel regional (descentralización participativa) con un enfoque de gobernanza de los territorios locales, vale decir, una especie de simbiosis entre las ecorregiones planteadas y los sistemas de gobierno locales.
ESTRUCTURA DE LA RECONDUCCIÓN
La estructura de la reconducción manejaba tres niveles de gestión: a) interinstitucional; b) intersectorial y c) administrativo. En el primer caso, existe un nivel regional donde cada representante de las comunidades participaba y se generó el Consejo Nacional de Gestión Compartida para el Manejo de Lagarto, este nivel era el que vinculaba a los precios de mercado, las estrategias de negociación y elaboraba los análisis y sistemas de alerta temprana respecto al aprovechamiento del lagarto. El segundo nivel es donde jugaban un rol las empresas, en el que se habían creado una red de carne de lagarto y una red de cuero de lagarto, cuyo objetivo fue el de conocer qué ocurría en las comunidades, generar información de la especie, saber si se aprovechaba y cuánto se aprovechaba, identificar de cuánto era el descarte. Finalmente, el tercer nivel era más de apoyo (autoridades departamentales y CITES).
APROVECHAMIENTO DE LA CARNE DE LAGARTO
En un momento dado, se hizo un análisis de quienes aprovechaban este recurso y en el primer diagnóstico se constató que había una empresa que tenía como mínimo tres horas de cadena de frío y su radio de acción no pasaba de los 60 km. Esto implica que esta empresa no accedía a ninguna de las TCO donde sí se aprovechaba el recurso lagarto. En ese sentido se diagramó que territorios podrían realizar el aprovechamiento de lagarto, por ejemplo, San Ignacio de Moxos, Loreto, Bella Vista, en el departamento del Beni, sin embargo, en la actualidad los únicos que aprovechan este recurso son los tacanas en el departamento de La Paz.
PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Hasta el 2009 se tenía que tan solo el 18 % de las familias tenían un registro de plan de manejo (TIPNIS y Tacana). Sin embargo, el 2011 con el registro familiar por región se pudo evidenciar que el 52 % de las familias sí contaban con el plan de manejo.
CUOTA DE COSECHA Y REGISTRO DE COSECHA
Con el sistema tradicional de asignación de cupo (anual) hasta 2009, la cuota de extracción autorizada era igual al registro de cosecha, es decir, según esto todo se aprovechaba, pero cuando se implementó el sistema participativo comunal, territorializado, se determinó que el registro de cosecha era menor a la cuota de autorización de extracción, en otras palabras, se demuestra que la gente no caza el recurso. Cisneros complementa que en la actualidad aparentemente se retornó al sistema tradicional.
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