Malkya Tudela para Guardiana (Bolivia)
Jueves 21 de julio de 2021.- No hay un aspecto de la vida de los niños, niñas y adolescentes del pueblo ayoreo en Santa Cruz de la Sierra que no esté precarizado o amenazado. Esa situación, latente en las comunidades ayoreas Degüí y Garay, ambas asentadas en la capital cruceña, motivó a las instituciones a definir “acciones inmediatas de atención y protección”.
Con ese objetivo, un comité de organizaciones estatales y de la sociedad civil convocó a un encuentro, el pasado 16 de julio, para evaluar los temas: desarrollo infantil y la educación intercultural; el trabajo infantil en el pueblo ayoreo; la situación de salud; la vivienda y los servicios básicos; y la seguridad ciudadana y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Tema por tema, las exposiciones de miembros de las comunidades Degüí y Garay mostraron un panorama de precariedad, amenazas y riesgo para su población de niños, niñas y adolescentes.
Los ayoreos son una población llegada a Santa Cruz de la Sierra en los años 80 desde su territorio en la región chiquitana. Muchos adultos ya nacieron en la ciudad, pero la vida en comunidad les permitió perpetuar el zamuco como su primera lengua y mantener su organización social hasta ahora.
Sobre el tema del desarrollo infantil y educativo, Rocío Picaneré explicó el perjuicio del cierre de las guarderías, para niños de 6 meses a 6 años, antes a cargo del Gobierno Departamental: “Cuando funcionaba la guardería era más fácil que los niños ayoreos no lleguen a la calle porque las mamás hacían sus artesanías y llevaban sus artesanías a la terminal con la seguridad de que los niños estaban en un lugar seguro. Después de que la guardería se cerró era complicado para la mamá porque no tenía dónde dejar a los niños y obliga a las mamás a cargarlos a la calle a los niños, vendiendo chocolates y artesanías”.
En la comunidad Deguí, la guardería está cerrada desde el año 2017 y en los últimos años atendía a un promedio de 40 niños; en Garay, la guardería no funciona desde la pandemia.
Sobre la educación formal, los escolares de ambas comunidades no pasan clases regularmente y tienen dificultad para conectarse a clases a distancia, acceder a equipos de tecnología, comprar megas y usar aplicaciones. Picaneré explicó que solo cuatro de cada diez estudiantes de la comunidad Degüí, donde su unidad educativa tiene tres aulas, “se conecta con sus profesores, dos veces por semana”; en Garay no se tiene una unidad educativa.
Sobre el trabajo infantil, la dirigente Julia Chiqueno explicó que la mayor parte de niños de 0 a 10 años sale a pedir dinero con sus familiares y lo mismo sucede con las personas de 12 a 17 años; aunque en este grupo hay más mujeres en la venta de artesanías y más hombres en jardinería.
Al salir a las calles a pedir dinero, dijo Chiqueno, los niños y niñas están expuestos a sufrir agresiones verbales, explotación laboral, agresiones físicas, robo de sus bienes, secuestro y violencia sexual, discriminación y abandono escolar; mientras que los adolescentes en general pueden sufrir violencia física, psicológica, económica y sexual, y discriminación, sin contar con que ven limitadas sus posibilidades de terminar sus estudios, llevar una vida sana y acceder a mejores oportunidades de trabajo.
Salud, vivienda, seguridad
Los problemas de salud son frecuentes para los niños, niñas y adolescentes, y en general se derivan de la actividad en la calle (accidentes de todo tipo), pero también existe el embarazo precoz y, a consecuencia de ello, neonatos de bajo peso.
La oferta de alcohol y drogas, la violencia física y sexual, también son riesgos a los que están expuestos las niñas, niños y adolescentes.
La vivienda y los servicios básicos es completamente precaria en ambas comunidades, y esto se deriva en parte de la situación legal incierta de los terrenos donde están asentadas. La comunidad Degüí tiene un terreno de 7.048 metros cuadrados en la Villa Primero de Mayo y la comunidad Garay, en El Bateón – Pampa de la Isla, tiene un terreno de 27.929 metros cuadrados. En el primer caso están en un comodato cedido por el municipio por treinta años y en el segundo caso están sobre un espacio que reclaman tres privados al mismo tiempo.
Degüí tiene 500 habitantes y Garay cuenta con 300, pero existe hacinamiento, el material de las viviendas es precario –tienen baños compartidos y carecen de habitaciones exclusivas para cocinar– y el acceso a los servicios básicos es limitado.
Por último, el presidente de la comunidad Degüí, Eusebio Parangay, describió la situación de inseguridad para los niños en general que incluye el trabajo infantil, situación de calle, mendicidad, consumo de drogas y una dinámica de violencia sexual comercial.
Propuestas de solución
Entre las propuestas lanzadas por las propias comunidades está, entre otras, elaborar un plan de vida comunitario para Degüí y Garay, acceder a título común o colectivo de sus terrenos, mejorar las viviendas, implementar una currícula regionalizada para la educación, contar con profesores ayoreos en lengua 1 (que enseñen en zamuco que es el idioma materno), reponer las guarderías en cada comunidad, entregar documentos de identidad a las personas que no las tengan, en fin, “cambios urgentes”.
En la mesa de diálogo del pasado 16 de julio, la presencia y participación del gobernador Luis Fernando Camacho fue interpretada como un compromiso para trabajar en la atención de los problemas del pueblo ayoreo.
La asambleísta departamental ayorea Giliana Etacoré clausuró el encuentro con una esperanza que resumió: “Ojalá no se quede en papel como siembre se ha quedado”.
Luego del encuentro, una mesa de trabajo más pequeña sintetizará todas las propuestas de los participantes y de las propias comunidades. La mesa de diálogo fue organizada por la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), el Programa de Desarrollo Integral Infanto Juvenil del Pueblo Ayoreo, la Dirección de Género del Gobierno Departamental de Santa Cruz, la Comisión de la Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales del Concejo Municipal de Santa Cruz, Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) y la Fundación Munasim Kullakita.
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