Por Guardiana (Bolivia), foto cortesía de Álex Villca
Lunes 31 de octubre de 2022.- La organización de defensores de territorios indígenas y áreas protegidas exige al Gobierno nacional abandonar de una vez el discurso de protector de la Madre Tierra porque considera contradictorio que una administración que dice ser cuidadora del medio ambiente permita y proteja la minería legal e ilegal aurífera que trabaja con mercurio, contaminando los ríos amazónicos.
Esos defensores, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), advierten que esos acuerdos vulneran la Constitución Política del Estado, al menos en los temas del impuesto único a la venta de oro y la entrega de áreas protegidas a un solo sector, cuando estas pertenecen a todos los bolivianos. Tampoco es respetado el Convenio 169 de la OIT sobre el respeto al derecho y propiedad de los pueblos originarios.
La Contiocap demanda que sea publicado el “contenido real” de los convenios firmados entre el Ejecutivo y los representantes de las cooperativas mineras auríferas en los últimos días para que así sean transparentes dichos acuerdos.
Lo que se conoce es que el Ejecutivo y las cooperativas auríferas suscribieron un acta el jueves 27 de octubre para dar inicio a los planes de manejo del Parque Madidi, en el parque de Cotapata y en el área de manejo integrado de Apolobamba, “según corresponda, cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes. Las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”.
Esto, según la Contiocap, implica la entrega inconstitucional del patrimonio natural al sector cooperativista minero, razón por la exige la nulidad del convenio.
Impuesto único
Tampoco acepta el acuerdo suscrito el 25 de octubre, relacionado con el pago de un impuesto único de 4,8 por ciento por la venta de oro, en sustitución del Impuesto al Valor Agregado (IVA, 13%), del Impuesto a las Transacciones (IT, 3%) y el anual Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE, 25%).
Esos acuerdos fueron negociados por representantes de las cooperativas y autoridades, mientras las calles del centro de La Paz estaban bloqueadas por una nutrida y violenta movilización de mineros auríferos que exigían atención a su pliego petitorio.
Constitución atropellada
Contiocap considera que esos convenios atentan contra los intereses del país y los derechos de los pueblos indígenas. Hizo notar que en el tema impositivo es vulnerado el primer párrafo del artículo 323, de la Constitución Política del Estado que señala: “La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2013 y 2021 fueron exportadas 259 toneladas de oro por un valor aproximado de 10.915 millones de dólares.
Patrimonio de todas y todos
Contiocap hace notar que el artículo 385 de la CPE indica: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”.
Por esta razón, es inadmisible que un sector de la población y las autoridades de turno comprometan con un convenio entre partes el patrimonio de todos los bolivianos y de las futuras generaciones, dice un pronunciamiento de esa organización.
Añade que también son vulnerados los derechos constitucionales, refrendados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen que los pueblos "tienen derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan".
Contiocap hace notar que el territorio es indivisible, inembargable e imprescriptible, por tanto, el Gobierno no puede embargarlo a favor de "terceros que nos amenacen con desplazarnos de nuestros territorios, provocando nuestra desaparición…”.
Temores indígenas
Si los convenios no son anulados, los indígenas temen ser criminalizados y encarcelados por el avasallamiento de a supuesta propiedad de mineros auríferos de los que, asegura, gozan de la protección de su aliados, el Gobierno.
Contiocap agrega que la minería del oro saquea el futuro del país y arrebata a los pueblos indígenas de su derecho de ejercer pluralidad económica y les impide hacer uso sustentable de los recursos naturales en función de su vocación y conocimiento ancestrales.
Alerta a las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de protección de delos derechos humanos para e se tomen acciones preventivas sobre los riesgos de violencia que se pueden perpetrar en contra de las comunidades de parte del sector minero aurífero que ya hizo saber en La Paz cuál es su poder.
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