Por Micaela Villa de Agencia de Noticias Fides (Bolivia)
Jueves 2 de mayo de 2024.- La deforestación en Bolivia es indetenible y una amenaza para la biodiversidad. Los actores principales de la devastación de los bosques, como las empresas agrícolas y ganaderas, las cooperativas mineras auríferas y el narcotráfico, llevan al país a ocupar el tercer lugar en el planeta con el mayor índice de esta acción humana.
“Ya no somos la perla del oriente boliviano, somos la pena del oriente boliviano”, exclama en tono de lamento Nardy Velasco, cacique mayor de las comunidades indígenas del municipio de Roboré, ubicado en la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz y a unos 400 kilómetros de la ciudad capital.
Roboré es la expresión de un municipio que ha sido gravemente golpeado por los incendios forestales, los asentamientos humanos “ilegales” que abren paso a la deforestación, además de la ampliación mecanizada de la frontera agrícola.
“Sabemos que los causantes son productores que nos traen el alimento para la población boliviana, pero la degradación y la deforestación que se produce hacen daño al medio ambiente y esto continúa”, protesta Reinaldo Rondón, cacique de Tierra y Territorio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH).
De acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de 2013 a 2023 la deforestación en Bolivia creció de 179.000 a 216.000 hectáreas. Datos de la Global Forest Watch dan a conocer datos mayores, de 180.000 a 360.000 hectáreas. Esta última institución monitorea los bosques globales casi en tiempo real.
Asimismo, el año 2019 cuando se registraron más quemas se afectó a 852.000 hectáreas en total.
Datos proporcionados por la organización Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), con sede en Santa Cruz, entre el 2005 y 2022 se han deforestado 3,8 millones de hectáreas en Bolivia, naturaleza que ya no fue reforestada. Y esta cifra crece.
Bolivia, tercer lugar en la deforestación
Imágenes: Probioma.
Tanto Probioma como Global Iniciative y World Resources Institute, instituciones que trabajan en temas ambientales y hacen estudios del mundo, Bolivia es un país devastador de sus bosques, es el tercer país en el mundo en quemar su medio ambiente por intereses más que todo particulares.
En 2022 y 2023, el país ocupó este puesto; el primero en la lista es Brasil y el segundo República Democrática del Congo y a pesar de tener menos de la mitad de la superficie forestal del que ocupa el segundo lugar. (Ver infografía)
“El fuego sigue desempeñando un papel importante en el país, representando algo más de la mitad (51%) de la pérdida primaria de bosques en 2023. Los incendios forestales en naciones tropicales como Bolivia suelen ser fijados por humanos”, indica el estudio “Revisión Global de los bosques” y publicado en su página web.
Los causantes de estos desastres tienen fines agrícolas para producir principalmente soya, criar ganado y regenerar pastizales, extraer oro de la tierra y producir coca destinada al narcotráfico o disputarse regiones entre grupos criminales dentro de la Amazonía boliviana.
Según Probioma, Bolivia tienen hoy una estructura agrícola que es el principal factor de la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola, siendo que en 1984 se registró casi un millón hectáreas de producción y hasta 2023 creció a 4,1 millones.
“Ese crecimiento de la frontera agrícola ha sido estimulado por cierta clase de cultivos y eso ha tenido su impacto fuerte en la deforestación en el país, uno de los cultivos que impulsa la deforestación en Bolivia es la soya y principalmente hacia el lado este de Santa Cruz, donde están los municipios soyeros y una parte hacia el norte”, afirmó en contacto con la ANF Antonio Sanjinez de la Unidad de Agroecología de Probioma.
Datos oficiales proporcionados por esta organización muestran que las plantas oleaginosas como la soya crecieron en tierra cultivable de 12% en 1983 a 46% a 2022.
Por el contrario, los cereales como el arroz, el trigo y el maíz –y que son consumidos por los bolivianos- se redujo del 51% al 31% en el mismo periodo de años; los tubérculos de 17% a 6% y los frutales de 7% a 4%. Similar panorama les tocó a las hortalizas y los forrajes.
Los incendios forestales en naciones tropicales como Bolivia suelen ser fijados por humanos con fines agrícolas, para la limpieza de tierras de cultivo o también para reclamar de cultivo. Bajo condiciones calurosas y secas, esos incendios pueden extenderse fuera de control en áreas boscosas, mencionó World Resources Institute.
“Bolivia experimentó un calor récord en 2023 debido a la combinación del cambio climático causado por el hombre y el fenómeno natural de El Niño. En 2023, la pérdida forestal debido al incendio fue más frecuente en el departamento de Beni, que experimentó más del doble de su tasa de pérdida forestal primaria de 2022. Los incendios forestales volvieron a ser frecuentes en el parque Noel Kempff Mercado y otras áreas protegidas del país”, se lee en el estudio.
Si se habla de deforestar para producir soya, no solo se hace referencia a los agroindustriales, también a medianos y pequeños productores que pueden ser los mismos campesinos o indígenas que habitan esas tierras.
Así un sector bastante cuestionado que se dedica principalmente a la producción de soya y es cuestionado por los mismos dirigentes indígenas son las colonias de menonitas, cuya población hoy alcanza los cerca de 100.000 habitantes, según Fundación Tierra.
“El tajibo, el árbol de la almendra chiquitana, todo eso deforestan los menonitas. Ellos acaban con todo, y son nuestros remedios naturales”
Nardy Velasco, cacique mayor de Roboré
La expansión agrícola fue el otro gran motor de la pérdida primaria de bosques en Bolivia. La expansión de la soya ha dado lugar a casi un millón de hectáreas de deforestación a comienzos del siglo, casi una cuarta parte de las cuales se pueden atribuir a colonias menonitas. Aunque Bolivia tiene menos producción de soya que los países vecinos, la mayor parte de su expansión ha venido a costa de los bosques, explica el estudio.
“Continúa el desastre ambiental en Bolivia. 2023 fue el tercer año consecutivo con récord de destrucción de bosque primario, causada por incendios usualmente provocados y por la expansión agrícola. El gobierno debe proteger los ecosistemas bolivianos”, comentó César Muñoz en un mensaje del director interino da Human Rights Watch de Brasil.
Otro actor muy influyente que causa la destrucción de los bosques bolivianos son los empresarios ganaderos, tanto para la cría de ganado vacuno como para la producción de pastizales. Esto se ve reflejado principalmente por el incremento de la exportación de carne a China.
Datos estadísticos dan cuenta de que el volumen de exportación de este tipo de carne creció de 15,3 millones de dólares en 2019 a 126,7 millones hasta 2023, pese a que hubo una rebaja en el precio del kilo de 6,2 dólares en 2022 a 4,7 el año pasado.
“La exportación de carne ha crecido 13 veces en cinco años, ello ha hecho que cada vez haya más ganaderos. La principal amenaza es a los bosques que se van perdiendo para la siembra y para la ganadería. La región donde más se ha incrementado es la Chiquitanía, San Ignacio de Velasco, Concepción, Puerto Suárez y Roboré”, prosiguió el investigador de Probioma.
Ya sea legal o ilegalmente, este manejo de la agricultura y la producción ganadera se está dando en el país cada vez más, al menos un 60% de la deforestación autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) –dependiente del Gobierno Central- es legal y el restante 40% no, ya que es gente que optó por evitar trámites, a decir de Sanjinez.
El también economista sostuvo que de un 100%, un 30% son menonitas dedicados a la producción de soya, un 60% son los empresarios y un 10% los pequeños productores, todos son actores de esta destrucción.
Para la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) la habilitación de superficie agrícola para la producción de soya se realizó de manera legal, en el marco de los planes de ordenamiento predial y autorizaciones de desmonte de la ABT, que es la entidad competente para otorgar esos permisos.
“El crecimiento de la superficie de soya en los últimos años no ha sido significativo; es de un 3% ciento anual; es decir, aproximadamente 30 mil hectáreas por año. Esto porque no existen las condiciones adecuadas para un incremento mayor y, principalmente, porque la prioridad de nuestro sector productivo es aumentar la productividad; o sea, producir más en la misma superficie de hectáreas. Justamente por ello, insistimos desde hace varios años en la necesidad de que se nos facilite un mayor acceso a la biotecnología (…). Si bien nuestra posición siempre será a favor de las habilitaciones legales, es posible que los asentamientos de comunidades hayan habilitado áreas de otra forma. En todo caso son las autoridades competentes las que deben brindar esa información”, señaló la Anapo a esta agencia.
La superficie que actualmente se utilizada para la producción de soya en el departamento de Santa Cruz, donde se concentra el 99% del área de siembra, es de 1,2 millones de hectáreas para la campaña de verano y que representan el 3% de la superficie total del departamento de Santa Cruz. La asociación, que agrupa a grandes, medianos y pequeños empresarios aseguró que como sector productivo promueven el cumplimiento de la normativa legal para el manejo de suelos.
“Estamos seguros que la gran mayoría de los productores la cumple porque eso le ayuda a tener seguridad jurídica para varias actividades; por ejemplo, para tener autorización de hacer los desmontes, porque de lo contrario estarían incumpliendo la Función Económica Social (FES) y ello puede ocasionarles problemas. Cabe apuntar que, según el Plan de Uso de Suelo, el departamento de Santa Cruz se extiende por aproximadamente 37 millones de hectáreas”. ANF también solicitó información a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) sobre los empresarios ganaderos, pero no respondió.
“Empresarios, menonitas y pequeños productores bolivianos, estimulados por el mercado de la soya van llevando adelante la deforestación”
Antonio Sanjinez, investigador de Probioma
Coca, oro y narcotráfico
El estudio “Amazon underworld, economías criminales en la mayor selva tropical del mundo” elaborado por de Global Initiativa –y publicado en noviembre de 2023- dio a conocer también que existe un no retorno para la Amazonía en Bolivia y el mundo, ya que el cultivo de la planta de coca atrajo al crimen organizado y a grupos armados.
“La coca es una planta autóctona de la Amazonia, con numerosos usos tradicionales y una importancia cultural significativa para los pueblos indígenas, pero también es el ingrediente principal en la producción de cocaína, y lo fue especialmente durante la década del 1970, cuando se cultivaba comercialmente en Bolivia y Perú”, se lee en el informe.
La minería del oro es otro factor preocupante para el país. Principalmente en el norte del departamento de La Paz. Investigaciones que hizo ANF dieron a conocer que las cooperativas mineras tienen poder económico y político y sus movilizaciones son amenazantes para lograr sus objetivos sectoriales.
Otro estudio elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) concluyeron que la Amazonía boliviana es la mayor zona sometida por la expansión de la minería del oro en Bolivia, seis son los municipios más afectados: Riberalta, El Sena, Villa Nueva, Nueva Manoa-comunidad Puerto Rico, Nueva Manoa-frontera con Brasil e Ixiamas.
La expansión de las cooperativas es imparable, de acuerdo con datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, en Bolivia, hasta mayo de 2023 se registraron cerca de 30.000 cooperativas mineras en general, de las cuales, cerca de 1.800 se dedican exclusivamente a la extracción del oro. De esta última cantidad, al menos el 85% se constituyen en el norte de La Paz.
Para José Pimentel, exministro de Minería y Metalurgia, no existe presencia del Estado principalmente en zonas alejadas donde llegó la minería. Los operativos que realizan con la AJAM y la Policía solo ayudan a solucionar el problema de manera fugaz, pues cuando la fuerza del orden público se va, los mineros vuelven a operar.
ANF realizó varios reportajes denunciando la destrucción de la Amazonía boliviana, principalmente cuando los operarios desmontan los cerros, destruyen la naturaleza, desvían el curso de los ríos, utilizan mercurio que es un material pesado toxico, contaminan los ríos y gastan miles y miles de litros de agua dulce para el lavado del metal precioso, principalmente.
¿Por qué sucede todo esto? ¿Cuál debería ser el rol de la ABT?
Para Sanjinez, existe desesperación y una fuerte presión hacia el Gobierno para obtener más divisas, eso hace que la economía boliviana sea más agresiva con un perfil extractivista. Por otro lado, la ABT no cumple las funciones para las que fue creada, no cuenta con los suficientes recursos destinados para la fiscalización; por el contrario, debe generar sus propios recursos para sostener a su plantel administrativo.
Su papel de fiscalizador se limita en dar autorizaciones, dar multas insustanciales de hasta Bs 20 por hectárea quemada ilegalmente o se aprueban leyes de perdonazos para los causantes de este mal. “Si esto se mantiene, vamos a seguir acabando con los bosques”.
“El Gobierno continúa promoviendo la industria agroindustrial estableciendo metas ambiciosas para las exportaciones de soja y carne de vacuno, promoviendo la expansión del biodiesel y subsidiando la actividad agrícola”, se lee también en el estudio de World Resources Institute.
De la misma manera, se intentó hablar con la ABT y con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los funcionarios de la primera entidad no respondieron a las llamadas y en el segundo caso no contestaron la solicitud de entrevista.
“El 80% de los productores de soya son pequeños, con superficies que llegan a un máximo de 200 hectáreas. Los medianos cuentan con superficies de 201 a 1.000 hectáreas y los grandes productores, que vienen a ser empresas agropecuarias, con superficies superiores a 1.000 hectáreas”
Anapo
Estos habitantes forman 70 colonias, 62 ubicadas en Santa Cruz, cuatro en Tarija, dos en La Paz y dos en Beni, su ocupación territorial es de al menos 874 mil hectáreas en el ámbito nacional; es decir, el peso poblacional de los menonitas estaría cerca del 20% con respecto a la población rural de Santa Cruz, informó Fundación Tierra.
Esta población va en crecimiento, según el estudio “Las colonias menonitas en Bolivia” (2015) de Adalberto Kopp este grupo de personas alcanzó los 56.175 habitantes distribuidos en 52 colonias y ocupando una superficie territorial de 645.735 hectáreas.
Para los dirigentes indígenas de la Chiquitanía cruceña –que entrevistó este medio– es evidente la presencia de los menonitas en sus regiones, e incluso en aquellas protegidas por normativa nacional o local. A estas personas las califican como depredadores ya que tierra que pisan, es tierra deforestada sin un mínimo de conciencia por el daño medioambiental que ocasionan.
“No son solo menonitas también lo son los comunarios que alquilan sus tierras a estas personas, ellos están afectando la vida silvestre del Valle de Tucabaca, deforestan a gran escala, ellos dicen que vienen con permiso de las autoridades. En una ocasión uno de ellos me dijo: ´Ya hablé con tu alcalde y con tu plata baila el mono”, contó la mujer indígena.
La reserva municipal de vida silvestre de Tucabaca es un área protegida municipal ubicada en el municipio de Roboré, la misma se encuentra en la serranía de Chochis.
Además de Tucabaca, el río del mismo nombre “ya se secó”, aseguró Rondón, dirigente de la Chiquitanía, un río que años atrás proveía a muchas familias de agua dulce.
“Estamos preocupados pues existe presencia de colonias de menonitas, es gente trabajadora, pero también hay impacto al medio ambiente, pues es muy elevado el desmonte que se está haciendo, el río del mismo valle se ha secado y se lo puede ver a simple vista era caudaloso”, manifestó Rondón.
Aseguró que la deforestación también es realizada por personas particulares y cuando les cuestionan del porqué de su conducta simplemente responden que tienen autorización, que son los nuevos dueños de las tierras o que son solo cuidadores.
Debido a las denuncias que se hicieron por estas afectaciones y los nuevos asentamientos de personas –que tienen el mismo fin de reforestar- fueron acusados ambos dirigentes junto a otros cuatro más en 2021. Sus acusadores fueron los nuevos asentados e incluso el mismo Gobierno. El proceso duró un año, tiempo en el que demostraron su inocencia.
“Le hemos hecho saber a la ABT el motivo de la deforestación de los menonitas, y nos dijeron que los funcionarios de la oficina nacional saben y tienen permiso de ellos. ¿Entonces, a dónde vamos a parar? Nos sentimos con las manos atadas, porque es algo sorprendente lo que pasa, hasta me he ganado un proceso”, prosiguió Rondón.
“Nosotros quisimos defender y fuimos demandados por el INRA. Gracias a Dios salimos de esto, nos denunciaron por avasallamiento, como si hubiésemos entrado a la fuerza como delincuentes. Actualmente estamos siempre bajo amenaza, pero no tenemos miedo, es nuestro derecho y lo vamos a hacer respetar”, enfatizó Nardy Velasco.
“Hemos hablado con el alcalde de Roboré y nos dijo: ¿Qué podemos hacer? ellos vienen (a deforestar) con un documento desde arriba”. Es lamentable que el Concejo Municipal también se presté a ello”.
Nardy Velasco, cacique del municipio de Roboré
Este medio se comunicó con el alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz para obtener mayor información; con el jefe de Unidad de Medio Ambiente, Fernando Mendoza; con el presidente del Consejo Municipal, Arturo Suarez, sin embargo, pese a las reiteradas insistencias ninguno contestó los mensajes y llamadas de WhatsApp.
Mientras la deforestación continué, Bolivia no solo verá la pérdida de sus bosques, también los problemas de abastecimiento de agua, los ríos que se están secando, como las lagunas Cáceres, Concepción, Guapomó
Asimismo, se denuncia la apropiación de recursos hídricos por parte de empresas ganaderas que cortan el cauce del río para dirigirlo a sus animales y afectando a las comunidades locales. Así pasa con el corte del río TCO Turubó, en las nacientes del Tucabaca.
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