Por Guardiana (Bolivia)
Ya iniciamos la década de nuestra última oportunidad para evitar cruzar el “punto de no retorno” en el mundo. Si no damos marcha atrás en el calentamiento global, los efectos serán muy destructivos. En este escenario, 20 organizaciones de la sociedad civil decidieron ver cómo está Bolivia en relación a los compromisos climáticos nacionales asumidos ante el mundo, la última vez en abril de 2022 mediante la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) como parte de los países que ratificaron el Acuerdo de París, base de las acciones que el mundo emprende colectivamente y de manera urgente para frenar el proceso de calentamiento global.
Los objetivos centrales del Acuerdo de París son lograr la estabilización de las temperaturas en 1,5 °C y un máximo de 2 °C de calentamiento global de manera cooperativa. Y las reducciones de emisiones de gases deben ocurrir en todos los países del mundo, aunque de manera diferenciada.
Como los países deben presentar cada cierto tiempo actualizaciones de los compromisos asumidos, el Gobierno de Bolivia presentó en abril de 2022 una actualización de una anterior versión de 2015, con el fin de mejorar las metas de reducción de emisiones de GEI (los GEI son gases presentes en la atmósfera que capturan energía y calientan la superficie del planeta).
En la presentación de dicha actualización de 2022, el presidente de Bolivia, Luis Arce, reconoció, además, que el Índice de Riesgo Climático Global 2021 (IRC) colocó a Bolivia como el décimo país más vulnerable del mundo, tomando en cuenta los impactos de los eventos climáticos extremos y los datos socioeconómicos asociados.
Ahora, un conjunto de 20 organizaciones, colectivos, plataformas, instituciones e instancias de sociedad civil organizaron una serie de eventos de Socialización y Análisis de la Actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de Bolivia, en la gestión 2022, con el fin de "promover espacios de información y análisis sobre los NDC de Bolivia, dirigidos a la sociedad civil y motivar la sensibilización y movilización de la sociedad civil en el marco de la priorización de la agenda climática, en el contexto actual". Para ello realizaron seis eventos en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Cobija que involucraron a más de 500 representantes de la sociedad civil, dirigentes indígenas, funcionarios municipales, académicos, universitarios, activistas y colectivos ciudadanos. Al final, lo analizado fue reflejado en el documento: Análisis desde la Sociedad Civil, Actualización de los Compromisos Nacionalmente Determinados Bolivia.
Los eventos que dieron como fruto el análisis que ahora se explica en este artículo fueron organizados por: 1) Fundación Jubileo y Hanns Seidel Stiftung, a través del proyecto Acción Ambiental Metropolitana; 2) Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC); 3) Fundación Jubileo, con apoyo de Pan Para el Mundo; 4) Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático (PBACC); 5) Grupo de Trabajo en Cambio Climático y Justicia (GTCC-J); 6) Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA); 7) Acción Juvenil Mundial (AJMUN); 8) Colectivo Angirü – Bolivia; 9) Desafío ODS - Juventud en construcción; 10) Alianza Compromisos por el Clima; 11) Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón (CESU – UMSS); 12) Hub de Finanzas Sostenibles Bolivia; 13) Fundación Gaia Pacha; 14) Ideas Verdes; 15) Movimiento Pro Pacha; 16) Red Juvenil de Economía Circular (RED JEC); 17) Red Polinizar Comunidades Agroturísticas; 18) Red del Líderes para la Democracia y Desarrollo (RELIDD); 19) Asociación Inti Illimani; 20) Red Paz Integración y Desarrollo (Red Pazinde); 21) Colectivo Salvaginas; 22) Distrito Scout Cochabamba; 23) Red Mundial de Jóvenes Políticos; 24) Colectivo Infinitum; 25) Universidad Amazónica de Pando; 26) Centro de Educación Ambiental Tarija - “Bien Te Fue”; 27) Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino Amazónicos (Conservación Amazónica – ACEAA); 28) Movimiento Artístico NERETA; 29) Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA.
DESASTRES EN 2022 FRUTO DE LA CRISIS CLIMÁTICA
El 2022 evidenció una nueva etapa de grandes impactos climáticos para el mundo. La ocurrencia de múltiples desastres climáticos de mayor escala en varias regiones parece confirmarlo con al menos 10 desastres climáticos, registrando pérdidas materiales superiores a los 3 mil millones de dólares cada uno.
📌INUNDACIÓN EN PAQUISTÁN: La extensa inundación ocurrida en Paquistán, entre junio y agosto de 2022, fue una muestra del cambio en la escala en los impactos climáticos globales: fueron afectadas 33 millones de personas, cerca de tres veces la población boliviana, y significó la destrucción de las viviendas de al menos 8 millones de personas, la pérdida de 1,7 millones de hectáreas de cultivo y la muerte de un millón de cabezas de ganado.
Estudios posteriores demostraron que lo ocurrido no fue casualidad, sino producto de la variación de la dinámica de los monzones, corrientes aéreas de humedad que, debido al cambio climático, tuvieron como consecuencia que mayores cantidades de lluvia caigan en periodos más cortos sobre Paquistán; un país que, por cierto, sólo ha contribuido en 0,3% a la cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causantes de la crisis climática.
El impacto de las inundaciones tuvo una escala tan abrumadora que se estima que produjo daños superiores a los 40 mil millones de dólares.
(Pervez Masih / Associated Press).
El conteo de los eventos de desastres climáticos ocurridos alrededor del mundo durante el 2022 fue mucho más amplio.
📌SEQUÍA EN EUROPA, ÁFRICA Y SUDAMÉRICA: El año pasado se produjo la peor sequía en Europa en los últimos 500 años. Una extensa sequía en el cuerno de África afectó a millones de personas; pero también se produjo una de las peores sequías registradas en Sud América, afectando cerca de la mitad de las cosechas, incluyendo el territorio boliviano.
📌INCENDIOS EN CHILE: extensos incendios forestales atacaron a Chile en 2022, dejando unas 13 mil hectáreas afectadas por el fuego.
📌HURARÁN EN CUBA Y EE.UU: El huracán Ian en Cuba y EE. UU. fue catalogado como el más costoso en la historia, con más de 100 mil millones de dólares de pérdidas materiales.
Todos estos desastres han significado un giro en el entendimiento de la crisis climática.
¿QUÉ PASA EN BOLIVIA?
Las organizaciones que analizaron la situación de Bolivia de cara a los compromisos asumidos, creen que "si bien los impactos para Bolivia, por el momento, no han llegado a situaciones tan críticas, pese a recientes episodios graves de desabastecimiento de agua en 2016 y extensos incendios forestales desde 2019, las proyecciones de alteraciones climáticas indican que alcanzar esa realidad de impactos climáticos más severos y disruptivos sólo es cuestión de tiempo, de no cambiar el rumbo de las políticas nacionales y regionales de manera urgente, en los siguientes meses y años. Aunque es importante reconocer que estas tendencias forman parte de patrones globales estructurales, la lucidez de las políticas nacionales de respuesta que se deben elaborar desde este año y hacia delante marcarán la posibilidad de resistir los embates de desastres climáticos, como inundaciones, sequías, incendios, acompañadas de epidemias, que serán cada vez más frecuentes, y nos pondrán en mayor estado de indefensión, y con menor posibilidad de reconstrucción socioeconómica y política".
Las organizaciones que hicieron el análisis de los compromisos asumidos por Bolivia ante el mundo, hacen notar la falta de coherencia entre el discurso y planteamientos del documento de actualización de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), presentado por el Estado boliviano, y las decisiones y acciones llevadas adelante en el plano económico.
Hacen notar que por un lado el Gobierno reconoce y describe un escenario de "creciente estrés hídrico nacional causado por las alteraciones climáticas y reconoce la extensa contaminación de recursos hídricos nacionales como elementos de una creciente inseguridad hídrica nacional, pero en este último punto evita detallar las causas y sectores que originan ese mal uso del agua y menos aún asociarlo a la política de desarrollo nacional, pese a los datos sobre los efectos de contaminación de la minería, agroindustria y de aguas servidas urbanas existentes que, además, son áreas de competencia y responsabilidad gubernamental".
Es decir, existe una falta de coherencia en el tratamiento de los temas económicos y ambientales por cuanto estos últimos son tratados como si fueran un asunto aparte y no lo son.
"La ausencia de reflexión sobre la política de desarrollo nacional permite a las autoridades continuar un debate 'ambiental' de crisis climática aislado del resto, como si nada tuviera de relación con las decisiones políticas y económicas del Estado, y este es un punto de partida débil para un abordaje más sistémico de las crisis simultaneas del clima y del agua, algo que no se refleja en el documento de actualización de NDC".
LAS PERSPECTIVAS DEL AGUA EN BOLIVIA
El informe de la Comisión Global del Agua, en un intento muy reciente de poner el foco de la atención global en una emergente crisis hídrica estructural, advirtió que para el 2030 nos dirigimos a un crítico escenario de déficit de 40 a 50% en el suministro de agua dulce en el mundo y que la única manera de detenerlo será actuando en lo global y local, simultáneamente, y de manera urgente.
Estamos viviendo una crisis sistémica del agua global y local, producto de un mal manejo de los recursos hídricos en las últimas décadas (…). El agua representa nuestro bien colectivo global más preciado, esencial para proteger todos los ecosistemas y toda la vida, y nuestra incapacidad de resolver la crisis emergente que la disrupción de los ciclos hídricos está causando, representará nuestro fracaso en detener la Crisis del Cambio Climático, La Crisis de la Biodiversidad y consecuentemente el fracaso definitivo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el mundo que queremos (…).
La Comisión Global para la Economía del Agua (GCEW) es muy clara en su primer informe publicado en
marzo 2023,
Meta 18: 100% de cobertura de agua potable con sistemas resilientes
En el análisis realizado sobre esta meta y lo logrado hasta ahora al respecto por Bolivia tomando en cuenta que dicha meta ya fue planteada en el documento de 2015, las organizaciones se muestran escépticas y creen que el Gobierno debe explicar de qué forma piensa cumplir con la misma tomando en cuenta que existen problemas como la lejanía de las comunidades rurales aún sin agua potable, los costos de inversión y presupuestos asociados, entre otros.
Meta 19: Hasta 2030 se ha alcanzado el 100% de saneamiento básico
Esta importante meta no estaba en el primer documento de 2015, para lograr la instalación de sistemas de saneamiento básico con 100% de cobertura de la población nacional para 2030. Sin embargo, "la meta y línea de base referidas en esta parecen solamente referirse a sistemas de alcantarillado destinados a canalizar la recolección de aguas servidas o residuales para evitar que su vertido produzca problemas en la estabilidad de suelos o propagación de enfermedades, pero no específicamente al desarrollo de infraestructura para su tratamiento y descontaminación.
Si bien la meta habla de la rehabilitación y mejora de plantas de tratamiento de aguas servidas, es necesario reconocer que solamente unas pocas ciudades y principales centros poblados en el país cuentan con dicha infraestructura y son menos aún aquellas donde sus sistemas están en funcionamiento, tratando activamente las aguas servidas.
En total, se estima que al menos 70% de las aguas residuales recolectadas por los sistemas de alcantarillado, que solo cubren a 70% y 46% de la población urbana y rural, respectivamente, se descargan sobre las cuencas nacionales sin ningún tratamiento. Según referencias de un informe elaborado para la FAO, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego de Bolivia estudió en 2012 el estado de 84 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país, revelando que menos de una tercera parte de estas operaban con algún grado de eficiencia, mostrando la precaria situación en la que se encuentra el país respecto al tratamiento de las aguas residuales.
Se debe avanzar en el tratamiento y reutilización de aguas en el país como parte de una línea de primera defensa ante la crisis climática. Sin embargo, la meta dedicada a los servicios de saneamiento falla en identificar la urgencia para la ampliación de las capacidades de tratamiento de aguas residuales con el objetivo de su reutilización y no únicamente limitarlas a rehabilitación de las existentes, consideradas completamente insuficientes.
El tratamiento de aguas residuales, especialmente de la minería e industria, debe ser una prioridad ya que sus impactos están asociados no solamente a consecuencias de reducción de la disponibilidad, sino también a sus efectos sobre la salud pública y amplios impactos ecosistémicos.
Meta 20: Hasta 2030, se ha alcanzado 1.400 millones m3 de capacidad de almacenamiento de agua
La meta actual es de 1.400 MM M3 de agua, dos veces menos que la presentada en 2015. Las organizaciones se preguntan si la ampliación de cerca de 50% de la capacidad de reserva actual es suficiente para atender los impactos de la crisis climática.
Si se analiza la cantidad de agua expresada como metros cúbicos por persona de capacidad de almacenamiento y se hace una comparación regional, se puede confirmar que la capacidad de almacenaje de agua instalado continuaría siendo la menor de la región, con apenas 105 metros cúbicos de agua por persona, tomando en cuenta el crecimiento poblacional proyectado.
Si bien la meta representaría una ampliación de la capacidad de almacenamiento de 28 metros cúbicos por persona con relación a la situación actual, esto todavía nos mantendría muy por debajo de la mayor parte de países en la región con capacidades actuales de almacenamiento instaladas por encima de los 300 metros cúbicos por persona, otorgándoles mayor resiliencia a impactos de sequías y eventos de desabastecimiento.
Perú, que tiene la situación más cercana, por ejemplo, posee una capacidad de almacenamiento actual de agua de 170 metros cúbicos por persona, es decir 65 metros cúbicos/per cápita más que lo que tendremos en 2030, si es que se logran gestionar los recursos y construir los reservorios adicionales a tiempo. En Chile, la infraestructura de almacenamiento de agua en 2015 ascendía por encima de 700 metros cúbicos por persona, evidenciando la inadecuada meta de crecimiento planteada por la actualización de NDC desde una perspectiva regional.
Esto es especialmente preocupante tomando en cuenta la demanda adicional de agua que se requerirá para cubrir las proyecciones gubernamentales de explotación del litio y el reemplazo del agua que ya no se acumulará en los glaciares a causa del avance del derretimiento acelerado que representan la principal fuente hídrica en la región occidente del país.
Meta 21: Hasta 2030, se ha alcanzado 1,3 millones de hectáreas bajo riego eficiente
Según las observaciones hechas durante los talleres de socialización y valoración de los NDC actualizados de las 20 organizaciones, más de 65%17 del incentivo agrícola ofrecido por el Gobierno boliviano va al sector agroindustrial, lo que es considerado un desequilibrio injustificado tomando en cuenta que la mayoría dominante de productores (cerca de 96% de las unidades productivas) son campesinos e indígenas, quienes realizan sus actividades productivas en escalas menores y, generalmente, no reciben apoyo del Estado.
E indican que si bien la ampliación del riego tecnificado es esencial para contrarrestar los impactos negativos que ya están ocurriendo, es fundamental que esta ampliación de las superficies de riego adicionales se destine principalmente a unidades productivas de la agricultura familiar, quienes mayores pérdidas están soportando y que han sido desatendidas históricamente, pero que, además, representan la base real de la seguridad alimentaria nacional.
Meta 22: Hasta 2030, se ha alcanzado 12 millones de hectáreas con Manejo Integral de Cuencas (MIC)
Las organizaciones hacen notar que la inclusión de las herramientas de manejo integral de cuencas en la actualización de los compromisos asumidos muestra pasos en la dirección correcta hacia un abordaje más sistémico e integral. Una de las problemáticas más importantes de la degradación de las cuencas nacionales, sin embargo, está relacionada con las descargas de residuos de actividades mineras y la deforestación ocurrida a lo largo de estas áreas a causa de actividades agroindustriales y ganaderas, dos problemáticas no incluidas en la descripción de acciones para alcanzar la meta.
Si bien la meta describe la mejora de la calidad y cantidad de agua, y acciones de adaptación en 12 millones de hectáreas (ha), una meta realmente ambiciosa, queda claro que esto no será posible sin la regulación real de actividades mineras, agroindustriales y ganaderas, para lo que se necesita un diálogo abierto con los actores afectados y la sociedad boliviana en su conjunto.
Esta meta refleja las profundas contradicciones entre los NDC y el Plan de Desarrollo Económico Social aprobado, y muestra que será indispensable avanzar en políticas de desarrollo nacionales que no sean elaboradas al margen de la discusión de las crisis del agua, de la biodiversidad y climática; que cada vez más demuestran ser el límite definitivo a cualquier ambición de desarrollo nacional y el bienestar de la población.
Pese a los avances en el reconocimiento de la importancia de las cuencas en esta actualización de NDC, preocupa que se haya condicionado la totalidad del cumplimiento de esta meta a la disponibilidad de recursos de cooperación externa.
Meta 23: Hasta 2030, se han aprobado 51 instrumentos de planificación para la gestión de cuencas priorizadas
También de forma condicionada a la disponibilidad de financiamiento internacional en su totalidad, esta meta complementaria en el área de manejo de cuencas propone un gran salto para llegar a 51 instrumentos de gestión de cuencas, de los actuales 14 instrumentos, lo que durante los eventos de socialización y valoración de los NDC fue considerado como un objetivo ambicioso que requerirá de grandes esfuerzos nacionales.
En términos generales, los participantes de los eventos de socialización y valoración de los NDC consideraron que será indispensable una actualización la Ley de Agua para permitir la inclusión de varios de los objetivos señalados en las metas y viabilizar su implementación por parte de las autoridades
nacionales y subnacionales.
Meta 24: Hasta 2030, se han alcanzado 900 km con infraestructura resiliente para control hidráulico
Sobre esta meta, no se tuvieron discusiones significativas que ayuden a valorar los avances que representa, pero un vacío general importante en la información pública es la cuantificación de los impactos económicos en últimos años sobre la infraestructura pública y privada provocada por los desastres climáticos, razón por la que es complejo valorar el nivel de daños y pérdidas que ocurren y la protección que esta infraestructura ofrece a la población.
Meta 25: Hasta 2030, se han mantenido y conservado 16 millones de hectáreas de superficie de humedales designados como sitios Ramsar
En términos generales, durante los eventos de análisis realizados se evaluó que la inclusión de la meta para la conservación de humedales es un paso en la dirección correcta, pero se advirtió que si no se toman medidas más estructurales estará en contradicción con el hecho de que las áreas entregadas para la extracción de recursos hidrocarburíferos, mineros y evaporíticos se sobreponen precisamente con sitios Ramsar y áreas protegidas.
Como ha sido repetido frecuentemente a lo largo de los 6 eventos realizados en las principales ciudades del país, las grandes tensiones que existen con relación al actual Plan de Desarrollo Económico Social son probablemente la amenaza más concreta a la implementación de los NDC actualizados. Se considera que si bien la disponibilidad de recursos es importante para su cumplimiento, sin voluntad ni claridad política de importancia estratégica será imposible conseguir su implementación, incluso contando con el financiamiento necesario.
Adicionalmente, durante los eventos se mencionó que para la implementación de las metas asumidas para la gestión integral del agua se requerirá de capacidades mucho mayores de articulación entre niveles de gobierno y que será crítico mejorar la difusión de información y el debate nacional sobre las problemáticas vinculadas a la minería, agroindustria y reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos para contar con una opinión pública informada y favorable a los grandes cambios que deberán ocurrir.
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