Por Guardiana (Bolivia), foto de Carmen Capriles de Reacción Climática
Miércoles 4 de abril de 2022.- La falta de control y monitoreo de las importaciones de mercurio utilizado en la explotación de oro en Bolivia impiden conocer cuál es el volumen real que llega a las zonas mineras auríferas, y es un hecho que la contaminación de los ríos amazónicos pone en riesgo la salud de las personas y su derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de las emisiones de sustancias tóxicas provenientes de la actividad minera aurífera, según la Defensoría del Pueblo.
Los resultados de una investigación defensorial, que abarca el periodo 2017-2022, fueron presentados por la saliente defensora interina Nadia Cruz. Ella dijo que el Estado no ha brindado en estos años las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud del ser humano y la naturaleza, tal como lo recomienda el Convenio de Minamata, y las vulneraciones a esos derechos, así como los de la Madre Tierra, se acrecientan debido a la falta de un plan nacional de regulación del mercurio de carácter integral e interinstitucional.
Demandó la necesidad de regular el uso del mercurio, a pesar de la resistencia del sector de la minería aurífera porque ese vacío profundizaría el atropello de esos derechos.
Acuerdo internacional
El informe defensorial “Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (2017-2022)" recuerda que dicho acuerdo internacional fue firmado por el Estado boliviano en 2013, ratificado en 2015 (el mismo año de promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia) y entró en vigor el 16 de agosto de 2017.
El Convenio de Minamata recomienda a los países signatarios cumplir con su obligación de adoptar medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas (numeral 2, artículo 7).
Dedo acusador
La investigación defensorial señala a los ministerios de Salud y Deportes, de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al Viceministerio de Comunicación y a la Aduana Nacional como responsables por la falta de la ejecución de acciones suficientes para abordar ese problema y por la inexistencia de un plan nacional de reducción de mercurio.
Dicho plan tiene que ser presentado por el Estado hasta finales de este mes de mayo, según el compromiso asumido por autoridades bolivianas.
Sin inventarios, sin información
El informe defensorial señala que no se conoce información acerca de las industrias que utilizan o podrían utilizar mercurio en sus procesos de producción ni se sabe de un inventario actualizado de las fuentes de liberación de mercurio. Estos datos deberían ser de conocimiento público, aclaró Cruz. El último de esos reportes fue elaborado en 2017 y en este se indica que la minería es responsable de más del 80 por ciento de las liberaciones de mercurio al medio ambiente.
No se sabe con certeza si las toneladas importadas de mercurio son dirigidas a determinadas regiones o cómo se moviliza el producto, tampoco se conocen la cantidad transportada ni las condiciones de almacenaje o manipulación de sustancias peligrosas.
Los antecedentes investigados permiten deducir que existe venta al menudeo, pero se la hace sin registro ni control adecuado.
Datos del informe defensorial:
- En 2010 fueron extraídas seis toneladas de oro y la cifra subió a 23 toneladas en 2020. En 2019, hubo un pico de 42 toneladas.
- En 2010 fueron importadas 1,7 toneladas de mercurio. En 2020, la cifra subió a 165,2 toneladas.
- De más de 2.000 cooperativas que hay en el país, más del 70 por ciento son auríferas que son responsables de la extracción del 97 por ciento del oro.
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Gobiernos departamentales y municipales
La Defensoría también encontró falencias en los controles y acciones en los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, señala que los servicios departamentales de salud (Sedes) no impulsan acciones suficientes para informar a la población sobre los efectos del uso de mercurio en la salud y el medio ambiente.
Encontró ausencia de canales de comunicación entre los Sedes y las instancias encargadas de los asuntos de minería y medio ambiente de las gobernaciones.
Tampoco fue encontrado algún sistema de registro de denuncias y monitoreo de la salud, y de la calidad del agua y suelos contaminados.
La Defensoría del Pueblo sostiene que los gobiernos municipales tienen insuficiente o casi nula capacidad de control y registro del mercurio que hay en sus territorios, tampoco hay registros de contaminación ni monitoreo de la calidad del agua y de los suelos, esto debido a la falta de recursos y capacitación técnica.
¿Riesgo de extinción?
Dijo que queda en evidencia un posible riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas por esas situaciones, sobre todo del pueblo Esse Ejja y sus comunidades Eyiyoquibo y Portachuelo. El riesgo cultura estaría respaldado en el abandono de una dieta basada en el consumo de pescado.
El primer pueblo indígena mencionado está a orillas del rio Beni, cerca de la población de San Buenaventura de La Paz. El otro está en el municipio de Gonzalo Moreno, en Pando. Un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), difundido en 2021, indicaba que las mujeres en edad fértil presentaban altos niveles de contaminación por mercurio.
Las embarazadas –de acuerdo con ese estudio– podían transmitir el mercurio a sus fetos a través de la placenta, causándoles problemas en el sistema nervioso, pérdida de coeficiente intelectual y daños a los riñones y al sistema cardiovascular.
Según Cruz, los médicos de San Buenaventura señalan que las y los pobladores de Eyiyoquibo tienen más problemas respiratorios y estomacales, y así descartan la contaminación, pero ese descarte lo hacen porque no hay laboratorios especializados en la zona para identificar si los daños son causados o no por el mercurio.
Diálogo y encuentro
La defensora convocó a las autoridades pertinentes a iniciar un trabajo coordinado con el sector minero para avanzar en la resolución de los problemas causados por la presencia de mercurio en las actividades auríferas.
En la presentación del informe estaban el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera; la coordinadora general de la organización Reacción Climática, Carmen Capriles; el director del Centro de Documentación e información Bolivia (CEDIB), Oscar Campanini, y el presidente de las cooperativas mineras de Bolivia, Octavio Ramos.
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