Por Guardiana (Bolivia), fotos de ABI
Jueves 6 de enero de 2022.- Las diferencias entre el Gobierno y sectores sociales se profundizan hasta el punto de llegar a las amenazas de movilizaciones contra la presentación obligatoria del carnet de vacunación antiCovid-19 o la prueba de laboratorio PCR negativa con una antigüedad de 48 horas para ingresar a entidades públicas y privadas en las que pueda haber riesgo de contagio por la aglomeración de personas.
De manera sorpresiva, el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias dispuso la noche de este miércoles la suspensión de la presentación del carnet hasta el 26 de este mes de enero, a fin de permitir que la población pueda acudir a los centros de inmunización y evitar la aglomeración de gente en esos lugares.
Percepción legal del Gobierno
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, considera que los argumentos de aquellos sectores que rechazan la obligatoriedad de la presentación del carnet de vacunación no tienen asidero legal porque los documentos emitidos por organizaciones internacionales como el Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki o la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en los que se apoya el rechazo no son vinculantes para el Estado boliviano. Estos documentos hacen referencia a la regulación de la investigación científica en seres humanos y el consentimiento libre e informado de los sujetos sometidos a las pruebas.
En el caso de las vacunas contra la Covid-19, estas tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de haber superado las tres fases de ensayos antes de ser autorizadas para su aplicación en seres humanos. La comunidad científica considera que el tiempo relativamente corto para el desarrollo de las vacunas anticovid obedece básicamente a que ya había experiencia en el combate a los coronavirus anteriores al SARS-Cov-2, que se esparció desde diciembre de 2019 en el mundo, además de la emergencia sanitaria.
El abogado especialista en derechos humanos Marco Antonio Loayza Cossío opina que los recursos constitucionales como la Acción Popular o Amparo Constitucional planteados tampoco tienen muchas posibilidades de éxito.
En pie de lucha
Uno de los sectores más radicales es el magisterio rural de La Paz que anunció la declaratoria de “pie de lucha” desde la próxima semana para exigir la abrogación de los decretos 4640 y 4641, mediante los cuales se pone en vigencia tanto el carnet de vacunación como la prueba PCR. Esas normas son consideradas inconstitucionales por los dirigentes de los maestros, quienes anticiparon que se elaboran documentos para sustentar que el Gobierno cometió errores.
Otro sector que se suma a las amenazas de movilizaciones a partir de la siguiente semana es el Comité Cívico de la ciudad de El Alto, liderado por Gregorio Gómez.
Según el decreto 4640, las personas vacunadas pueden presentar el carnet para ingresar a instituciones públicas y privadas y otros sitios con aglomeración de gente. Hay otra opción para quienes no quieran recibir la vacuna: deben presentar una prueba de laboratorio PCR negativa con una antigüedad de hasta 48 horas.
El decreto 4641 es la norma que implementa el carnet de vacunación como documento oficial que acredita que la persona portadora fue inmunizada en el Estado Plurinacional.
El dirigente de la Federación de Maestros Rurales de La Paz dijo que se ha llegado a un acuerdo con organizaciones sociales y sindicatos que se sienten decepcionados de las autoridades porque se les quieren imponer decretos “por encima de una Ley como es la Constitución; no nos pueden obligar a vacunarnos”. Pidió al Ejecutivo que no les obligue a ser parte de experimentos con vacunas que todavía están en etapa de prueba.
Aclaró que respetan el derecho de otras personas a ser inmunizadas, pero enfatizó que no se puede obligar a otros y otras a recibir la vacuna.
El martes, los dirigentes del Magisterio rural de La Paz dieron un plazo de 24 horas para la abrogación de los decretos, pero también pidieron la renuncia del ministro de Salud, Jeyson Auza, y sus viceministros por no haber consensuado.
Sectores fines al MAS
El diario Correo del Sur hizo un recuento de los sectores que no están de acuerdo con las decisiones del Gobierno y califican a los decretos de inconstitucionales por haber sido aprobados sin consulta previa ni socialización del pueblo. En la nómina hay organizaciones afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Al margen de los dirigentes del magisterio rural paceño está una parte del Comité Cívico de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”, la Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarios La Paz, la Federación Departamental de Mujeres de Comunidades Interculturales Originarios La Paz, el Consejo Departamental de Marcas Ayllus de La Paz y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz.
Iglesias evangélicas
Representantes de las iglesias evangélicas, que tampoco están de acuerdo con las determinaciones del Órgano Ejecutivo, aclaran que no se oponen a la vacunación, pero sí critican la decisión de que se exija la presentación del carnet y dicen que este es un acto de discriminación que vulnera los derechos de los feligreses. Una iglesia no es una discoteca, ya que allí se ingresa a orar, dijo el martes a la Red Uno José Luis Rivera, representante en Cochabamba de las iglesias evangélicas unidas.
El 2 de enero, Luis Aruquipa, expresidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, advirtió que si en las entidades bancarias se pide el carnet de inmunización o una prueba PCR, las iglesias y sus feligreses que se sientan afectados deberían retirar su dinero de los bancos.
Aruquipa también mencionó que el artículo 44 de la Constitución Política del Estado que señala que ninguna persona puede ser sometida a examen médico o de laboratorio, intervención quirúrgica o experimentos científicos sin su consentimiento.
Recursos planteados
Sectores que se oponen a la presentación del carnet plantearon recursos legales contra los decretos mencionados como un Amparo Constitucional y una Acción Popular para exigir el respeto a sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado.
Los artículos 128 y 129 de la Constitución contienen lo relacionado con el Amparo Constitucional que es una acción planteada contra actos ilegales o indebidos que restrinjan, supriman o amenacen los derechos constitucionales.
Los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado se refieren a la Acción Popular:
- Artículo 135. La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.
- Artículo 136. I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir.
- II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.
Se conoció también que el concejal cruceño Federico Morón planteó un Acción de Abstracta de Inconstitucionalidad contra los dos decretos. Este recurso legal está incluido en los artículos 72 al 78 del Código Procesal Constitucional.
Posición del Gobierno
El ministro de Justicia. Iván Lima Magne, restó validez a la presentación de los recursos legales y minimizó el hecho.
“Todas estas acciones –dijo en una entrevista con la Red Erbol– tienen un núcleo común, se basan en disposiciones que no son vinculantes para el Estado boliviano, entre las normas que citan todas ellas son la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, está el Código de Núremberg de agosto 1947 y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, con la última actualización de 2013”.
Además, aseguró que el Gobierno tiene respaldo en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elevado a rango de ley el 11 de septiembre de 2000 (Ley 2119).
Dicho artículo menciona en el numeral 2, inciso c), que los Estados deben adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.
Lima citó también el artículo 35 de la Constitución Política que indica que “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”.
Éxito o fracaso
El abogado especialista en derechos humanos Marco Antonio Loayza Cossío dijo a Guardiana que no le augura éxito al Amparo Constitucional ni a la Acción Popular.
Explicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) coloca ciertas limitaciones legales a un derecho. El artículo 32 de este documento señala que toda persona tiene obligaciones para con la familia, la comunidad y la humanidad, que sus derechos están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
Una Acción Popular tampoco será victoriosa, dijo Loayza. En su opinión este tipo de recurso sirve para plantear reclamos sobre los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública,
Con relación a la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, el ministro Lima dijo que aguarda la notificación del Tribunal Constitucional. Marco Loayza sostuvo que habría que hacer un análisis profundo, pero anticipa otro fracaso debido a las presiones políticas que pudieran presentarse en este caso.
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