Texto y fotos de Malkya Tudela e infografía de Ramiro Moncada para Guardiana (Bolivia)
Viernes 11 de junio de 2021.- Una comunidad de 70 familias llamada Portoncito que comparten una propiedad colectiva de 3.600 hectáreas en San José de Chiquitos perderá una parte de su tierra a lo largo de tres kilómetros para dar paso a la carretera internacional que se abre en medio de la Chiquitanía devorando todo a su paso. No es la única, pues varias propiedades comunales serán afectadas por esta megaobra que se abre paso con financiamiento del Banco Mundial y sin haber hecho una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que va a afectar.
Juan Taborga, pastor evangélico y comunario de El Portoncito, explica que las comunidades indígenas son islas de bosque que ahora tienen otro frente de preocupación con la carretera. “Mi comunidad son casi tres kilómetros de frente (sobre la carretera) y unos 15 kilómetros de fondo. Al norte (está) un empresario agricultor, siembra soya y ha hecho bastante desmonte, ha hecho atajado y no nos llegan las corrientes de agua como antes”. En el otro extremo de la carretera, están comunidades campesinas recién asentadas que “han empezado a desmontar, desmontar y desmontar”.
Una vía para conectar Brasil con el Pacífico
La carretera se abre paso desde San Ignacio de Velasco, pasando por San Miguel de Velasco y San Rafael de Velasco, hasta llegar a San José de Chiquitos. Así se completará un tramo que va a unir otras dos vías paralelas que ingresan desde el Brasil para atravesar todo el territorio boliviano y salir hacia el Pacífico.
Las obras de ingeniería tienen un presupuesto de 230 millones de dólares, financiados por el Banco Mundial, para cubrir de asfalto 208 kilómetros por cuenta de la empresa China State Construction Engineering Corporation Ltda.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se encargó de gestionar la liberación del derecho de vía con cada comunidad, tratando de inducirlas a firmar acuerdos para que cedan un espacio de 50 metros de sus tierras colindantes a la futura carretera.
Lo que la ABC no hizo fue respetar y aplicar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que se verán afectadas en su futuro inmediato.
LA ABC NO INFORMA A LOS DIRIGENTES
Taborga explica que en el caso de El Portoncito “ya está la liberación del derecho de vía, los 50 metros. Ellos (la ABC) han quedado de ir a la devolución y el alambrado que tienen que hacer, no se sabe cuándo irán a hacer esa devolución, la devolución de las plantas que van a tumbar y las plantas frutales que quedan. No se sabe nada”.
En similar situación está San Rafaelito de Sutuniquiña, comunidad a unos ochos minutos de San Ignacio de Velasco. María Concepción Rodríguez, la cacique, está preocupada de que la nueva carretera se coma una parte de las 600 hectáreas que alberga a unas 700 personas o 150 familias.
La ABC no se ha acercado a hablar con los dirigentes de las centrales indígenas, pero sí ha tenido conversaciones con caciques de las comunidades para conseguir la liberación del derecho de vía. Tampoco ha respondido a los pedidos de las autoridades originarias para resolver el Plan para Pueblos Indígenas (PPI) que está entre las obligaciones del contrato del BM.
EN LA INCERTIDUMBRE
Jovita Egüez es una joven comunaria de Villa Fátima, una de las siete comunidades de San Rafael de Velasco al borde de la carretera, que describe también el acercamiento de funcionarios de la ABC a sus dirigentes sin mayor información sobre las obras y afectación.
A pesar de tener tierra colectiva en sus manos, la falta de acceso a las fuentes de agua hace que sea difícil trabajarla. Egüez explica que los propietarios privados serán los más favorecidos con la nueva carretera.
“Son las más beneficiadas, las empresas grandes, las que tienen haciendas privadas. Los que vienen y se asientan (pequeños migrantes informales) no necesitan formar comunidad, solo vienen y se asientan. Hay tierras fiscales por allá, ellos vienen a asentarse, nosotros estamos cuidando eso”, dice.
UN PLAN PARA PUEBLOS INDÍGENAS IMPUESTO
Aunque la construcción de la carretera avanza desde mediados de 2019 a cargo de la empresa china, la ABC no ha tenido resultados en la definición de un Plan para Pueblos Indígenas (PPI) en consenso con las centrales indígenas de los cuatro municipios.
Mario Paniagua, de Fundación Tierra, que acompaña a las centrales indígenas en este proceso, explica que tanto la pandemia como el cambio de funcionarios en la ABC son los justificativos para no responder a las demandas de las autoridades originarias locales.
En sus documentos oficiales, la ABC afirma que el PPI tiene el objetivo de “mitigar los posibles impactos del proyecto”, tomando en cuenta que la carretera “activará una serie de procesos socioeconómicos con efectos sobre la dinámica sociocultural de las comunidades en la zona”.
Por eso en el gobierno elaboraron un PPI, pero callan y no responden aún las observaciones y sugerencias de las centrales indígenas chiquitanas que demandan participación en la elaboración de ese documento.
La versión completa de este reportaje puede leerla en: LA CARRETERA DEL ENGAÑO
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