Protectoras del bosque chiquitano ven convertirse sus proyectos en cenizas

Texto de Nathalie Iriarte V. y foto de portada de Junior Wasilewski para la Red de Medios para la ColaborAcción

Viernes 27 de septiembre de 2024.- “Las mujeres siempre hacemos cosas para cuidar la naturaleza y somos las que protegemos los recursos”, comienza a reflexionar Nardy Velasco, cacique indígena chiquitana del municipio de Roboré, ubicado a 400 kilómetros de Santa Cruz, la capital de la agroindustria en Bolivia.

Con una mirada llorosa producto del humo y la ceniza, Nardy siente la impotencia de ver cómo los bosques de su pueblo indígena (el chiquitano) y de otras culturas de tierras bajas bolivianas se han quemado durante casi cuatro meses sin recibir el apoyo del gobierno para salvarlos. Para Nancy, las mujeres defensoras del bosque Chiquitano están en emergencia puesto que varios de sus proyectos eco sustentables se han visto afectados por los incendios forestales.

“Teníamos proyectos como el bosque de totaí, las plantaciones de almendras, emprendimientos de recuperación y aprovechamiento de plantas nativas como el açaí y el motacú. Ahora todos esos sueños, la lucha por conservar nuestras plantas y culturas y los esfuerzos de grupos de mujeres están hechos ceniza”, cuenta Nardy, lideresa de 16 comunidades indígenas que llevan años haciendo denuncias sobre las amenazas a su territorio.

La Chiquitanía es una ecorregión de 25 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 16 millones se encuentran en Bolivia. El Bosque Seco Chiquitano, que defiende Nardy, es de vital importancia porque es donde ocurre la transición entre el clima húmedo de la Amazonía y el semiseco del Gran Chaco.

A 320 kilómetros, cerca de la frontera con Brasil, se encuentra Puerto Suárez, donde habita la comunidad San Salvador. Allí la presidenta de la comunidad es Maritza Cayú Chuvé, mujer indígena que lleva años impulsando la producción de aceite de palmera de totaí y productos derivados de esta planta.

Maritza llega a su comunidad en moto para reunirse con sus compañeras. Todas están preocupadas por los incendios y coinciden con la opinión de Nardy: “Nosotras queremos recuperar las tradiciones de nuestros ancestros de cuidar el bosque y los saberes, como la producción del aceite de totaí”.

Gracias a proyectos con ONG locales, Maritza y 17 mujeres se formaron junto con una farmacéutica para aprender a usar el fruto del totaí y diseñar productos: pulpa para helado, aceite, jabones y shampoo. Estas mujeres buscan visibilizar su proyecto y lograr que las autoridades les doten de más tierras para proteger y hacer un aprovechamiento sustentable de los bosques locales.

Otra de las mujeres que lleva más de 15 años como defensora del medio ambiente es Zoila Zeballos. A simple vista Zoila es una apacible señora de 50 años que hace labores de la casa. Pero detrás de su sonrisa amable y voz pausada hay más de 15 años de feroz activismo. Ella vivió durante más de 36 años en Roboré y luego tuvo que desplazarse a otro pueblo debido a las constantes amenazas a ella y a su familia.

Zoila recuerda la primera demanda penal que vivió: hace más de 15 años fue parte de un grupo de activistas que buscaron manifestarse para evitar que ingresen a deforestar la Reserva de Tucabaca. Entonces no tenía recursos para defenderse legalmente ni pagar un abogado.

“Con el tiempo me vi obligada a estudiar derecho. Después de sufrir muchas demandas me propuse defenderme yo misma. Tenía 40 años cuando decidí entrar a la universidad. Al principio no me tomaban en serio, pero tuve la oportunidad de hacer un curso itinerante. Aunque me sentía bruta, mayor y sin saber nada, seguí hasta graduarme en 2016”.

Zoila Zeballos, defensora del medio ambiente

Zoila se ha vuelto un referente y ahora lleva ocho años como abogada y defensora del medio ambiente. Cada vez que un activista necesita ayuda legal, la brinda con costos mínimos ya que ella sabe en carne propia lo que es vivir amedrentada.

La reserva de Tucababa que menciona Zoila alberga uno de los grandes atractivos turísticos de Santa Cruz: la Serranía de Santiago, el Valle de Tucabaca y el pueblo de Santiago de Chiquitos. Y el conflicto por protegerla de la deforestación ilegal duró muchos años. Zoila fue una de las referentes.

“Ahora –dice Zoila– que veo un área protegida fortalecida que es naciente de muchos ríos y del agua de mi municipio, que veo un turismo activo y que veo que sigue ahí para todos, pienso que valió la pena.

Actualmente, estas mujeres activistas se encuentran con la voz ronca. Pues llevan varios meses en poblaciones que respiran humo y ceniza, producto de los incendios forestales.

“Nuestros niños están sufriendo enfermedades como diarreas, conjuntivitis, tos y complicaciones respiratorias. Acá no tenemos recursos para curarlos y tampoco vemos el apoyo del gobierno”, reclama María Chiqueno, una abuelita que sufre al ver a su familia desplazada de su comunidad por los incendios y que está actualmente en un campamento en el municipio chiquitano de Concepción.

“Antes éramos famosos por las orquídeas. La gente venía a conocer la variedad de flores que tiene nuestros bosques chiquitanos, pero todo esto está siendo consumido por el fuego”, cuenta Chiqueno.

Según la Fundación Tierra, en los últimos 20 años, más de ocho millones de hectáreas fueron deforestadas en el departamento de Santa Cruz. Pero estos números comenzaron a crecer de manera exponencial con los incendios de gran magnitud que comenzaron en 2019. Ese año, sólo en la región de la Chiquitanía se quemaron cinco millones de hectáreas. Para entender la magnitud del desastre, esto equivale a la superficie de Costa Rica.

Bolivia es uno de los países con mayores tasas de deforestación. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, se pasó de tener 63 millones de hectáreas de bosque en 1985 a 55 millones de hectáreas en 2022.

“Todas las leyes incendiarias deben ser abrogadas. Como indígenas vamos a seguir luchando contra las normas que permiten la quema y extienden la frontera agrícola a zonas que no deberían ser usadas para deforestación y actividades productivas. Al final, las mujeres somos quienes debemos hacernos cargo de alimentar y de conseguir agua para nuestras familias y a causa de estas leyes estamos tomando agua contaminada y con cenizas ya que nuestras comunidades no cuentan con aguas tratadas, sino que aún consumimos de ríos, arroyos y vertientes”, dice Nardy con firmeza. 

“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext”

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