Texto y video de Wálter Vásquez para Guardiana (Bolivia), foto portada de ABI
Martes 20 de agosto de 2024.- La reducción de la desigualdad de los ingresos en Bolivia ha sido uno de los principales logros destacados por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) desde el año 2006, pero esta mayor igualdad no ha significado equidad a la hora de fijar y cobrar los impuestos. Por ejemplo, los cooperativistas auríferos y los cocaleros que son aliados del MAS dejaron de aportar $us 157,84 millones por año.
La recaudación del mercado interno en 2023 fue de Bs 32.400,8 millones ($us 4.655,28 millones). Según los datos disponibles, los mineros cooperativistas auríferos dejaron de aportar $us 151,91 millones sólo en regalías y los cultivadores de coca $us 5,93 millones por sus ventas, recursos que junto a otros que dejó de cobrar o no cobra el Estado son valiosos en la actual coyuntura de crisis económica en el país.
En Bolivia, una persona que abre su empresa debe pagar básicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA-13%), por la venta de bienes o prestación de servicios; el Impuesto a las Transacciones (IT-3%), por la compra o venta de bienes muebles, inmuebles, motorizados, entre otros; y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE-25%), además de patentes municipales por el uso de bienes públicos y autorizaciones para actividades económicas.
El último informe del Banco Mundial sobre la facilidad de hacer negocios en el mundo indica que, entre 190 economías, Bolivia está en el puesto 186 en el pago de impuestos. Esto quiere decir que es uno de los cinco países del mundo con mayor carga impositiva.
Pero esta presión impositiva no recae sobre los hombros de todos por igual, pese a que la Constitución Política del Estado establece que todo boliviano debe tributar en proporción a su capacidad económica (Art. 108). Hay sectores privilegiados que eluden la disposición de la Carta Magna, ya sea porque el actual Gobierno lo estableció así o porque fueron mantenidos beneficios instaurados en décadas pasadas.
”Con el actual sistema tributario, tenemos evidentemente sectores, estratos y demás que no tributan”, apuntó René Martínez, analista de presupuestos públicos de la Fundación Jubileo.
Una hoja que genera millones
Dos de los ejemplos más claros de privilegios en la economía boliviana son los sectores cocalero y el cooperativismo minero.
La producción de coca estuvo sujeta a tributación desde la época colonial hasta 1988, cuando se aprobó la Ley 1008 del Régimen General de la Coca y Sustancias Controladas. Antes de la Ley 1008, los cocaleros pagaban un impuesto de Bs 25 por taque (50 libras) de la hoja de coca, según Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.
Pero la Ley 1008 eximió de tributos al sector, beneficio que se mantuvo con la Ley General de la Coca, aprobada en 2017 durante el tercer gobierno de Evo Morales. Al momento, sólo los comercializadores de esa planta realizan un pago al Estado: Bs 7 por la compra al por mayor de un taque en los mercados autorizados, es decir 14 centavos por libra vendida de coca.
Jorge Santistevan, analista en temas de seguridad, indicó que ese pago tiene un carácter casi “voluntario” en el sector cocalero y sabe que incluso “no se está cumpliendo, por arreglos internos” entre las autoridades y los productores de esta hoja, los cuales mantienen una alianza política desde antes del primer gobierno del MAS en 2006. Además, hizo notar en el siguiente video que ni siquiera son los campesinos los que al final de cuentas salen beneficiados.
El último Monitoreo de Cultivos de Coca de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito calcula que en 2022 se produjeron en Bolivia de 44.400 a 55.700 toneladas de coca, con un valor estimado que va de $us 229 millones a $us 279 millones.
De la producción total, se vendió en mercados autorizados menos de la mitad del total producido (24.762 toneladas), de la que se calcula una recaudación de $us 1.098.091 como se puede ver en el siguiente cuadro. Esto quiere decir que hoy el aporte real del sector al Estado está entre el 0,85% y el 0,88% del valor total producido de la hoja andina.
Pero las recaudaciones estarían entre $us 1.969.045 y $us 2.470.063, si se cobraran esos Bs 7 por taque a la venta de toda la producción de coca del país, y estarían entre $us 7.032.306 y $us 8.821.656, si se hubiese mantenido el cobro de Bs 25 por taque producido de la planta. Con estos datos, se calcula que el Estado pierde al menos $us 5.934.215 en este sector.
Pero este monto podría ser incluso mucho mayor. En Perú, la venta de coca está sujeta al Impuesto General a las Ventas (16%), al Impuesto a la Promoción Municipal (2%) y al Impuesto a la Renta (de 10 a 29,5%).
La producción cocalera de Bolivia debería pagar el IVA (13%) y el IUE (25%). “No deberían tener un tratamiento preferencial”.
René Martínez, analista de presupuestos públicos de la Fundación Jubileo
La dirigencia cocalera ha expresado en diversas ocasiones la predisposición de su sector a pagar un impuesto, pero esa apertura no pasa del mero discurso. Es más, hay dirigentes que reconocen que pagan incluso menos por taque (Bs 4).
“A diario salen de los cocales hacia los centros y acopio y mercados millones y millones de bolivianos”, pero más del “95% de la hoja de coca que se produce en el país no se contabiliza. Entonces, si con el 5% de la coca legal que se distribuye en el mercado legal se recaudan millones ¿cuánto se recaudaría por la coca ilegal?”, reflexionó Santistevan.
Un análisis del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) revela que la producción de coca destinada al negocio de la cocaína mueve unos $us 259 millones al año.
Explotación que se queda con el 99,5% de la riqueza
Otro ejemplo notable de inequidad tributaria son las cooperativas mineras en general y las auríferas en particular. Debido a su alianza política, desde 2006 el Gobierno no sólo le ha facilitado a este sector créditos con tasas bajas de interés, maquinaria, normas, áreas de explotación y representantes en el Legislativo y el Ejecutivo, entre otros beneficios, sino que le ha permitido explotar la riqueza del país a cambio de un aporte mínimo al Estado, con la agravante de que esta actividad contamina con mercurio los ríos, peces y la sangre de seres humanos.
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Debido al favoritismo del MAS hacia los cooperativistas mineros, el número de socios cooperativistas se incrementó de 54.200 en 2006 a 129.410 en 2022, un total que no incluye la mano de obra asalariada y eventual que se contrata de manera ilegal.
En el caso del oro, el Código de Minería (Ley 1777), aprobado en 1997 durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fijaba una alícuota máxima de regalía del 7%, cuando la cotización internacional del mineral precioso superara los $us 700 la onza troy. Pero la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada en 2014 durante la segunda gestión de Morales, bajó ese porcentaje a 2,5%, para el caso de los yacimientos marginales, y a 1,5% si ese mineral se comercializa en el mercado interno.
La reducción de la alícuota le ha significado al Estado grandes pérdidas por la explotación de un recurso no renovable, el cual hoy representa el 45,4% del valor de producción total minera de Bolivia.
Según datos oficiales, el 99,5% de la producción de oro del país está en manos de los cooperativistas, actores mineros que declaran que esa explotación se realiza en yacimientos marginales, por lo que corresponde un pago de regalías del 2,5% o menos.
En 2022, el valor de la producción aurífera del país fue de $us 3.073 millones, de los que se exportaron $us 3.007,9 millones; aunque sólo se pagó al Estado $us 63,2 millones en regalías, es decir, el 2% del valor total producido. Y éste es el único aporte que los cooperativistas mineros hacen a las arcas del Estado, pues están exentos de impuestos.
Si hoy se pagara el 7% contemplado en la extinta Ley 1777, los ingresos del Estado hubieran llegado a $us 215,11 millones, monto que sería mucho mayor si la alícuota del 2,5% o del 7% se ajustara a la actual cotización del mineral en el mercado internacional (más de $us 2.400 la onza troy). Con estos datos, se calcula que el Estado pierde al menos $us 151,91 millones.
Y al igual que pasa con la coca, el sector aurífero podría contribuir muchísimo más.
Alfredo Zaconeta, experto en temas mineros del Cedla, explicó que la figura del cooperativismo aurífero no existe en otros países. En Perú, esa actividad es realizada de manera legal por empresas mineras que pagan el Impuesto a la Renta (29,5%), el Impuesto Especial a la Minería (de 2% a 8,4%) y el Gravamen Especial a la Minería (de 4% a 13,12%), además de las regalías del sector.
Además de lo anterior, está lo que Bolivia pierde por el contrabando de oro nacional a otros países. En mayo de 2021, el exministro de Minería Ramiro Villavicencio reconoció que del país salen ilegalmente por año “$us 1.800 millones” en oro, sin pagar regalías ni generar divisas.
Un régimen impositivo que esconde capitales millonarios
Y los cuestionamientos tambien tienen que ver con otros sectores económicos en los que grandes capitales realizan aportes mínimos escondiéndose en los regímenes especiales para el pago de impuestos (Simplificado, Integrado y Agropecuario), aún vigentes en el actual sistema tributario, regímenes que debían ser “transitorios”, según René Martínez, analista de la Fundación Jubileo.
El Régimen Simplificado, por ejemplo, fue creado para acoger a vivanderos, artesanos, pequeños comerciantes y otras actividades económicas que requieran de poco dinero. Sin embargo, este sistema, que exige cada dos meses un pago de 47 a 300 bolivianos por parte de negocios con capitales que estén entre los 12.000 y 60.000 bolivianos, ha servido como refugio del contrabando y de grandes comerciantes.
Hay negocios “que generan millones de dólares al mes, pero no pagan impuestos precisamente por la afinidad política que tienen con el Gobierno nacional”, sostuvo Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija.
Y es que el Gobierno no sólo ha mantenido los beneficios impositivos transitorios del sector, sino que les ha otorgado también normas y acceso a fondos para créditos productivos.
Martínez precisó que, si bien el Régimen Simplificado está vigente desde antes de la gestión del MAS, fueron los gobiernos masistas los que mantuvieron estas preferencias para gremiales, transportistas y agropecuarios.
“Los comerciantes tienen tiendas y puestos pequeños a la vista, pero tienen también depósitos enormes llenos de mercadería. Pagan una cantidad ínfima en el Régimen Simplificado, lo que ha permitido que muchos se vuelvan millonarios”. Hay varios lugares en el país, como el Mercado Campesino de Tarija, donde las autoridades no pueden entrar a controlar. Se las saca a palos”, aseguró Romero. Así, siguen lucrando bajo amenaza de convulsión social si tocan sus intereses.
Los reportes de Impuestos Nacionales detallan que entre 2014 y 2022 la cantidad de contribuyentes registrados en los regímenes especiales (Simplificado, Integrado y Agropecuario) creció de 55.106 a 131.862. Esto no implica una ampliación del padrón nacional de contribuyentes, que en general apenas creció a un ritmo anual del 0,8% en ese mismo periodo, de 438.392 a 465.781.
La expansión del Régimen Simplificado refleja también la informalidad en la economía nacional (80,2%) –una de las más altas del mundo–, lo que quiere decir que no está controlada, supervisada, ni paga impuestos.
“Todos saben que esas economías, además de ser ilegales, también permiten el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, pero no se hace prácticamente nada al respecto (…). Los contrabandistas operan bajo la observación casi cómplice de las diferentes autoridades nacionales y locales”, lamentó Romero.
“En vez de ampliar el universo de contribuyentes, se ha informalizado la economía y más agentes económicos han pasado al sector informal en estos años”, coincidió Martínez.
Romero mencionó que en Argentina, Brasil y Chile la economía informal es muy pequeña, por lo que todos pagan impuestos. El aporte promedio de los comerciantes en otros países de la región es del 30%, por lo que los gremiales en Bolivia deberían pagar al menos el IVA (13%) y el Impuesto a las Transacciones (3%).
Los analistas coinciden en que en el sector del transporte pasa lo mismo que en el comercio minorista. El Régimen Tributario Integrado está abierto para transportistas que cuenten con un máximo de dos movilidades, pero hay empresas que se acogen a este sistema para no facturar y para realizar un pago trimestral de entre Bs 100 y 700.
En el caso del Régimen Agropecuario Unificado, que permite un pago único anual de entre Bs 3,13 y Bs 131,78, acoge también a grandes productores que se hacen pasar por pequeños. El Gobierno, además, les ha permitido desmontes y quemas casi impunes a campesinos, interculturales y casi todo el que lo quiera hacer.
En esta línea, la normativa vigente define una multa económica de entre 20 y 100 UFV (de Bs 50 a Bs 251) por hectárea quemada sin autorización, y de 39 a 235 UFV (Bs de Bs 98 a 591) por hectárea desmontada sin autorización.
Lo mucho que queda por saber
El cálculo realizado por Guardiana sobre lo que pierde el Estado en impuestos es sólo un ejercicio para conocer el aporte tributario de aliados políticos del MAS al país y las condiciones en las que lo hacen. No es posible obtener cifras más precisas debido a que la información de estos sectores no suele ser transparente, como en el caso de los cocaleros.
Es más, el Monitoreo de la UNODC es realizado con base en cifras proporcionadas por el propio Gobierno, el cual muchas veces recibe los datos de la dirigencia cocalera.
“Sólo ellos (Gobierno y cocaleros) conocen el porcentaje que debería llegar al Estado por recaudación de la hoja de coca, nadie más”, hizo notar Santistevan, quien cuestionó también la falta de transparencia sobre el destino de la producción total de coca y la información oficial solapada que se difunde del sector, la cual tampoco puede ser auditada.
René Martínez, de la Fundación Jubileo, observa que “el abanico de sectores o agentes que no tributan es muy amplio. Entonces, se necesitan ajustes, reformas para ampliar este universo tributario en el largo plazo. Y eso es más complejo con la actual situación económica”, a la que se suma la etapa preelectoral.
Romero alertó a su vez que la “inequidad” en el sistema impositivo de Bolivia puede ocasionar la salida de capitales bolivianos a otros países. “No tiene sentido hacer empresa, ser formal, generar empleo y pagar impuestos, si ves al frente a una persona que genera cinco veces más que tú y no paga tributos ni tiene ningún tipo de presión por parte del gobierno local o nacional”.
Ambos economistas coincidieron en que resolver la inequidad impositiva será un proceso largo y dependerá de voluntad política y de un gobierno con otra visión sobre la administración del país.
“Difícilmente, un gobierno populista de izquierda o socialista va a ir en contra de sus votantes, a pesar de que esto en el largo plazo puede generar un crecimiento económico sostenible fuera de las materias primas”, aseveró Romero.
“El universo tributario es muy pequeño, se necesita ampliarlo, que llegue a otros sectores y que se cumpla pues el mandato constitucional: que todos tributen de acuerdo con su capacidad económica”, concluyó Martínez.
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