Texto, audios e infografía de Esther Mamani para Guardiana (Bolivia)
Miércoles 1° de marzo de 2023.- Este lunes y en menos de 24 horas, fueron registrados dos muertos y dos heridos en cárceles de Bolivia. Penales totalmente hacinados de extremo a extremo en un 366 por ciento. Donde debían caber unas 6.765 personas, hoy hay 24.824. El 71 por ciento de estos serían reincidentes. Cada año se producen hasta 25 muertes en los reclusorios, según datos de la Defensoría del Pueblo en el informe “Volcar la mirada a las cárceles”, 2018. Y la forma en que allá muere la gente va desde negligencia médica, pasando por asesinatos hasta llegar a los suicidios. La seguridad y rehabilitación de las y los presos están a cargo de la Dirección General de Régimen Penitenciario.
Uno de los botones de muestra de lo que allá acontece es el caso de Álvaro Roberto Salinas, de 23 años. Este joven de cabello ennochecido a un costado del rostro moreno y de mirada burlona y desafiante fue acusado y luego sentenciado junto con Luz Maya Peralta por la muerte de Anakin Tancara. Luego de matar al joven de 22 años, tuvieron relaciones sexuales. Ahora tendrán que pasar en prisión 30 años sin derecho a indulto; aunque la sentencia aún no ha sido ejecutoriada.
El informe de un estudio psicológico que se le hizo a Salinas, pedido por la defensa, estuvo a cargo del criminólogo Emilio Vizcarra, quien luego declaró: “Encontré que, por la escena del crimen, la personalidad que tienen y lo que manifestaron, el delito fue planificado. Después de matar a Anakin, tuvieron relaciones sexuales. Planearon después cómo deshacerse del cuerpo que habían desmembrado. Eso denota total indiferencia afectiva por parte de ambos”.
Esa evaluación se hizo bajo criterios psicológicos de DSM 3 que es una especie de manual para el diagnóstico de trastornos mentales y el test de psicopatía de Robert Hare, ambos en el formato de entrevista. La defensa de Álvaro Salinas desconoció esos resultados. Con todo, Salinas fue enviado al penal de máxima seguridad de Bolivia: Chonchocoro. En lo más frío del altiplano, lejos de recibir una rehabilitación, Salinas reincidió y mató a su compañero de celda. Su caso es un ejemplo de un sistema penitenciario que no cumple lo estipulado en las leyes bolivianas que es rehabilitar para reinsertar luego a una persona en la sociedad.
El interno Álvaro Salinas no recibió ningún tratamiento y cuando mató a su compañero de celda estaba ebrio. Proveniente de una familia desintegrada, el joven fue echado por su padre a los 16 años en Guanay, cuando descubrieron que tenía relaciones sexuales con su madrasta. Ya una vez en Chonchocoro, su situación no mejoró.
A mediados de abril del año pasado se podía leer titulares como: El Estado aplica la reinserción de reclusos de manera formal a 20 años del mandato de la ley "En la ley 2298 se estipuló que se tiene que trabajar en un proceso de reinserción (de privados de libertad), pero nos daba un paraguas general, luego en 2018 se sacó un documento con los lineamientos; ya el año pasado (2021) hemos sacado un protocolo que nos dice, paso por paso, cómo vamos a ejecutar el proceso de reinserción”, dijo a ANF Rita Castelo Ormachea, responsable nacional del Post Penitenciario de la dirección General de Régimen Penitenciario. Pronto será un año de esa declaración. ¿Qué pasó?
Los presos siguen muriendo y desde Régimen Penitenciario poco o nada informan, salvo uno que otro comunicado. Juan Carlos Limpias, actual director de Régimen, tuvo que salir ante cámaras para informar sobre la muerte de varios reos en las últimas semanas, pero cuando se trata de cuestionamientos o preguntas de los periodistas, la respuesta es el silencio.
10 psicólogos para 64 cárceles
Y cuando de las cárceles de Bolivia se trata, las cifras parecen desbordar cualquier escenario imaginado. ¿Podrá usted imaginar 10 psicólogos, 15 médicos, 10 odontólogos, 10 trabajadores sociales, siete pedagogos y 20 abogados para atender a más de 24 mil personas distribuidas en 64 cárceles que tiene el país?
Ramiro Llanos fue director de Régimen Penitenciario y una de las personas que más cambios sugirió en las cárceles, empezando por una administración civil. La exautoridad confirmó estos datos a Guardiana haciendo énfasis en que ese número de funcionarios es muy reducido para atender los 64 recintos penitenciarios del país.
Llanos está convencido de que “para rehabilitar pues tienen que estar los rehabilitadores y estos son los psicólogos, los sociólogos, aquella gente que conoce algo de ciencia de conducta. Así vamos a poder rehabilitar, de lo contrario seguimos con la mano dura, la voluntad de un buen o mal servidor policial, entonces eso se tiene que cambiar”. No se trata de una postura contra la Policía, aseguró, pero sí de reconocer limitaciones y poner la luz en una decena de errores.
“De esos 76 funcionarios, divididos entre 4 que son de Consejo penitenciario, y eso dividido entre los más de 24.000 presos ¿A cuántas personas tienen que atender? Casi mil por día y eso es imposible. Sale la gente a la calle y vuelve a matar. El Estado no está cumpliendo su rol. En palabras del mismo exComandante de la Policía (Jhonny Aguilera), el índice de reincidencia es de 71%”, calcula Llanos. A esto se suma el tema de presupuesto, otra de las patas de una mesa que va colapsando.
La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión indica en el artículo 178 que la finalidad del envío a una cárcel es: “El tratamiento penitenciario tendrá como finalidad la readaptación social del condenado, a través de un Programa Progresivo, individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las relaciones familiares”.
Esta misma ley, sobre la asistencia psicológica, estipula la otorgación de tratamiento psicoterapéutico a los internos, apoyar de modo psicológico a las personas que determine el Consejo Penitenciario y a los internos que acudan voluntariamente. También se tiene redactado que los mismos privados de libertad puedan organizar grupos de terapia para ellos y terapia especializada para menores de edad imputables.
En el caso de presos drogodependientes y alcohólicos, sus tratamientos se asocian con los informes psicológicos que se les hacen, aunque esto puede demorar o incluso nunca llegar.
Sin embargo, ni se cumple esa ley ni tampoco la ley de leyes que es la Constitución. Al respecto, Ramiro Llanos hace notar que son los artículos 73 y 74 que no se cumplen, como se puede escuchar en el siguiente audio:
"I. Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexto de las personas retenidas.
II. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios".
Artículo 74 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia
Para la abogada Mónica Irusta con quien dialogó Guardiana, las fallas vienen desde Régimen Penitenciario como se puede escuchar en el siguiente audio. Esa instancia no cumple con las determinaciones normadas para la administración de una prisión. “Las condiciones son infrahumanas. Hay tasas de suicidio que no se están investigando, pero vienen de esa falta de profesionales en los penales”, amplía.
“No tienes acceso a un psicólogo. Muchas veces yo hago que vayan a evaluar a mis defendidos y me encargo de llevar a un psicólogo porque sé que no lo van a hacer en la cárcel”.
Abogada Mónica Irusta
La abogada inició su carrera en una oficina tan pequeña como un baño casi a lado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en la ciudad de El Alto. Durante más de ocho años, su trabajo se ha caracterizado por atender a personas que están en el banquillo de las acusadas. “Cuanto más crece una sociedad se hace más violenta. Yo defiendo a quien necesita de la ayuda de un abogado. Pese a que hay autores confesos, la presencia de una abogada es necesaria porque podrías estar mucho tiempo en la cárcel sin sentencia y sin que se contabilice tu tiempo ahí”, explica la profesional en leyes.
“Yo les digo a mis clientes que cuando hay este tipo de casos violentos, no puedo atenderles sin un informe psiquiátrico y lo pido porque sé que en las cárceles no se accede. Incluso el tema de medicación, si necesitan hay psicotrópicos que en el Hospital de Clínicas se dan, pero en la cárcel no vas a tener”, detalla de las carencias del sistema penitenciario.
Irusta y Llanos, desde aristas diferentes en torno a las cárceles, coinciden en señalar que drogas, alcohol y camarillas o pandillas están en los recintos penitenciarios.
Emma Bolshia Bravo y Andrés Gautier, fundadores del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), han generado decenas de informes sobre las condiciones de vida de los internos desde 1997. El ITEI atendió desde junio de 2021 a 40 personas de los penales de Miraflores y Obrajes en la ciudad de La Paz. Antes de la pandemia también estuvieron en los recintos de San Pedro, Qalahuma, Patacamaya y Chonchocoro, brindando asistencia psicológica una vez por semana.
“En Miraflores nos dijeron que estaban felices del trabajo de la psicóloga, pero ella tiene tantas tareas que no puede ser regular en las atenciones. Nosotros creemos que una psicoterapia tiene que ser constante. En San Pedro están desbordados, ahí nunca escuché que un psicólogo hiciera psicoterapia. Nosotros trabajamos en el sector La Posta y vemos que estos profesionales sí hacen labores de evaluación, pero no de tratamiento por la carga laboral”.
Psicólogo Andrés Gautier
Emma Bolshia Bravo Cladera, quien tiene un diplomado en Pedagogía Curativa Clínica de la Universidad de Friburgo, Suiza, hace notar un aspecto importante sobre quiénes también deberían ser tomados en cuenta para ser atendidos: “Hay intentos de algunos profesionales en hacer una atención psicológica y no solo para los internos, sino para el personal administrativo y de seguridad. Trabajar en cárceles es estar con una carga emocional. Es un trabajo duro, ingrato, bajo estrés y con mucho temor. Es personal que necesita tener una asistencia psicológica”.
Una de las experiencias que, por ejemplo, se vino abajo fue la de la Carrera de Psicología de la Universidad Pública de El Alto. Los estudiantes desistieron y aunque el plan de trabajo era bueno, quedó solo en papel. No se pudo garantizar el acompañamiento de un profesional de psicología.
Ambos profesionales de ITEI han ingresado muchas veces a las cárceles del eje central para dar talleres con diferentes temáticas, desde teatro hasta diálogos colectivos. Ellos lamentan la burocracia de Régimen Penitenciario ya que cada ingreso implica meses de peticiones. “Al menos de los casos que hemos atendido hubo ese retraso. Es un problema y nosotros vemos que muchas personas privadas de libertad realmente tienen problemas mentales y están en el grueso de la población, ya son patologías psiquiátricas”, alerta.
Las peticiones de atención psicológica no son atendidas ya que dentro de cualquier penal conseguir cama, un espacio seguro, comida y otros enseres se antepone como prioridad a la terapia psicológica. El Mecanismo de Prevención de la Tortura de Bolivia, donde también participaron Bolshia y Gaiter, en su informe de 2021, determinó que no sólo hay carencia de estos servicios, sino que su falta ocasiona traumas a los internos.
Las evaluaciones psicológicas, solo en el papel
Según los procedimientos señalados en la Ley 2298, los internos son clasificados según tres tipos de antecedentes: personales, sociales y laborales, y familiares (ver infografía).
Una vez analizados estos datos en los folders de cada nuevo interno se procede a su etapa de adecuación. Según el caso, esta puede ser una fase muy complicada y llevar a la depresión a las y los internos, y a la búsqueda de reconocimiento para no ser atacados, lo que desencadena conductas violentas. La diferencia está en los recursos económicos, por cuanto sin dinero con el qué costear el papel higiénico, una cama, una silla o una radio, todo es más difícil.
En el caso de Álvaro Salinas, el test psicológico buscaba identificar conductas psicópatas; aunque tras determinar el problema, no se hizo seguimiento ni se aplicaron terapias de rehabilitación o reinserción. Las pruebas que se pueden hacer son tantas como tipos de delitos.
Están los cuestionarios de personalidad donde se identifican hasta casos de personas que buscan presentarse como socialmente aceptables hasta casos de internos que muestran conductas de arrepentimiento y cambio. Esto último es conocido como autoterapia y consiste en alejarse del entorno carcelario aún dentro de él.
Aunque no se hacen, también están las pruebas psicológicas para la evaluación de la inteligencia. La prueba de escala de Alexander es una de las que más se aplica en centros penitenciarios, pues es útil para evaluar personas con desconocimiento del idioma o que presentan dificultades verbales.
Entre las evaluaciones psicológicas para casos de psicopatía, los ítems que se revisan en un interno son sus actitudes de egoísmo, insensibilidad y falta de remordimiento. Todas estas herramientas de la psicología incluyen otros procedimientos y no todos calificados como tratamiento. Son resultados de años de investigación y pruebas. Pero todo en un ámbito académico que no aterriza en la realidad. Salvo el centro de Calahuma en el que están menores de edad, aunque no tienen la obligación de recibir esos tratamientos.
Una luz en las tinieblas
La terapia laboral en los reclusorios también puede ser una alternativa para el cambio de quienes han cometido un delito o las personas acusadas de uno y que están privadas de su libertad. Por cada rubro o actividad laboral en las cárceles bolivianas, según su infraestructura, existe una asociación para que los internos elijan. Se puede cobrar entre 25 y 100 bolivianos para la inscripción, lo que implica material de trabajo y un certificado.
Las ramas laborales centrales son hojalatería, carpintería, porcelana, venesta, cuero, calzados en cuero, sastrería corte y confección, acrílicos, peluquería, albañilería, técnicos en radio, tv, PC, lavanderos, mensajeros (personas taxis) y tiendas y pensiones. Para quienes tienen sentencia que no incluya “sin derecho a indulto” estas formas de terapia ocupacional incluso pueden servir para reducir sus tiempos de condena. En total son 22 rubros ocupacionales, pero cuatro de ellos no son reconocidos por Régimen Penitenciario, aunque sí son practicados.
Silencio, complicidad y falta de autocrítica
El penal de máxima seguridad de Bolivia es Chonchocoro. Este centro acumula 34 muertes desde su creación. El informe “Volcar la mirada a las cárceles” indica que “se presume que (las víctimas) estaban inmersas en disputas o atravesaban una situación de vulnerabilidad por estar lejos de sus guardaespaldas. Pero, ante todo, es la falta de seguridad penitenciaria lo que fue aprovechado por sus rivales para cometer estos hechos”.
El consumo de alcohol, drogas, camarillas y más es evidente y las redadas y controles siempre terminan en decenas de decomisos relacionados con la delincuencia. Ante este escenario el Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario han dejado la responsabilidad en manos de los mismos privados de libertad.
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