Guardiana, Cochabamba y La Paz (Bolivia)
Cuatro mujeres fueron asesinadas en dos días en Bolivia en lo que va de esta semana, una tenía solo 16 años y la otra 18. Sucedió en tres departamentos: Chuquisaca, La Paz y Oruro. Para entonces, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, había informado que desde enero de 2019 hasta ese momento, 8 de julio, se habían producido 68 feminicidios; sin embargo, ese mismo día la cifra ya había cambiado.
La Razón informó este 10 de julio que “el Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez sesionará este viernes 12 de julio para definir acciones ante el alto índice de casos de feminicidios que se cifran en unos 70 en lo que va del año, en ese contexto se evaluará la declaratoria de alerta nacional. ‘(La declaratoria) es parte de las acciones y de los planteamientos que se van a discutir en el gabinete y será el que defina cuál será la mejor forma de encarar las acciones que se están planteando’, señaló este martes la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización Ana María Romero, Tania Sánchez”.
Tania Sánchez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización Ana María Romero (foto Cancillería)
El artículo 37 de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) indica que es el Gobierno, a través del Ente Rector (Ministerio de Justicia según la misma ley), el que declarará la alerta contra la violencia en un área o sector determinado a nivel nacional, según sea el caso, con relación a ámbitos específicos en los que se detecte un índice alarmante de casos de violencia hacia las mujeres, expresada en cualquiera de sus formas. Los departamentos que más casos de feminicidios han reportado en lo que va del año son La Paz y Cochabamba.
Si se declara la alerta, la ley indica que todas las instancias con responsabilidad y competencia deberán activar medidas, acciones y recursos de emergencia para afrontar el problema de manera eficiente y resolverlo, preservando los derechos de las mujeres.
Entre las medidas que se espera sean adoptadas por el Ente Rector están el establecimiento de una comisión conformada por un equipo técnico interinstitucional y multidisciplinario especializado que realice el seguimiento respectivo, presidido y financiado por la entidad responsable. Además, se deberá implementar con carácter intensivo las acciones de prevención, atención y protección, para afrontar y reducir los casos de violencia en el ámbito o la zona objeto de la alerta, debiendo las autoridades de instituciones públicas en todos sus niveles (nacional, departamental y municipal) reasignar los recursos económicos que se requieran para ejecutar acciones que demanden la atención de la alerta, aplicando para tal efecto el mismo procedimiento que el determinado para la declaración de situaciones de emergencia.
La ley también indica que se deberán elaborar reportes especiales sobre los avances logrados, mediante un monitoreo permanente que permita determinar las condiciones de las mujeres con respecto a la violencia y evaluar los mecanismos de atención y protección, así como el acceso de las mujeres a los mismos, que incluya recomendaciones para su fortalecimiento.
Desde diferentes frentes se han hecho notar mediante observaciones, sugerencias y pedidos todo aquello que no está funcionando en Bolivia en la lucha contra la violencia. El lunes 8 de julio, Guardiana presentó 16 observaciones y este 10, la activista María Galindo planteó, mediante su columna de opinión, propuestas que además hizo notar que ya las había entregado en su oportunidad.
En el caso de las observaciones , Guardiana habló con Mónica Novillo Gonzales, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer; Frida Choque Téllez, abogada penalista del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza; Cecilia Enríquez, responsable especialista de ONU Mujeres en la eliminación de violencia por razón de género; Mónica Bayá Camargo, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, coordinadora de la Alianza Libres Sin Violencia y coordinadora del Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa desde las Mujeres, y Evelyn Calderón Yana, fiscal de materia, actualmente coordinadora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, Delitos Sexuales y Trata y Tráfico de la ciudad de La Paz. Además, también fueron revisados informes e investigaciones al respecto.
Estas personas concluyeron que más que modificaciones a la Ley 348 (que sí se necesitan algunas), lo que se requiere con urgencia es que esta y otras leyes que debieran servir para proteger a las mujeres de la violencia machista sean cumplidas con eficiencia en Bolivia porque existe una extrema debilidad institucional. Además, se debe proporcionar los recursos económicos y humanos necesarios y estos últimos deben ser capacitados y dejar de rotar porque esto perjudica. No es todo. En prevención, tanto a nivel comunicativo como educativo, prácticamente no se ha hecho casi nada.
Mónica Bayá indica que “la ley da unos lineamientos sobre lo que tienen que hacer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicación y otras instancias; pero prácticamente todo se ha reducido a: ‘Hay la 348, denuncia, es la línea gratuita' y pare de contar’”.
Novillo también observa que “no hay acciones concretas en temas de prevención. Son escasas acciones o acciones aisladas, esfuerzos que hacen instituciones y demás, loables, pero que no tienen un impacto en la transformación de los imaginarios de la gente, del común para rechazar la violencia”.
Cecilia Enríquez y Mónica Bayá opinan que no hay una estrategia coordinada de prevención de la violencia. Enríquez dice que “uno de los problemas con las campañas es que todas dicen: ‘Diga no a la violencia’, decir ‘no a la violencia’ me dice nada, por lo tanto, los feminicidas siguen matando, las mujeres siguen aguantando la violencia (…), pero es porque no hay una estrategia seria de prevención contra la violencia”.
Soluciones con más cambios
María Galindo plantea, por su parte, soluciones que sí implicarían mayores cambios, incluyendo la normativa. Entre sus propuestas están convertir la fuerza de lucha contra la violencia en un servicio civil compuesto por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales con un enfoque feminista, que crea en la palabra de la víctima, que actúe con celeridad, sin burocracia y que cuente con un servicio forense, donde también se certifique violencia psicológica; que la Asamblea Legislativa organice una comisión de auditoría jurídica de todos los casos de feminicidio; reformar la Ley 348, no bajo la lógica de endurecer las penas.
Pedido para ingresar a las cárceles
Además, Galindo solicita públicamente en su columna, después de que ya lo hizo mediante otras formas, que le permitan ingresar a las cárceles para hacer entrevistas en profundidad a las personas acusadas de feminicidio, aprovechando todos sus conocimientos y asegura que tal acción no busca rédito político ni económico de ningún tipo.
El pedido tiene que ver con la necesidad de que se realice un “análisis a profundidad del feminicida y construir, con base en ese análisis, espacios de desidentificación social entre feminicida y ‘hombría’. Es para ello que he solicitado a los ministerios de Gobierno y de Comunicación me permitan la entrada a las cárceles del país para sostener entrevistas grabadas con feminicidas, violadores, padres irresponsables, etcétera, para realizar un estudio que permita confrontar a la sociedad y los hombres con la visión de los victimadores”.
"La propuesta comunicacional -indica Galindo- es urgente y solicito, una vez más, desde esta palestra, se me permita realizarla, pues tengo todos los instrumentos teóricos para llevarla adelante. Al Estado no le costaría ni un peso. No pido pega, ni dinero, sino simplemente entrar con mis equipos de registro a las cárceles del país para hacer el estudio".
Este tipo de investigaciones, sobre todo en el caso de los feminicidas, han sido realizadas en otros países como España y en los últimos años también se ha intentado efectuar en Brasil. En el caso de España liderada por un conjunto de universidades que han tratado de estudiar el perfil más preciso de quienes son feminicidas, con mejor suerte que en el caso brasileño debido a la falta de información más detallada en este último caso.
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