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Por Guardiana (Bolivia)

Viernes 27 de septiembre de 2019.- Un hombre le amarró las manos y los pies a su pareja, y le echó agua hirviente sobre el cuerpo, en la ciudad de Cochabamba. Otro sujeto, en la localidad cruceña de Yapacaní, golpeó a su esposa e intentó quitarle la vida a ella y a su hijastra de 16 años con una motosierra, y amenazaba con quemar sus cuerpos.

Ambos sucesos despertaron la preocupación del colectivo Mujeres de Fuego y de la Fundación Voces Libres, no solo por la crueldad de las agresiones, sino por la dependencia emocional y económica que las víctimas habían desarrollado y que las llevó a regresar con sus agresores, poniendo en riesgo sus vidas y la de sus hijos. Esas organizaciones piden que el Ministerio Público actúe de oficio a fin de evitar que los casos terminen en feminicidio.

PRIMER CASO

El primer caso tuvo lugar a las 17:00 del 20 de septiembre en una casa ubicada en el barrio 20 de Octubre, en la zona del kilómetro 9 de la avenida Petrolera, zona sud de Cochabamba. La mujer, de 36 años y madre de cinco hijos (de entre 9 y 19 años), contó que su pareja le había preguntado por un dinero que tenían. Ella se puso nerviosa y no recordaba dónde lo había guardado.

El hombre le propinó golpes de puño y patadas, según la abogada de la Fundación Voces Libres y asesora de la organización Mujeres de Fuego, Mercedes Cortez. Luego la arrastró hasta el patio de la vivienda, donde le amarró las manos y pies. El agresor tomó una olla que la mujer había dejado hirviendo para cocinar y le echó el líquido sobre el cuerpo.

Mercedes Cortez, abogada de la Voces Libres y asesora legal de Mujeres de Fuego.

La mujer, aterrada y herida, escapó el 21 de septiembre y se refugió en la casa de su hermano, en una provincia de Oruro. El agresor llegó hasta el lugar y le habría dicho a  su cuñado que quería arreglar las cosas y que ya no golpearía a la víctima.

NO FORMALIZÓ LA DENUNCIA

El hermano llevó al agresor a la Policía, donde fue arrestado por unas horas, tiempo que aprovechó la mujer para regresar a Cochabamba. Fue examinada por un médico forense que le otorgó 10 días de impedimento. Su cuerpo estaba con ampollas y hematomas.

Posteriormente, el hombre se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de manera voluntaria, pero no fue detenido porque no había flagrancia. Es que el ataque había ocurrido varios días antes. Además, la mujer se negó a formalizar la denuncia debido a la dependencia económica y emocional con su pareja.

Ella  se dedica a la venta de gelatinas y él es cargador en mercados. Se asegura que también es yatiri y que amenaza con causar daños a quienes se opongan a que la madre de sus hijos regrese a casa. Vecinos y familiares de la agredida informaron que antes ya le habían visto con los ojos golpeados y otras señales de violencia.

SEGUNDO CASO

El segundo caso está relacionado con una mujer de 32 años. Tiene cinco hijos, una adolescente de 14 años, nacida de un primer matrimonio, y los otros cuatro (de entre 3  12 años) son fruto de su relación con Rigoberto B.H., de 41 años.

El pasado 5 de septiembre, ella y su pareja habían ido a su chaco, en una comunidad de Yapacaní, a cosechar yuca. Regresaron agotados. Ella se durmió con sus hijos y Rigoberto salió a beber alcohol. Volvió a casa ebrio, le reclamó a su hijastra, de 14 años, por un teléfono celular que le habría comprado. La adolescente no se lo entregó y por ello fue insultada a gritos.

La madre despertó y salió en defensa de la muchacha. Le dijo que ella fue quien le compró el celular a su hija. Al final, la menor optó por entregar el equipo móvil a Rigoberto, quien vio una foto del hermano menor de su esposa en el teléfono. Furioso, acusó a la adolescente de tener una relación con su tío materno que está en el cuartel.

Posteriormente, la adolescente se había ido a la escuela y hasta allá Rigoberto la siguió con un palo de escoba para golpearla. Los profesores la defendieron. El hombre se desquitó la su esposa, rompió el palo en su espalda y la agarró a puñetazos y patadas. Además, amenazó con matarlas con una motosierra o echándoles gasolina para luego quemarlas.

Imagen ilustrativa de violencia machista (foto: andina.pe)
EN BUSCA DE AYUDA

Madre e hijos huyeron hacia Cochabamba en busca de ayuda. La Fundación Voces Libres hizo que la revisara un médico forense, que le dio cuatro días de impedimento. La Casa Esperanza le dio cobijo a ella y a sus hijos, y personal de Voces Libres hizo los trámites ante las autoridades educativas para que los niños y la adolescente puedan continuar sus estudios en esta ciudad.

Autoridades comunitarias del lugar donde vivía la familia hicieron llegar a Voces Libres la foto de un documento en el que Rigoberto se compromete a no golpear más a su esposa y su hijastra. Dichas autoridades serían “garantes” de una reconciliación.

Ante esta situación de violencia, si bien en la Ley 348 figura por una sola vez la posibilidad de conciliación entre víctima y agresor si así lo pide ella, por lo general las y los especialistas en ciclos de violencia recomiendan a las víctimas salir de ellos porque la violencia no se detiene y puede terminar con la vida de ellas. Normalmente los agresores vuelven una y otra vez indicando que nunca más golpearán a su pareja, pero no es cierto.

CÍRCULO DE VIOLENCIA

Aunque la mujer había sido advertida de que Rigoberto podría volver a agredirle si es que no recibe ayuda, ella huyó de Casa Esperanza con sus hijos. Hasta ayer se desconocía si el grupo estaba con algún familiar o había regresado con el agresor.

La abogada Cortez desconoce si el caso de Rigoberto será atendido por un juzgado en Cochabamba o pasará a otra jurisdicción. Lamentó que el Estado no tenga políticas reales para evitar que las mujeres vuelvan al círculo de violencia con el argumento de que no pueden mantener a sus hijos por cuenta propia.

Recuerda que en otros países, el Estado otorga a las mujeres víctimas de violencia un sueldo mínimo por tres o seis meses para que puedan solventar sus gastos, mientras se capacitan para salir adelante sin sus agresores.

RECLAMO A LAS AUTORIDADES

Nivia Coca de Mujeres de Fuego recordó que en Bolivia hay leyes, pero no se cumplen en su totalidad. “Tenemos autoridades que tienen la obligación de hacer el seguimiento respectivo y no lo hacen. Por eso yo digo que estas autoridades son las responsables de las futuras muertes de nuestras compañeras”.

La activista de Mujeres de Fuego Judith Terrazas expresó su preocupación por la indiferencia del sistema de justicia.  “Vemos que hubo una intencionalidad de matar de parte de estos agresores. El Ministerio Público y la Policía deben investigar de oficio ambos casos, para que no se consumen estos crímenes”.

POSIBLE FEMINICIDIO

En la localidad paceña de Mapiri, provincia Larecaja al norte de La Paz, un hombre fue detenido cuando transportaba hacia la urbe paceña el cuerpo de su esposa en la parrilla de su vehículo. Esto sucedió el 23 de septiembre de este año. La Fiscalía lo acusa de haber cometido el delito de feminicidio.

Al parecer, según la Red UNO, Ronald A.M. pretendía velar y enterrar el cadáver sin que se le practique la autopsia de ley. Un certificado médico revela que la causa del deceso fue un traumatismo fuerte en el cráneo, además el cuerpo presentaba contusiones. Un juez ordenó su detención preventiva  en el penal de San Pedro de La Paz.

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