Por Miriam Telma Jemio, foto David Flores (Bolivia)
Lunes 18 de noviembre de 2019.- “Prensa vendida”... “Prensa prostituta”... “Prensa mentirosa”. Son algunas de las arengas lanzadas contra los medios de comunicación tanto por opositores como por afines a Evo Morales. En 29 días de conflictos desde las elecciones del 20 de octubre manchadas por un fraude electoral que ha provocado un paro cívico que derivó en la renuncia de Morales, más de 70 periodistas han sufrido amenazas, agresiones físicas y vejámenes.
En cuatro semanas de violencia en las calles, se ha registrado la muerte de 23 personas y 715 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), producto de enfrentamientos en diferentes movilizaciones entre los dos sectores en conflicto y que no han cesado ni con la asunción de la presidenta Jeanine Áñez, de quien ahora piden su renuncia los adeptos del expresidente asilado en México.
Algunos periodistas durante la cobertura de las manifestaciones y los enfrentamientos con la Policía han sufrido diversas heridas, pero también han sido agredidos físicamente, insultados y sometidos a vejámenes por afines y opositores a Evo Morales.
Algunos medios de comunicación registraron ataques cibernéticos y otros a su instalaciones físicas, producto de lo cual no pudieron publicar la información que generaban en redes. Varios canales de televisión y radios suspendieron sus emisiones y los medios impresos Página Siete, El Diario y El Alteño (La Paz), Los Tiempos, Opinión y Gente (Cochabamba) dejaron de circular por lo menos una vez sus impresos, si no fue más días.
La denuncias de los gremios
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba afirma que en más de tres semanas de conflicto en esa ciudad, 12 periodistas resultaron heridos y más de 25 recibieron agresiones físicas y verbales por parte de los grupos movilizados. Por este motivo, realizaron una denuncia en la Policía; aunque lamentan que no se les haya dado ninguna respuesta, según un medio local. El ente sindical anunció que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP-Diarios), de manera individual y conjunta, han denunciado la agresión a periodistas y han pedido garantías para que realicen su trabajo.
Mediante la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, se había registrado a 64 periodistas agredidos hasta el 15 de noviembre; aunque no estaban incluidas algunas de las agresiones reportadas en redes sociales de medios de comunicación.
Golpes y quema de viviendas
Sectores sociales y agrupaciones gremiales afines al MAS han agredido a los periodistas, lo mismo que los manifestantes que rechazaban los resultados electorales. La violencia contra los periodistas ha llegado al extremo de causar daños en sus viviendas como fue el caso de Casimira Lema, conductora del noticiero de Televisión Universitaria de La Paz (TVU), a quien le quemaron parte de su vivienda.
La comunicadora es directora del programa Casimira en Familia y presentadora del noticiero de TVU, medio que ha jugado un papel importante en la cobertura de los conflictos que se viven en el país desde hace dos semanas.
Desde el 10 de noviembre, los movimientos ciudadanos que acataban el paro cívico exigiendo la renuncia de Morales impidieron a los periodistas el ingreso a plaza Murillo y la toma de imágenes. El extremo llegó durante la conferencia de prensa del líder cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, tras la renuncia de Morales. Los adeptos a los cívicos pedían que se vayan los periodistas por “vendidos”, solo querían que esté el canal universitario TVU.
El 12 y 13 de noviembre, algo similar hicieron los adeptos al expresidente que llegaron al centro paceño desde El Alto y las provincias de La Paz. Durante sus movilizaciones gritaban “dónde está la prensa vendida” y coreaban “queremos BoliviaTV”, el canal estatal. Su actitud agresiva con la prensa se desencadenó cuando uno de ellos golpeó en el rostro al periodista Marco Chuquimia de El Deber, mientras filmaba el momento en que la Policía gasificaba a uno de los grupos que intentaba ingresar a la plaza Murillo.
Cerco en el aeropuerto de El Alto
Las asociaciones del gremio han condenado los hechos violentos de las últimas dos semanas como también las agresiones físicas de sectores afines al MAS contra ocho periodistas de los diarios El Deber, Página Siete, La Patria, Urgentebo y las redes de televisión privadas Unitel, ATB y radio Líder 97 que cubrían en la madrugada del martes 5 el cerco al aeropuerto internacional de El Alto por parte de militantes del partido gobernante, en ese entonces.
El periodista de la red de televisión Unitel, Juan Flores, fue golpeado por los manifestantes afines al partido de gobierno y el corresponsal de El Deber, Miguel Ángel Melendres, fue retenido desde la noche del lunes 4 de noviembre hasta el mediodía del martes 5, por ser de Santa Cruz, aunque vive en La Paz desde hace dos décadas.
La periodista Paola Cádiz de la red privada ATB sufrió una agresión mientras realizaba su labor en el aeropuerto, mientras el periodista de Radio Líder 97, Carlos Rivera, fue amedrentado y su vehículo fue atacado a golpe de palos. Otro equipo de esa emisora, integrado por el periodista Javier Casu y el conductor Edelmiro Chirinos, fue golpeado a palos mientras filmaban en la avenida Juan Pablo Segundo, de la ciudad de El Alto.
La periodista de Página Siete, Wara Arteaga, sufrió una agresión y el despojo de su teléfono móvil, mientras su colega Paulo Lizárraga fue agredido a pedradas. Fueron replegados por su medio ante los hechos de violencia para resguardar la integridad física de su personal. El periodista del Urgentebo y del semanario El Compadre, Álvaro Huanca, fue hostigado por cumplir su labor periodística.
Periodistas de los medios estatales intimidados
Los noticieros de las estatales BoliviaTV y Radio Patria Nueva suspendieron sus emisiones en la tarde del sábado 9 de noviembre, mientras el director de radio Comunidad, de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, y del semanario Prensa Rural, José Aramayo (ambos afines al MAS), fue atado a un árbol y amenazado con dinamita por vecinos de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
Ejecutivos de la red de televisión estatal, BoliviaTV, denunciaron el asedio por grupos de choque de la oposición a Evo Morales a las instalaciones del canal en diferentes puntos del país. Interrumpieron su señal en varios departamentos, porque no se permitía a los trabajadores del medio a realizar su tarea informativa en las calles.
En La Paz, un grupo de manifestantes instaló una vigilia en las puertas del edificio La Urbana en la Avenida Camacho, central de emisión de BoliviaTV y Radio Patria Nueva, desde el mediodía del 9 de noviembre, exigiendo el corte de emisiones con el argumento de que los medios estatales “difunden mentiras”. Por la tarde, los funcionarios abandonaron las oficinas en medio de insultos, escupitajos y empujones tras cortar la programación informativa.
Aseguran que recibieron un mensaje a través de WhatsApp: “Está en riesgo su vida si no cortan la señal, en este momento la gente se va a entrar”. En Cochabamba, un grupo de motociclistas se presentó en oficinas de la regional de BoliviaTV, lanzó petardos, no causó daños debido a la intensa granizada, pero obligó al personal a dejar los estudios. En Riberalta, el edificio donde funciona el canal estatal y Radio Patujú fue apedreado y quebrados los vidrios. En Trinidad, sus periodistas recibieron constantes amenazas.
Incendian una planta de transmisión
En la noche del 9 de noviembre, la señal del canal privado Unitel fue interrumpida tras el ataque de una turba que usó dinamita para derribar paredes e incendió sus equipos de transmisión en la ciudad de El Alto. La intervención policial impidió que los grupos violentos afectaran a las plantas de emisión de la privada Red Uno y del canal universitario TVU, contiguos a Unitel.
(foto: Max Tancara).
La acción fue atribuida a sectores que apoyan a Evo Morales. Una hora antes de la toma de las antenas de televisión, periodistas y ciudadanos grabaron imágenes de personas que coreaban estribillos a favor de Morales y lanzaron advertencias contra el grupo que bloqueaba y reclamaba nuevas elecciones generales.
TVU responsabilizó a militantes del MAS por la toma de su planta de transmisión en El Alto como revancha ante la toma de los centros de comunicación de BoliviaTV en diferentes puntos del Bolivia.
Radio y periodista afectados en Oruro
Los estudios de radio y televisión Mega de Oruro, de propiedad del alcalde renunciante Saúl Aguilar, fueron saqueados e incendiados en la noche del 9 de noviembre, según La Patria.
En un comunicado del Gobierno Municipal de Oruro se informó que el alcalde Aguilar sufrió una descompensación, tras el ataque a su vivienda donde también funcionan los estudios.
Agresiones en La Paz, Oruro y Cochabamba
El 9 de noviembre, periodistas que realizaban la cobertura de manifestaciones en La Paz, Oruro y Cochabamba fueron agredidos. La periodista de Guardiana, Miriam Telma Jemio, fue agredida en la calle Ayacucho de la ciudad de La Paz, mientras realizaba una transmisión en vivo de las protestas de sectores que demandaban la renuncia del presidente Evo Morales.
En el momento que realizaba su cobertura, Jemio fue insultada, empujada y acusada de infiltrada del gobierno. Intentaron quitarle el celular sin éxito, pero le arrebataron el soporte de extensión de su teléfono móvil y rompieron el accesorio.
Varios reporteros de diferentes medios de comunicación señalaron que manifestantes, que se encontraban en el punto de bloqueo de las calles Colón y Comercio del centro paceño, impidieron el paso de la prensa a la plaza Murillo, tampoco le dejaron sacar fotografías o filmar, por temor a la presencia de agentes camuflados del Gobierno.
El fotógrafo de La Razón Pedro Laguna denunció en sus redes sociales la actitud violenta de los manifestantes y la susceptibilidad frente al trabajo de los periodistas que cubren las marchas de ciudadanos en la sede de gobierno. “Ninguna credencial es suficiente o válida”, alertó Laguna.
El periodista Crisólogo Alemán, que acompañaba a la caravana de manifestantes del departamento de Potosí que se dirigía a la ciudad de La Paz, denunció que fueron emboscados y agredidos por campesinos afines al presidente Evo Morales en la región de Vila Vila, en Oruro. Los atacaron con dinamita, palos, hondas y piedras. Alemán recibió un golpe que le causó una herida en la frente.
agredieron a la periodista de la Red ATB Brishka Espada.
Equipos en peligro y detenciones
El periodista de la radio de los productores de hoja de coca “Kawsachun Coca”, Nelson Choque, denunció que los sectores que bloquean en contra de Morales llaman a los periodistas “prensa vendida”, revisan las credenciales “y hasta nos piden contraseñas”. Contó que en la gasificación en Muyurina, zona norte de la ciudad, varias personas le arrebataron su teléfono móvil y lo lanzaron al suelo dañándolo. Se enojaron porque registraba la agresión entre bloqueadores.
El 8 de noviembre, la periodista de Cadena A, Adriana Tapia, fue amenazada y amedrentada por un grupo de vecinos que bloqueaban en la calle 17 de Obrajes y la Av. Costanera, en el ingreso a la zona sur de la ciudad de La Paz.
Tapia dijo que obligaron al chofer a apagar el motor de vehículo en el que se encontraba. Los manifestantes se introdujeron en el motorizado y amenazaron con golpearlos. Cuando la periodista intentó sacar su teléfono para grabar, intentaron quitarle y le dijeron que “si no quiere problemas con la población, que vaya a trabajar a otro canal o que se dedique a otra profesión”.
El mismo día, el fotoperiodista de Página Siete Gastón Brito fue llevado por efectivos policiales a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, supuestamente por un control migratorio.
“Estoy siendo llevado a la FELCC por no querer brindar información sobre colegas periodistas”, escribió Brito en Facebook. Un día antes denunció a través de esta misma red social que una persona vinculada al gobierno fotografiaba a periodistas de La Paz. Luego fue liberado y el Comandante General de la Policía, en una conferencia de prensa, ofreció disculpas por el incidente.
Quillacollo y Vinto, caldeados
Cochabamba vivió una jornada de violencia extrema el 8 de noviembre. La Asociación de Periodistas de Cochabamba responsabilizó de ello a los grupos afines al MAS e incluso de ser los responsables de la muerte de Limbert Guzmán, el 6 de noviembre. En un pronunciamiento público exigieron identificar a los autores de las agresiones a reporteros y periodistas durante las coberturas de prensa en Quillacollo y Vinto.
Los periodistas denunciaron que los manifestantes del MAS intentaron quitarles sus equipos de trabajo, como en el caso del equipo de ATB.
Esta asociación pidió al entonces presidente Morales que “deje de instar a sus bases a defenderlo porque está dando pie a la confrontación entre bolivianos y para cumplir este cometido ha puesto a la población en un estado de indefensión peligroso, porque está incumpliendo la primera tarea del Estado: proteger la vida de los ciudadanos”.
Un cachorro de dinamita
La segunda jornada más violenta se registró el 15 de noviembre. Una multitudinaria marcha de productores de coca intentó ingresar a la ciudad de Cochabamba sin éxito porque fue retenido por un cordón policial y militar. Los afines al MAS exigían la renuncia de la presidente transitoria Jeanine Áñez y el retorno de Evo Morales, asilado en México.
Durante un enfrentamiento con la Policía, en la zona del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la avenida Villazón del municipio de Sacaba, el periodista de la Red PAT, Fernando Bustamante, y el camarógrafo de la Red Uno de Cochabamba, César Baldelomar, resultaron heridos al estallar un artefacto explosivo lanzado hacia el lugar en el que se encontraban ellos por uno de los provenientes del Chapare.
Atacan vivienda en Potosí
La vivienda del corresponsal de la estatal Radio Red Patria Nueva, Edwin Ramos, fue atacada por desconocidos con piedras que destruyeron los vidrios de sus ventanas, denunció el periodista a la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios).
La noche del 24 de octubre, Ramos llegó a su vivienda cerca de las 23 horas y halló restos de vidrio de la ventana que da a la calle. Al día siguiente, casi a la misma hora, encontró el mismo panorama.
Gas pimienta contra periodista
El 29 de octubre, efectivos de la policía lanzaron gas pimienta al rostro de la periodista de Gigavisión, Adriana Mendoza, cuando reporteaba el bloqueo protagonizado por vecinos en la avenida Arce, en La Paz.
(foto: RR.SS.).
Los reporteros que realizan la cobertura periodística en el lugar señalaron que se hizo uso indiscriminado de gases lacrimógenos y otros agentes químicos, en algunos casos lanzados muy cerca del rostro, no solo de los periodistas, sino también de los vecinos del lugar que bloqueaban las vías.
Entre los amenazados y agredidos también están Ximena Galarza, de TVU; Geraldine Corrales y Wilson Aguilar, de Los Tiempos; Álvaro Valero y Miguel Carrasco, de La Razón: Gabriel Cruz, de ACLO y Juan Siñani, de El Diario.
Condenan las constantes agresiones
El último día de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los constantes ataques y restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia. Reclamó al entonces gobierno del presidente Evo Morales que, pese al clima de polarización política, garantizara el derecho a la información. Hasta esa fecha, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) había documentado 15 casos de agresiones directas contra periodistas después de las elecciones generales del 20 de octubre.
“Instamos al presidente Morales a que evite un mayor deterioro de la democracia en Bolivia, respetando el libre ejercicio del periodismo en momentos en que la ciudadanía más necesita de información objetiva que pueda contribuir a la superación de la crisis”, afirmó el presidente de la SIP, Christopher Barnes, director general del diario The Gleaner de Kingston, de Jamaica.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó su respaldo al periodismo boliviano. “Condenamos enérgicamente las amenazas, la intimidación y la estigmatización contra la prensa, violencia que solo busca generar autocensura y erradicar la crítica y la fiscalización del poder”.
En Bolivia, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, llamó al Estado y a la Policía a que velen por la integridad física de los reporteros durante la cobertura periodística y pidió a los medios no exponer a sus trabajadores “a situaciones de alto riesgo”.
Las 24 organizaciones que integran la red IFEX-ALC también condenan las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Bolivia en el marco de la crisis política en la que está inmerso el país, iniciada con una ola de protestas luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.
IFEX es ahora una organización de la sociedad civil registrada en la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene estatus de observadora en el Comité Directivo sobre Medios y Sociedad de la Información (CDMSI), y tiene estatus de participante en el Consejo de Europa.
Las agresiones e intimidaciones hacia los periodistas no han cesado...
(foto: Soyelgas / Página Siete).
Comentarios