Texto, audios y video de Guardiana (Bolivia), imagen de portada del Facebook de Eduardo del Castillo
Miércoles 28 de agosto de 2024.- El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, sigue violando el derecho a la presunción de inocencia. Como un botón de muestra está junio de 2024. Ese mes exhibió el nombre, apellidos e imagen de por lo menos 54 personas vinculándolas con algún delito supuestamente cometido por ellas. Lo hizo en su perfil de Facebook con 153 mil seguidores, en 12 publicaciones compartidas en total 2.226 veces (contabilizando hasta julio las veces que se compartió).
Al margen de las redes sociales, el Ministro de Gobierno junto a la Policía suele presentar a quienes son aprehendidos ante los medios de información en conferencias de prensa. Así, las familias, amigos, compañeros de trabajo y vecinos de esas 54 personas las pueden identificar porque fueron expuestas con sus nombres completos, fotos y/o videos, imágenes no sólo capturadas por los periodistas, sino por el personal subalterno de la autoridad. De esa manera, no se presumió su inocencia, sino su culpabilidad y sin un juicio previo.
No es la primera vez que él vulnera este derecho ni tampoco es el primer ministro de Estado en hacerlo. En el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020), el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo lo mismo y se metió en problemas porque terminó equivocándose en uno de los casos por el que la mujer de la que violó su presunción de inocencia le inició un juicio.
La presunción de inocencia es un derecho humano reconocido a nivel internacional y nacional. Consiste en tratar a una persona como si fuera inocente hasta que se demuestre en un juicio su culpabilidad. Esto significa que no se la debe identificar ni con su nombre ni con su imagen hasta que exista una sentencia que la haya declarado culpable.
“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
El artículo 117 de la Constitución Política de Bolivia no sólo habla de la presunción de inocencia, sino del debido proceso y de escuchar a la persona acusada. Aún más, aclara que no se puede violar este derecho de “ninguna persona”. Esto significa que no importa lo que supuestamente haya hecho un ser humano, igual debe recibir el mismo tratamiento.
“Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.
Artículo 117 de la Constitución Política de Bolivia
El abogado especialista en derechos humanos Marco Antonio Loayza aclaró que ni siquiera en el caso de los militares acusados de dar un golpe de Estado en Bolivia, el 26 de junio de este año, se debió exhibir sus identidades e imagen porque este derecho se aplica a todas las personas.
Y se podría hablar mucho más sobre este derecho sobre el que bastante se ha escrito, como explicó a Guardiana la abogada especialista en derechos humanos Claudia Terán, quien manifestó en el siguiente video que hay mucha preocupación sobre lo que hace el Ministro de Gobierno porque la vulneración es continua, sistemática y hasta parecería que va profundizándose. Efectivamente, entre enero y mayo de 2022, el ministro había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de 22 seres humanos, según una publicación de ANF. Y ahora, en un solo mes (junio de 2024) ha hecho lo mismo con 54 personas.
"La presunción de inocencia es la base y garantía de un debido proceso, ya que su respeto es la base para el respeto y cumplimiento del resto de los principios que integran el debido proceso", hizo notar la directora ejecutiva de Fundación Construir, Susana Saavedra, en el capítulo 2 de la "Guía para periodistas Judiciales".
También se considera a la prisión preventiva como parte de la presunción de inocencia. Una vez que una persona es aprehendida, el caso debe pasar a manos de un juez cautelar que determinará si la persona se defenderá en libertad o tras las rejas. Pero esta última opción debería ser la excepción. Sin embargo, no ocurre esto en Bolivia. Más del 64 por ciento de quienes están presos no cuentan aún con sentencia, están con prisión preventiva. Al no tener sentencia, su nombre e imagen no debieran ser expuestos. Pero el Ministro de Gobierno los exhibe incluso en grupos, como ocurrió el 23 de junio, cuando publicó los nombres de 18 personas enviadas a prisión preventiva con un post contundente: "Se informa a la población de la detención preventiva en Palmasola de las siguientes personas involucradas en el ataque a instalaciones de la Aduana Nacional". Acto seguido puso todos los nombres y luego fotos. Dio por sentado que los 18 hombres sí tuvieron que ver con un delito.
Por respeto al derecho a la presunción de inocencia, Guardiana no publicará los post del Ministro de Gobierno.
RECLAMO INTERNACIONAL A UN MINISTRO ABOGADO
Carlos Eduardo del Castillo del Carpio nació en Santa Cruz de la Sierra hace 35 años. Allá estudió derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y luego se tituló como abogado. Un poco antes de cumplir 32 años asumió el cargo de Ministro de Gobierno del presidente Luis Arce.
Por tanto, como abogado, conoce qué significa un derecho humano y también sabe de la existencia del derecho a la presunción de inocencia porque el año 2022 ya tuvo que responder por esta vulneración.
El 31 de mayo de 2022, la agencia de noticias EFE publicó que “Human Rights Watch (HRW) cuestionó que la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno (Interior) presenten públicamente ante los medios a los sospechosos de delitos de robo, violación o asesinato y consideró que esa medida es una vulneración a la ‘presunción de inocencia’”.
Human Rights Watch es una organización internacional e independiente que funciona como parte de un movimiento para defender la dignidad humana y promover los derechos humanos para todas y todos a nivel mundial.
“El ministro @EDelCastilloDC ha dicho que la policía seguirá presentando a la prensa a sospechosos para que el pueblo vea ‘quiénes roban, quién viola y quién mata’. De un plumazo acaba con la presunción de inocencia y el papel de los jueces”.
César Muñoz, principal investigador de Human Rights Watch
Así fue, el Ministro de Gobierno dijo que seguiría mostrando a los que considera delincuentes. Sin embargo, al no haber sido aún juzgados, Del Castillo ha estado asumiendo todos estos años el papel de un juez.
“Por un tema de transparencia, por un tema de compromiso, vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo. El pueblo boliviano tiene que saber quiénes roban, quién viola y quién mata, y vamos a seguir presentando a esos delincuentes para que el pueblo pueda reconocerlos”.
Ministro de Gobierno en un acto de aniversario del Distrito 8 de El Alto
Sin embargo, el 6 de junio de ese año, 2022, la agencia de noticias EFE publicó que "el comandante general de la Policía boliviana, Jhonny Aguilera, informó que ya no se presentarán públicamente a los sospechosos de algún delito como se solía hacer, situación que era cuestionada por funcionarios y varias organizaciones defensoras de derechos humanos. Aguilera manifestó a los medios locales que por 'determinación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo', ya no se exhibirán ante los medios de comunicación a las personas aprehendidas".
Pero ese compromiso no duró ni año y medio porque en noviembre de 2023, Human Rights Watch volvió a reclamar, con la agravante de que en este caso el Ministro de Gobierno exhibió a la persona equivocada como se puede leer en la siguiente información difundida por la agencia de noticias Fides de Bolivia.
¿HAY ARGUMENTOS PARA VIOLAR ESTE DERECHO?
Tal como se vio, el Ministro de Gobierno alegó en 2022 que lo único que buscaba con este tipo de publicaciones y presentaciones de personas ante los medios de información era demostrar ante la ciudadanía transparencia y la Policía aseguró que sólo presenta a aprehendidos que aceptan ser mostrados mediante una autorización firmada.
Sin embargo, los abogados especialistas en derechos humanos Marco Antonio Loayza y Claudia Terán rechazan este tipo de argumentos del Gobierno y de la Policía para violar el derecho a la presunción de inocencia. Además, Loayza considera que alguna institución como la Defensoría del Pueblo debería pronunciarse y solicitar que se muestren todos los permisos por escrito que supuestamente dieron las personas aprehendidas para ser exhibidas e incluso la autorización de sus abogados defensores.
Loayza recordó en el siguiente audio que si alguien tuviera que presentar algún informe ante la población sobre las personas detenidas y acusadas debería ser la Fiscalía y no el Ministro de Gobierno ni la Policía, cuidando, además, la presunción de inocencia, lo que no está ocurriendo. "¿Dónde está el fiscal, qué está haciendo, por qué no está precautelando los derechos (de los aprehendidos)?", preguntó Loayza.
LINCHAMIENTO Y “NORMALIZACIÓN” DE LAS VIOLACIONES
Los abogados entrevistados por Guardiana coincidieron en que al exhibir en las redes sociales la identidad y la imagen de quienes aún no han sido juzgados y lograr la viralización de estas publicaciones por la cantidad de compartidos de cada post, el Ministro de Gobierno logra linchar mediáticamente a las personas cuyo derecho a la presunción de inocencia ha sido vulnerado.
Por ejemplo, el 5 de junio, exhibió la identidad e imagen de un joven (Guardiana no publicará el nombre ni foto por respeto a la presunción de inocencia) "por cometer hurto de mineral interior de la Empresa Minera Huanuni situada en el departamento de Oruro. Personal policial que resguardaba la corporación metalúrgica identificó una persona sospechosa que transportaba 42 kilos de mineral en un chaleco artesanal y una mochila. Al no presentar ninguna identificación como trabajador de la empresa fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para ser sometido a un proceso judicial".
Dicha publicación fue 259 veces compartida y tuvo 151 comentarios hasta julio de 2024. Ni uno solo de los comentarios hizo alusión alguna a que se estaba violando el derecho a la presunción de inocencia del joven que supuestamente había robado mineral. Analizando los 151 comentarios, se pudo advertir las siguientes tendencias.
¿Por qué no objetamos los linchamientos mediáticos?
¿Por qué no hubo una sola persona que hiciera notar que en el post del 5 de junio de 2024 el Ministro de Gobierno estaba violando la presunción de inocencia del ciudadano DGC? ¿Las y los bolivianos no conocemos el derecho a la presunción de inocencia?, se le hizo esas dos preguntas al abogado Antonio Loayza.
"Yo creo que la mayoría de la gente conoce este principio, es muy usado hasta de manera jocosa. ¿No se ha probado mi culpabilidad?, lo dicen jugando. Bolivia es un país donde la sociedad es muy inquisitiva. Siempre lo afirmo, necesita la pira pública mientras no me toque a mí. Ellos son los malos, yo soy el bueno. Ahí está la pira. Nos gusta ir a la plaza pública como en la inquisición para ver a quién cuelgan, apedrean. Ahora esto pasa en las redes sociales, medios de comunicación".
Marco Antonio Loayza, abogado especialista en derechos humanos
¿Por qué las y los bolivianos tenemos la tendencia de vulnerar el derecho a la presunción de inocencia aun sabiendo en qué consiste éste?, se le preguntó al sociólogo Mauricio Sánchez, quien se encuentra elaborando una tesis de doctorado histórico-sociológica sobre el "Proceso de civilización boliviano". En el siguiente audio, él responde a la pregunta.
"El honor sigue siendo un valor operante en sociedades como Bolivia. No importa que se pruebe que alguien no tuvo culpa de algo; basta con que se haya mancillado su honor. Basta con lo que se vio y se dijo. Sociedades del honor son también sociedades del murmullo, del rumor, de la maledicencia. Nunca ha dejado de operar una lógica en la que la maledicencia (murmuración, chismorreo, habladuría, difamación) está socialmente establecida. Las personas son sospechosas porque alguien lo dijo. Éste es un camino sencillo: es el prejuicio, basta con suponer que dice que dijo, que fulano de tal hizo tal cosa para que los demás se refocilen (alegren) ante esa idea. Esto es típico de las sociedades premodernas".
Sociólogo Mauricio Sánchez
LA FORMA CORRECTA DE MANEJAR ESTE DERECHO INFORMATIVAMENTE
En general, el Ministro de Gobierno no maneja de forma adecuada la información en su perfil de Facebook. Escribe los nombres de los supuestos feminicidas; coloca iniciales de la víctima muerta; tapa sólo los ojos de menores de edad, etc. En la siguiente infografía se podrá ver cuál es la forma correcta en que toda ciudadana o ciudadano en Bolivia debe manejar la información, respetando la presunción de inocencia; no revictimizando a las víctimas y cuidando en extremo a niñas, niños y adolescentes.
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