Por Claudia Soruco para Guardiana (Bolivia)
Miércoles 25 de enero de 2022.- Richard Choque, el hombre que causó conmoción en Bolivia el pasado enero de 2022 puso nuevamente en la mesa de debate el actuar del sistema judicial con la liberación de feminicidas y violadores a través de documentación falsificada, irregularidades en los procesos y sobornos con montos económicos aberrantes.
Violó y asesinó a Blanca Ruby Limachi (20), en 2013. Lo detuvieron y condenaron a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Pero sorprendentemente, Choque salió de la cárcel aduciendo que tenía una enfermedad terminal con un certificado emitido por un médico, donde se establecía falazmente problemas de salud sin haberle hecho ninguna revisión. Con esto se destapó la existencia de redes criminales de abogados, médicos, jueces y fiscales operando en favor de los delincuentes.
Fue beneficiado con detención domiciliaria (2019). Y sin ningún obstáculo, retornó a las calles. A los pocos meses extorsionó, violó y asesinó a las jóvenes Iris Maylin Choque (17) y Lucy Maya Ramírez (15). Luego se determinó que hubo más asesinatos y 77 mujeres a quienes abusó sexualmente. Se trataba entonces de un asesino y violador serial al que la justicia sacó a las calles. Fue el mismo Choque que confesó que su liberación apenas le costó 3.500 dólares y una botella de whisky para el juez.
Choque es uno más de los innumerables delincuentes que fueron beneficiados por la justicia boliviana con un sistema corrompido y una clara indiferencia y crueldad con las víctimas. Mientras que aún se debate la reforma judicial sin ningún acuerdo y decisión.
“Fuera de las dilaciones que tienen que ver con la carga procesal, es evidente que hay negligencia de fiscales y jueces y maneras muy sospechosas con las que se busca beneficiar a los agresores con ausencia y cambios inesperados de los operadores, suspensiones de audiencias y juicios de manera irregular, además de observaciones en documentación y pruebas”, explica a Guardiana Mónica Bayá, coordinadora de la Alianza Libres de Violencia.
Un estudio que encaminó esta institución detalla que de los casos de denuncias de violencia que se siguieron entre el 2015 y el 2018, el 85% fueron cerrados y extinguidos con un rechazo del Ministerio Público por diferentes observaciones e irregularidades, varias de ellas ya mencionadas.
Falsificación de documentos y desaparición de pruebas
Las redes criminales en el sistema judicial tienen un modus operandi similar cuando se trata de la liberación y favorecimiento de los denunciados y procesados por feminicidios y violaciones. La falsificación de documentos, la invalidación de pruebas, restricción para el acceso a los cuadernos de investigación, notificaciones que no se hacen o se las hace mal y la desaparición de elementos probatorios de las víctimas son solo algunas de las irregularidades que se gestan dentro del aparato de los operadores de justicia.
Estos delitos y favorecimiento a los denunciados y procesados llegan a las altas esferas. El 7 de febrero de 2022 se conoció de una denuncia contra el ahora expresidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, donde se establecía que este funcionario tenía claros indicios de responsabilidad penal y administrativa cuando fungía como secretario de esta institución.
“Legalizó el 21 de enero del 2021 una carta ‘recientemente fabricada’ con fecha del 7 de mayo de 2019. Este documento no fue parte del proceso ni del expediente del proceso sumario por acoso sexual sustanciado el año 2018 y parte del 2019 contra Pablo Martínez Cruz, jefe de Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aquel año”, denunció la abogada Claudia Sánchez, exfuncionaria del TCP y una de las tres mujeres que en 2018 denunció por acoso sexual y violación a Martínez.
Molina fue denunciado por falsedad material. A las pocas semanas se filtró un audio que también lo involucraba y renunció a su cargo; aunque continúa como miembro dentro del Consejo.
Y así, los medios de comunicación y reportes noticiosos dan cuenta del engorroso proceso que tienen que enfrentar las víctimas de violencia en el país y a esto se suman los constantes cambios de funcionarios que dilatan más las investigaciones.
“Llevo más de un año con mi denuncia por violencia y en estos meses cambiaron tres veces de fiscal a cargo y eso significa que no podemos ver nuestros cuadernos de investigación y que los nuevos funcionarios deben empaparse recién de los casos y demoran mucho. Mientras tanto nuestros agresores están libres y corremos más peligro”.
Patricia, víctima de violencia en la ciudad de La Paz
Hubo víctimas de violencia que denunciaron la desaparición de pruebas como ropa y artefactos que sus agresores usaron en los crímenes.
En el caso específico de Richard Choque, fue el mismo fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, que confirmó el extravío del cuaderno de investigación de 2019, lo que impedía también ampliar las indagaciones a terceros. Se encaminaron entonces investigaciones y denuncias contra los operadores del juzgado que atendió ese caso y perdió los documentos.
El análisis que hace la Alianza Libres de Violencia establece que la mayoría de procesos por violencia que lograron tener avances dentro de los estrados judiciales, fueron aquellos donde los abogados y víctimas estuvieron permanentemente haciendo seguimiento y erogando gastos que obliga el aparato burocrático.
Pero para esas víctimas con escasos recursos y de zonas alejadas, seguir estos procesos se les dificulta. Bayá asegura que muchas “se rinden” y deciden abandonar su caso, quedando más expuestas a sus agresores.
La negligencia y hechos de corrupción se acentúan en el área rural
“Una gran cantidad de casos de violencia queda en la impunidad, por muchas razones, como el abandono de los procesos, la revictimización, retardación, gastos económicos, maltrato, pérdida de pruebas, desaliento e inoperancia en la investigación. Todo esto se agudiza para las mujeres de áreas rurales”, da cuenta Marisol Quiroga, directora de fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad.
Las irregularidades en estas zonas comienzan desde la designación de los jueces, ya que se trata de funcionarios que tuvieron sanciones enmarcadas en su régimen disciplinario interno, afirma Quiroga. “Esto implica que son castigados aquellos que ocupan estos puestos, por ende, no ejercen una labor con el debido compromiso y rigurosidad”.
El seguimiento que desarrolla la fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, en la región de Los Yungas, por ejemplo, establece que hay un gran número de denuncias por violencia sexual a menores y se pudo evidenciar una clara retardación de la justicia en esos casos, con fallas e irregularidades en la recopilación de pruebas, lo que se traduce en un proceso y pericias debilitados.
“Con estas irregularidades y observaciones –asegura Quiroga–hay una clara tendencia a la impunidad y beneficio con detenciones domiciliarias a los delincuentes en zonas rurales y urbanas. Incluso se dan casos en los que estos operadores de la justicia cambian la tipificación penal para más favorecimiento a los culpables”.
El 11 de abril de 2022, se conoció el caso de una mujer que fue torturada por más de seis horas mientras conducía su vehículo en la carretera Potosí-La Paz. “Fue obligada a implorar por su vida mientras era apuntada con un arma, denunció que su caso fue admitido como violencia familiar, cuando existen pruebas suficientes que el delito es feminicidio en grado de tentativa”, detalla la denuncia que se difundió en El Diario.
“Estoy desesperada, definitivamente cuando una trata de buscar justicia, porque su vida está en riesgo, se ve con muchas trabas como el maltrato que reciben de fiscales y de funcionarios de IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), quienes parecieran que quieren que desistas de la denuncia y cambian el delito”, dijo la víctima en una entrevista.
Y aunque este panorama genera mayor desconfianza en las víctimas de violencia en Bolivia, las expertas enfatizan en la necesidad de un acompañamiento permanente a quienes sufren estos delitos y la urgencia en realizar auditorías jurídicas para jueces y fiscales.
“Estas auditorías deberían conllevar a hallar responsabilidades de jueces y fiscales y encaminar procesos y sanciones debidas y ejemplares”, finaliza Quiroga.
“¡Denuncia. No estás sola!"
Pese a este sistema judicial cuestionado y corrompido, es necesario que las víctimas denuncien la violencia en las instancias que correspondan y a la par, surja un círculo de apoyo de su propio entorno social y de la administración de la justicia.
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