Cada vez sorprende menos observar y escuchar cómo habitualmente los políticos (que no tienen encumbrados en sus seres valores de derechos humanos y vocación democrática) despotrican, reniegan, critican y muchas veces amenazan a los medios de información que no les son favorables y cuando están en función de gobierno, asumen formas de control a veces muy sutiles y otras, torpes e incluso violentas.
Estas actitudes contra los derechos humanos vienen de todas las tendencias políticas. Ahí está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, republicano conservador que ataca a los medios de comunicación de su país y a las redes sociales, principalmente Twiter y Facebook. Él remitió al Congreso estadounidense modificaciones a la normativa de regulación de las comunicaciones que, a criterio de defensores de los derechos civiles en ese país, tienen el único fin de limitar a los medios de información y evitar las restricciones sobre discursos que afectan derechos y que han sido, en variadas ocasiones, emitidos por el indicado Mandatario.
No debe dejarse de lado que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que las declaraciones que manifiestan ilicitudes con respecto a contenidos que pueden afectar a la población como pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, deben ser removidas por los buscadores o las plataformas de internet al momento de ser publicadas o ante denuncia de un usuario por ser lesivas a la libertad de expresión y otros derechos conexos.
En otro lado del mundo tenemos el ejemplo dramático de Irina Slavina, periodista rusa que realizaba investigaciones sobre corrupción del gobierno de su país y región, y protestaba contra la censura a la que estaría sometida la prensa. Por todo esto, ella habría sido objeto de presión y persecución por parte de organismos de seguridad. Incluso días antes de su muerte, su domicilio fue registrado por la fuerza policial. Por este hecho, denunció la víctima que fueron sustraídas memorias, computadoras y celulares de ella y de su familia. Debido a estos hechos, Irina, periodista y editora de un medio independiente, decidió quitarse la vida de una forma terrible, prendiéndose fuego. De acuerdo a varios medios de comunicación rusos, asumió esta fatal determinación como medida de protesta contra las autoridades.
Obviamente, en Latinoamérica la situación de la libertad de expresión tampoco es de las mejores. Ahí tenemos lugares como México y Colombia donde es común escuchar del asesinato, desaparición y violencia contra periodistas. Las declaraciones de Jair Bolsonaro, Manuel López Obrador, Nicolás Maduro e inclusive políticos de nuevo cuño como Nayib Bukele, tienen un común denominador: el rechazo a la prensa libre y crítica. Su estigmatización y descrédito son moneda corriente, así como la identificación como oposición política, aspectos que se han ahondado en este tiempo de pandemia y medidas restrictivas.
Para qué ya hablar de Cuba, donde la proscripción a la prensa libre deviene desde los inicios de su proceso revolucionario y a pesar de la violación de esta y otras libertades fundamentales, ostenta paradójicamente junto con China un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realmente grave y vergonzoso.
Bolivia no ha estado exenta de que sus gobernantes sean contrarios a la libertad de expresión y de prensa. Desde tiempos de la República siempre estos tuvieron amigos o enemigos en los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.
Llegado el gobierno del MAS, el control de los medios con diversos mecanismos, principalmente mediante el manejo discrecional de la propaganda gubernamental, la compra de medios con ciertos movimientos oscuros, como lo que ahora refleja la prensa sobre La Razón y ATB; la inhabilitación de bandas radiales o la otorgación de frecuencias de manera poco clara, y la persecución penal a periodistas o presentadores de noticias, fueron hechos que se profundizaron en los últimos años.
Nadie nunca olvidará el denominativo que se les otorgó a varios periodistas y medios de conformar el “Cartel de la Mentira” que nació de la boca de Evo Morales y quedará en los umbrales de la historia de la violación de la libertad de expresión, por parte de un Mandatario supuestamente democrático que, en su momento, aprovechó muy bien de los medios de información que luego vilipendió.
Las críticas de Morales no cesaron nunca contra los medios de comunicación. Hace unos días señaló que son sus “enemigos número uno” y agregó que en caso de que su partido llegue al gobierno, se asumirá medidas contra ellos porque fueron cómplices del presunto golpe de Estado de noviembre del 2019. Refirió, además, que se requieren medios de comunicación del pueblo, de la fuerza social, “bien convencidos”. En pocas palabras, el exMandatario lo que desea son medios dóciles a sus designios y completamente acríticos.
De la misma manera, fueron muy criticados por instancias internacionales de protección de derechos humanos varios de los decretos supremos que la Presidenta Añez emitió dentro de las medidas asumidas por la pandemia, especialmente el Decreto 4231 del 7 de mayo de 2020, que señalaba textualmente: “Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten la salud pública, generando incertidumbre en la población serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el código penal”, normativa a todas luces vulneradora de la libertad de expresión.
Será siempre necesario recordar a los gobernantes y políticos lo afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 05/85, donde expresa:
“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también ‘conditio sine qua non’ para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, este suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”
Así como lo referido por la Corte Europea de Derechos Humanos el año 1976 en el caso Handyside, al señalar que los Estados deben aceptar no solamente las ideas e información que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas e indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan y ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población.
O también lo expresado por el juez norteamericano Brennan en el famoso caso New York Times vs Sullivan ya en el lejano 1964, cuando afirmaba que, en democracia, es absolutamente imprescindible que haya una libre circulación de ideas, pudiendo ser las mismas expresadas, en ocasiones, de manera exagerada. Cuando, además, se refiere a asuntos públicos, este debate libre debe ser desinhibido, robusto y ampliamente abierto, y puede incluir vehementes, cáusticos y, a veces, desagradables y afilados ataques contra el Gobierno o los servidores públicos.
Lo indicado es concordante con lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica (2004), al indicar que los servidores públicos tienen menor protección a su honra, imagen y reputación, además de que tienen mayores posibilidades de defensa, motivo por el cual deben estar mucho más expuestos al escrutinio público, por lo que deben tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica.
Es realmente imprescindible en una sociedad que se precie de democrática, que sobre todo sus gobernantes comprendan la importancia de la libertad de expresión y de prensa, y asimilen los aspectos jurisprudenciales y doctrinales antes expuestos, ya que como señalaba el filósofo Kant: “El hombre tiene el derecho y libertad innata de transmitir su pensamiento sea verdadero o falso a otros; dependerá de ellos creer o no, en uso de su propia libertad”.
Comentarios