Guardiana (Bolivia) y foto pxhere.com
Jueves 20 de agosto de 2020.- La Sala Constitucional Primera de La Paz anuló mediante una resolución otra resolución del Ministerio de Educación que dispuso la clausura anticipada del año escolar y le dio a este ministerio un plazo de hasta 10 días hábiles para presentar una política integral que garantice el derecho a la educación y preparar un plan de retorno a clases que no arriesgue la salud de los estudiantes.
El Ministerio de Educación respondió mediante un comunicado que el fallo judicial no es definitivo y no solo porque presente una serie de problemas, sino porque como manda la ley, la resolución debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (máximo guardián de la ley de leyes), "como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional para ser confirmada o revocada".
Dicho ministerio también indica en el comunicado que la resolución es ambigua, contradictoria y poco clara, y que presentará un recurso legal de complementación, aclaración y enmienda para ratificar su posición.
Advirtió, además, que observa un trasfondo político-partidario en el caso. Identifica al presidente de la sala, Israel Campero Méndez, como allegado al exministro de Justicia Héctor Arce. También fue Director de Asuntos Jurídicos en la Cámara de Diputados y asesor en la Vicepresidencia del Estado en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Dicha sala, que asumió el rol de Tribunal de Garantías, falló a favor de la Acción Popular contra la clausura que había presentado la diputada del MAS, Lidia Patty Mullisaca. A esta iniciativa se sumó la Defensoría del Pueblo.
Otro elemento que observa el Ministerio es la presencia del abogado José Antonio Eguino, exdirector Jurídico del exministro de Educación, Roberto Aguilar. Eguino fungía en la audiencia como abogado de la defensora Nadia Cruz.
¿Cómo se produce tal resolución?
Después del medio día de este miércoles, las redes sociales comenzaron a llenarse de noticias cortas que solo hablaban de la anulación de la resolución de clausura del año escolar. Los medios colocaban en sus portales: "noticia en desarrollo". Hubo desconcierto entre padres, madres, estudiantes y profesores.
¿Qué pasó? Entre los recursos que puede presentar la población, incluso una sola persona cuando siente que sus derechos están siendo vulnerados está el llamado Acción Popular.
La Acción Popular la puede interponer cualquier persona, la Fiscalía o el Defensor del Pueblo cuando identifican actos u omisiones de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violan derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y, en este caso, la educación que es un derecho fundamental.
Fue a través de la presentación de este recurso en contra de los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por ser quienes anunciaron esta determinación que se produjo la resolución mencionada. También participó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
No a las clases presenciales
La Defensora del Pueblo aclaró que nadie ha planteado arriesgar la vida de los estudiantes con un retorno a clases presenciales, sino que el Ministerio de Educación debe elaborar una política acorde con la realidad nacional, hoy marcada por la presencia de la Covid-19 y el alto riesgo de contagio.
En marzo pasado, el Gobierno suspendió las clases presenciales para evitar la posibilidad de contagios entre la población estudiantil. Las actividades en la educación privada proseguían mediante plataformas virtuales. Las escuelas públicas quedaron huérfanas y los profesores recibían capacitación en el uso de herramientas tecnológicas.
Cruz recordó que en meses pasados el Órgano Ejecutivo había afirmado que el país estaba a punto de ingresar a la educación a distancia mediante radio y televisión. Ella cree que ya es hora de que ese anuncio sea una realidad.
Caos y más caos
El 6 de junio, Día del Maestro, el Gobierno presentó una norma general sobre las características de las modalidades de educación presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Ninguna de las dos primeras podía ponerse en práctica debido a la pandemia.
La tercera modalidad funcionaba en aquellos centros educativos que cuentan con plataformas y la cuarta no se puso en práctica.
El ministro Cárdenas repetía con insistencia que estaban pendientes los acuerdos con otras autoridades para el uso de los medios estatales como BoliviaTv, Radio Illimani y las radios comunitarias.
Protestas e incertidumbre
Madres y padres de familia de colegios particulares protestaban contra las clases virtuales y ponían en duda la utilidad de las mismas, pero también tenían reclamos por la incertidumbre en el pago de pensiones.
El domingo 2 de agosto, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentó la resolución 050/2020 que ordena la clausura del año escolar . Para la educación pública se dispuso que los maestros seguirían cobrando su sueldo. Todos los estudiantes pasarían de curso.
Al día siguiente, el ministro Cárdenas salió al paso de las críticas y dijo que el cierre era académico y administrativo, pero las clases debían continuar no a nivel presencial, sino virtual y a distancia.
Las aclaraciones no aclararon nada, más bien causaron confusión en colegios privados y padres de familia que deberían negociar su relación. A las críticas se sumaron dirigentes del magisterio que cuestionaron la capacidad de las autoridades para resolver la crisis.
Incluso organizaciones internacionales como Unicef criticaron la decisión de la clausurar las actividades y pidieron al Ejecutivo cambiar su postura. Pueblos indígenas del oriente también se pronunciaron en ese mismo sentido.
Alternativas de solución
La política integral exigida debe tomar en cuenta la voz de los dirigentes y profesores de las áreas urbana y rural, de los padres de familia y de los estudiantes, según la Defensora.
En su opinión, de allí deberían salir alternativas de solución, analizar la educación por radio y televisión, rearmar el proceso curricular, cómo se va a evaluar, cómo se va a llegar a los estudiantes con escasos recursos económicos.
El especialista en temas educativos Jorge Grigoriu Siles dice que la situación no es nada fácil. Dice que los problemas entre padres de familia y colegios se agudizarán, y siguen las dificultades de conexión a internet, acceso a tecnología y capacitación docente. Y, por supuesto, tampoco es posible regresar a las clases presenciales.
Predisposición en Cochabamba
La Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba se declaró dispuesta a reanudar las actividades escolares en este departamento, donde entre el 80 y 90 por ciento de los establecimientos cuentan con la infraestructura y la tecnología necesarias para hacerlo.
El presidente de esa organización, Genaro Durán, explicó a medios locales que el 60 por ciento de los estudiantes pasan clases de forma voluntaria y que ya se han calificado los avances del primer trimestre, del segundo lo harían en septiembre, y las clases terminarían la primera semana de diciembre.
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