Viviana Ariñez, Guardiana (Bolivia)
Jueves 23 de julio de 2020.- Las 11 universidades públicas de Bolivia arrastran un déficit de 773 millones de bolivianos generado, principalmente, por la reducción de la coparticipación tributaria, lo que pone en riesgo el pago de salarios de docentes y administrativos, además de las becas estudiantiles y cobertura de beneficios sociales.
El CEUB está compuesto por la Universidad Mayor San Francisco Xavier, de Chuquisaca; la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz; la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz; Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba; Universidad Tomás Frías, de Potosí; Universidad Juan Misael Saracho, de Tarija; Universidad Técnica de Oruro; Universidad Autónoma de Beni; Universidad Amazónica de Pando; Universidad Nacional Siglo XX, en Potosí y la Universidad Pública de El Alto.
Ante esta crítica situación, el sistema universitario boliviano se declaró en estado de emergencia y demanda la transferencia de recursos para culminar la gestión 2020.
El presidente del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Juan Justo Bohorquez, informó que esta entidad envió una nota al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, el 7 de julio, en la que le hace llegar la “Demanda 2020 del Sistema de la Universidad Boliviana” y solicita el desembolso de los recursos necesarios para las casas de estudios superiores.
Para ello se apoya en el artículo 93 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece: “Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse”.
Las universidades públicas tienen dinero para pagar salarios hasta este mes. “Más allá de julio se complica para las universidades porque no hay el tema de la liquidez. Los sueldos se pagan con coparticipación y parte del (apoyo) del TGN”, dijo Max Mendoza, secretario por el sector estudiantil del CEUB.
En conjunto, las 11 universidades estatales cuentan con 13.952 docentes, y 10.545 trabajadores administrativos. Además, tienen unos 500 mil estudiantes y a una parte de estos les otorgan diversas becas a los estudiantes como la de Comedor, beca Académica —docencia, investigación, interacción social y de servicios— beca de Trabajo e inclusive de Vivienda para quienes provienen del área rural.
Se suma también —explicó Bohorquez— la necesidad del pago de beneficios sociales, porque debido a la pandemia muchos docentes y administrativos mayores de 60 años optaron por su jubilación o retiro.
La educación, un derecho
Si bien a raíz de la pandemia Covid-19 los esfuerzos del Gobierno están centrados en el área de salud, el CEUB considera que la educación no se puede descuidar.
“Entendemos que primero está la salud como un derecho fundamental, pero la educación está también en el mismo rango. El Estado, a parte de darle prioridad a la salud, también debe darle apoyo a la educación. Es una obligación constitucional del Estado”.
Juan Justo Bohorquez, presidente del presídium del CEUB
Por el momento, el CEUB se encuentra a la espera de una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. “Esperaremos una semana más, comprendemos la situación del ministro”, dijo Mendoza, quien recordó que el titular de esa cartera de Estado se encuentra aislado porque está con Covid-19.
Fondo de compensación
En su demanda, el CEUB solicita la creación de un Fondo de Compensación Extraordinario para cubrir el déficit generado por la caída de la coparticipación tributaria para enfrentar los efectos económicos negativos de Covid-19 en la economía de las universidades, y evitar su cierre en la gestión 2020.
“Se demanda que este Fondo sea otorgado sobre la base de una evaluación financiera mensual, a cada universidad, observando el comportamiento de las recaudaciones tributarias al mes de mayo y las de los próximos meses, para determinar los déficits de flujo en el pago de planillas”.
Parte del texto de la demanda del CEUB.
La compensación extraordinaria demandada –agrega— debe realizarse máximo hasta el mes de noviembre, con el objeto de garantizar el pago total de las planillas de haberes de enero a diciembre/2020 y el aguinaldo.
La caída de impuestos
Las universidades públicas se financian con recursos de coparticipación tributaria, transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y también recursos propios.
Los recursos de coparticipación tributaria corresponden al 5% de los impuestos nacionales y el 0,335% del total nacional que se destina a la UPEA, los que son transferidos a las universidades de acuerdo con la población departamental.
Las recaudaciones fueron mínimas y la coparticipación cayó drásticamente a raíz de la pandemia que generó una cuarentena rígida, entre marzo y junio, en todo el país, que derivó en la paralización de las actividades económicas, además de la ampliación de plazos para el pago de tributos como el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
Además, según relató Mendoza, uno de los productos que más aporta en la recaudación de impuestos es la cerveza, pero con la cuarentena y la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, el pago de tributos también bajó.
El desplome del petróleo
Las universidades estatales también reciben recursos provenientes del IDH; sin embargo, el precio internacional del petróleo –el cual se encuentra ligado a la cotización del gas natural—sufrió una caída estrepitosa a menos de un dólar por barril, aunque hoy oscila por los 40 dólares, con lo que mermaron los ingresos por este concepto.
A ello se suma la disminución de la demanda de gas natural por parte de Brasil y Argentina, los dos únicos países que compran el energético boliviano.
La caída del precio del petróleo se debió a una disminución de la demanda, también como efecto de la cuarentena mundial. Los expertos prevén que no mejorará el precio de este producto hasta dentro de un año y medio.
Devolución del IDH
Los recursos provenientes del IDH son destinados principalmente a proyectos de inversión. A través de varias disposiciones legales, el Gobierno ha ampliado su destino a otras competencias de gasto corriente, en aproximadamente un 50% a favor de los estudiantes: becas, seguro médico estudiantil, desconcentración académica, actividades culturales, deportivas, albergues, residencias y otros. Solo un 8% de estos recursos tienen como destino el pago de sueldos y salarios.
Si bien el 30 de junio, la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó la ley para la devolución del 12% de los fondos del IDH a gobernaciones, municipios y universidades, estos recursos deben destinarse a medidas para contener la Covid-19.
Mendoza informó que la devolución equivale a 97,4 millones de bolivianos para las 11 universidades, pero la norma establece que “las universidades públicas deberán contribuir directamente con las actividades de prevención, atención y contención de la Covid-19, en el equipamiento de hospitales universitarios y la compra de insumos necesarios”.
Bohorquez remarcó que la devolución del IDH no ayuda para cubrir el déficit que tienen las universidades.
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