Carlos Tellería (Guardiana); foto: FEPC
Viernes 17 de julio de 2020.- La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) solicitó a la Fiscalía Departamental iniciar una investigación de oficio a la gobernadora interina Esther Soria y al alcalde del municipio de Cercado, José María Leyes, por la ausencia de acciones efectivas y coordinadas para frenar el avance de la Covid-19, enfermedad ocasionada por el coronavirus.
En un memorial se le dice al fiscal Oscar Eduardo Terrazas Chacón que, en Cochabamba, se suscitan hechos considerados delitos de orden público y se le pide hacer una pesquisa sobre el cumplimiento o no de funciones de parte de las autoridades mencionadas en la emergencia sanitaria.
Puedes leer los antecedentes en el artículo: A 4 meses de Covid-19 en Cochabamba, empresarios iniciarán juicio a Alcalde y Gobernadora
Sanción con cárcel
La Ley 602 de Gestión de Riesgos, del 14 de noviembre de 2014, ordena que las instituciones departamentales y municipales deben actuar con rapidez y oportunidad.
Quienes no acaten la norma, incurrirán en incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública. Estos delitos son sancionados de acuerdo a los artículos 154 y 216, inciso 9, del Código Penal con penas de entre uno y 10 años de prisión.
- Artículo 154 (Incumplimiento de deberes). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.
- Artículo 216 (Delitos contra la salud pública). Incurrirá en privación de libertad de uno a 10 años el que: inciso 9. Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población.
La presentación del memorial fue revelada a Guardiana el pasado domingo por el presidente de la FEPC, Javier Bellott. Esta organización había dado dos plazos, el primero el 17 de junio para que Soria y Leyes presenten un plan integral de contención de la pandemia en Cochabamba o, si no pueden, den un paso al costado y el segundo el 10 de julio para que ambas autoridades renuncien en 72 horas, plazo que se cumplió este último lunes a las 10.00. Cuatro días después, los empresarios tomaron la acción ante la Fiscalía.
Este 13 de julio se cumplieron cuatro meses desde la aparición del primer caso de Covid -19 en Cochabamba. En este tiempo, aún no ha entrado en funcionamiento un centro grande de aislamiento como ocurrió en otros departamentos, tal el caso de La Paz que cuenta con uno desde el 16 de abril. Y a este hecho se suma una serie de otros. La Gobernación y la Alcaldía, dirigidas por fuerzas políticas de distinta línea ideológica, no pudieron trabajar desde un principio de manera coordinada.
Incluso quienes viven cerca al que debió ser el centro de aislamiento en funcionamiento en los predios de las ferias de Feicobol optaron por armar su propio centro de monitoreo y atención en estos últimos días como publicó ayer Los Tiempos:
"Ante la difícil situación que enfrentan las familias de la zona sur al no tener dónde ser atendidas por el coronavirus, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) convirtió la sede vecinal de Uspha Uspha en un centro de monitoreo y atención con la esperanza de que este servicio se replique en los demás barrios. El vicepresidente de la Fejuve, Pedro Luna, informó que la decisión se tomó luego de ver que sus demandas de atención no son atendidas por las autoridades ni locales ni departamentales ni nacionales".
Hasta ayer, en Cochabamba había 5.926 casos confirmados de Covid-19, 774 recuperados y 437 decesos. A diferencia de Santa Cruz que cuenta con la mitad de los enfermos ya recuperados, en Cochabamba esto no ocurre.
Según Bellott, Cochabamba ya no tiene la capacidad de producir plasma hiperinmune y falta oxígeno para los pacientes.
En las calles hay filas y aglomeraciones para comprar medicamentos, sobre todo dióxido de cloro, una sustancia no del todo estudiada. Cuando las y los periodistas de canales de televisión se acercan a la gente a preguntar por qué hace cola, esta suele responder que prefiere tener dióxido de cloro a no tener nada, incluso como prevención.
Proyectos de ley
La FEPC hizo llegar cartas a la Gobernación y la Alcaldía de Cercado, en las que adjunta propuestas de ley con medidas para frenar al coronavirus.
La misiva dirigida a la Gobernadora indica que esa iniciativa tiene el fin de generar guías de acción frente a las amenazas a la salud y la economía.
El proyecto plantea declarar emergencia departamental sanitaria y autorizar excepciones para contratar bienes y servicios que permitan contar con los equipos e insumos médicos necesarios.
En otro punto se propone autorizar la entrega de recursos para la gestión de riesgos y que se realicen modificaciones presupuestarias pertinentes para las adquisiciones.
Planes de prevención
El proyecto de ley municipal propone declarar en emergencia a la ciudad de Cochabamba y que un comité de operaciones asuma medidas para prevenir y controlar la enfermedad. También plantea hacer ajustes presupuestarios para afrontar la crisis.
Bellott advirtió que esos proyectos de ley deberían ser aprobados en 24 o 48 horas.
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