El 28 de noviembre pasado, el Gral. Mirko Antonio Sokol Saravia asumió el cargo de Comandante General de la Policía Boliviana, señalando en su discurso de posesión: “A partir de ahora, ningún efectivo podrá cobrar ni un solo centavo a ningún ciudadano o policía, bajo ningún concepto”. Días después, desde su Comando se emitía una instructiva en la que señalaba: “Queda terminantemente prohibido solicitar, exigir, aceptar o insinuar la entrega de dinero, dádivas económicas, beneficios o cualquier tipo de favor, ya sea a la ciudadanía en general, sin excepción, o a servidores públicos policiales o miembros de la institución, independiente del grado o función", esto bajo sanciones disciplinarias y penales. Luego de estas primeras manifestaciones de la autoridad, la ciudadanía seguramente se pregunta si esta vez será verdad la intención de transformar a la institución policial.
Parecería una tarea casi imposible, siendo que la Policía es una de las entidades del Estado que históricamente siempre ha tenido muy bajos niveles de confianza; la que eternamente aparece como la más vulneradora de derechos humanos en los informes anuales de la Defensoría del Pueblo, aquella donde la corrupción campea y es de los primeros ejemplos que cualquier ciudadano/a puede expresar que conoció o de la que sufrió abusos, maltrato, desidia, temor, matonería, machismo, arbitrariedad, autoritarismo, y un sinfín de adjetivos incluso más gruesos que muchos podrían usar para describir a la Policía.
Es que la Policía en cualquier sociedad donde reine un Estado Constitucional de Derecho debería ser una entidad que se construya y trabaje todo el tiempo con enfoque de derechos humanos, puesto que, desde la norma fundamental, se establece que es deber del Estado y sus funcionarios proteger a todos los miembros de la sociedad sin ningún tipo de discriminación (art. 9 núm. 2 CPE), garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades y en ello ingresa la labor policial como uno de los brazos ejecutores de esa protección y garantía (art. 251 CPE).
Pero cuando cualquier ciudadano acude a una dependencia policial a solicitar auxilio por un daño a su persona o bienes sólo recibe rechazo, maltrato o mensajes de requerir coima para todo; cuando una mujer que ha sido víctima de violencia no siente que el o la policía asignada a su caso la protege, la comprende, no la revictimiza, no se burla o critica; cuando un niño o niña, adolescente en situación de calle observa que ese funcionario de uniforme verde, en lugar de brindarle apoyo y/o cobijo, lo extorsiona o lo violenta hasta sexualmente; cuando una persona afectada por un delito observa que entre el delincuente y el policía existe una relación estrecha y hasta amistosa, todo pero absolutamente todo ese andamiaje de protección, cuidado, servicio y garantía se cae estrepitosamente, y es el primer motivo por el que resulta, tan pero tan difícil, creer en las palabras del nuevo Comandante General.
Quizá la autoridad tenga buenas intenciones. Incluso es probable de que esté cansada de que vean a su institución como una de las peores del Estado y realmente quiere transformarla, empero viene a la memoria cómo delegaciones policiales y militares iban a Sucre cuando se redactaba la actual Constitución, a medio presionar y hasta amenazar sutilmente, para que no se mueva una letra en la norma fundamental que se estaba construyendo con claras intenciones de transformar a estas entidades, por eso los capítulos respectivos son copia fiel de 1967. Segundo motivo para dudar de las palabras del Comandante General, los policías y militares difícilmente son prestos a modificaciones de sus doctrinas, malas prácticas y lamentablemente sus actividades de corrupción y autoritarismo.
Por otra parte, hay que ser claros en señalar que las palabras y primeras acciones del Comandante Sokol están tocando intereses económicos, y ¡auch! cuando te molestan el bolsillo, no creo que la mayoría de funcionarios/as policiales deseen ver afectados sus no tan santos ingresos, sus “caídas”, “mordidas”, “coimitas”, “bonitos” como llaman ellos en su propia jerga, donde les llega dinero por encima de sus magros salarios, porque es cierto, ganan poco, pero ¿alguna vez usted ha visto un/a policía pobre? Quizá la institución muchas veces se cae a pedazos, sus condiciones son casi franciscanas, pero sus funcionarios/as ¡jamás! Por el contrario, uno se sorprende cuando ve un oficial o suboficial en un vehículo último modelo, con varios inmuebles, con lo hijos/as en colegios y universidades caros, con viajes al exterior de vacaciones, y de paso con el descaro de decir que es fruto de su trabajo o para disimular, justificándose en la actividad de su pareja.
Creo que muchos/as empezaremos a creer en el Comandante Sokol, cuando el currículo y doctrina de la Universidad Policial y sus institutos abandonen la formación militarizada (que debería estar reservada a algunas entidades especializadas), puesto que en el siglo XXI la relación de la ciudadanía con la mayoría de servidores/as policiales y sus diferentes unidades operativas ya no es represiva y autoritaria como hace siglos, sino de servicio, protección, ayuda y apoyo —como afirmamos— con un enfoque de derechos humanos.
Creeremos en la intención de la autoridad máxima policial cuando se proponga el paso de los servicios de Tránsito a cada municipio, de acuerdo a su ordenamiento territorial, necesidades y características, junto con todo lo que significa la verificación técnica del parque automotor. La famosa inspección técnica vehicular debe desaparecer por razones sobre las que ya mucho se ha hablado (y coimeado).
Asimismo, es momento de que el servicio de bomberos y auxilio sea transferido a instancias especializadas igual de cada autonomía municipal o departamental, para que preste un servicio más eficiente. Actualmente existen brigadas de bomberos voluntarios en muchos departamentos que funcionan muy bien, pero que deberían profesionalizarse, porque esos ciudadanos/as que arriesgan su vida para salvar a otros seres humanos, luchar por la naturaleza y la vida salvaje, deben recibir remuneración del Estado al que protegen.
Creeremos en el Gral. Sokol, cuando proponga que la Policía abandone las cárceles del país, mina de oro para muchos/as servidores policiales de todo rango, y se encargue a una autoridad civil su administración y cuente con personal especializado en manejo penitenciario, como recomiendan los estándares internacionales de derechos humanos, para cumplir los fines de rehabilitación y readaptación social de los privados de libertad.
Confiaremos en las afirmaciones del Comandante cuando las y los policías se profesionalicen y especialicen quedándose durante toda su carrera en reparticiones como investigación criminal, violencia contra la mujer, protección del medio ambiente, seguridad física, cibercrimen, para dar algunos ejemplos y no como ahora que se gasta tiempo y recursos, incluso de la cooperación internacional, para especializarlos/as, para que al año siguiente sean destinados a unidades como bomberos o la rural y fronteriza, sin justificación alguna.
Como se observa, recuperar la credibilidad y confianza en la institución del orden es un largo y difícil camino. Parecería que hay alguna intención, esperemos que la Policía Boliviana no sea ese árbol torcido que nunca se endereza, como tantas cosas en Bolivia; pero seguiremos expectantes, no nos desilusionen.
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