Un gobierno no se fractura por lo que se dice en público, sino por lo que deja de construirse en privado. El inicio de la gestión encabezada por el Presidente Rodrigo Paz y el Vicepresidente Edmand Lara ha revelado una urgencia que trasciende la agenda económica y social: la necesidad de reafirmar la arquitectura institucional del Estado y la ética pública indispensable para gobernar en tiempos de multicrisis. Esta coyuntura no es menor y constituye un momento definitorio para evaluar la calidad del liderazgo y el alcance real de la promesa de renovación política.
La tensión surgida en la cúpula del Órgano Ejecutivo, un desacuerdo que pasó en pocos días del terreno reservado al debate público, muestra con claridad un hecho esencial: la fortaleza de un gobierno no reside únicamente en sus atribuciones constitucionales, sino en la coordinación interna que permite ejercerlas con eficiencia. En un régimen presidencialista, la Constitución y el Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo facultan al Presidente a reorganizar su gabinete para garantizar eficacia administrativa. La decisión del Presidente Paz de cerrar el Ministerio de Justicia y reordenar la estructura ministerial se sitúa plenamente dentro de sus prerrogativas. La discusión relevante no es la legalidad de la medida, sino la manera en que fue gestionada y comunicada en el seno mismo del poder.
La arquitectura institucional del Ejecutivo no es simplemente un organigrama. Es un ecosistema sensible donde los roles, límites, circuitos de información y lealtades deben funcionar con precisión. Cuando ese entramado se tensiona, como ocurrió con la destitución del Ministro de Justicia y la posterior acusación de falta de comunicación por parte del Vicepresidente, se evidencia que el diseño binominal tiene fragilidades que requieren cuidado constante. La coordinación en el Ejecutivo se parece más a un mecanismo de relojería que a una cadena de mando: una pieza fuera de ritmo altera el conjunto entero.
Este contexto obliga a recordar una tesis fundamental: Bolivia no necesita un Ejecutivo perfecto, sino un Ejecutivo coherente. En una etapa marcada por crisis económicas, institucionales, sociales y de credibilidad, la coherencia interna es un bien público. No es un lujo ni una formalidad, sino una condición para tomar decisiones oportunas y evitar que la incertidumbre institucional sea aprovechada por actores que buscan ampliar su influencia en momentos de vulnerabilidad estatal. Un gobierno dividido transmite señales de fragilidad que, incluso sin intención, generan costos para la gobernabilidad.
El origen electoral del binomio Paz-Lara, fruto de una alianza compleja, no libera a sus miembros de la responsabilidad histórica de sostener un consenso mínimo que facilite la gestión. El mandato democrático no se agota en el acto electoral, sino que implica la capacidad de construir estabilidad día a día. Esa estabilidad no se garantiza solo con decisiones firmes, sino con la voluntad de dialogar, ajustar posiciones y, cuando el bien mayor lo exige, ceder. La capacidad de ceder no es una renuncia, sino una virtud política que reconoce que ningún proyecto nacional se sostiene únicamente desde la imposición de visiones individuales. Gobernar es coordinar, pero gobernar también es saber cuándo ceder para no romper el delicado equilibrio del Estado.
A esta necesidad de coherencia y coordinación se suma un elemento ineludible: la moral pública. El mandato otorgado por la ciudadanía fue también un mandato ético. La lucha contra la corrupción, que constituyó una de las principales banderas de la alianza gobernante, demanda transparencia absoluta, coherencia en la conducta y un manejo estrictamente institucional de cualquier denuncia o sospecha. Toda alerta debe ser tratada a través de los canales formales, como el Ministerio Público o la Contraloría, y no convertirse en un instrumento de disputa interna que erosione la credibilidad del Ejecutivo. La ética pública no es un discurso complementario, sino el fundamento que legitima la acción de gobierno.
La tensión entre el Presidente Paz y el Vicepresidente Lara representa, por tanto, más que una diferencia de criterios. Es un examen de carácter político e institucional. La superación de este episodio exige algo más que apelar a artículos constitucionales o recordar prerrogativas. Exige el compromiso real de anteponer la estabilidad del Estado y la confianza ciudadana a cualquier disputa interna por espacios de influencia. El debate relevante no es determinar quién tiene razón en esta coyuntura inmediata, sino si ambos líderes poseen la madurez necesaria para fortalecer la arquitectura institucional en vez de tensionarla. Gobernar, al fin y al cabo, también implica tener la humildad de reconocer que nadie puede gobernar solo.
La capacidad del gobierno para transformar esta fricción en un acto de consolidación institucional definirá buena parte de su trayectoria. La ciudadanía espera que las autoridades coordinen, dialoguen, escuchen y se eleven por encima de las diferencias tácticas. Espera que tanto la Presidencia como la Vicepresidencia actúen como arquitectos de cohesión y no como polos de tensión. Y espera, sobre todo, que cuando el interés superior del país lo exija, prevalezca la capacidad de ceder para construir estabilidad y gobernabilidad reales.
Porque las decisiones solitarias pueden administrar el día a día, pero solo la coordinación y la capacidad de ceder construyen Estado. Gobernar es coordinar. Y cuando corresponde, gobernar también es ceder. Y en ese acto de equilibrio, Bolivia encontrará la solidez que tanto necesita.
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