Por Andrea Tatiana Vargas Elío* //
Nuestro país se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes, que año tras año se incrementa y avanza sin control. Los incendios forestales y la deforestación han devastado más de 10,1 millones de hectáreas, poniendo en peligro la biodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas, sus medios de vida y el equilibrio ecológico.
Frente a la indiferencia de las autoridades, la sociedad civil boliviana decidió alzar su voz a través de la Consulta Popular Nacional por la Vida. De manera autoconvocada, organizaciones, instituciones, colectivos, movimientos, plataformas y personas en general nos hemos organizado para mostrar la indignación de la población a partir de una consulta de cinco preguntas que representan las principales problemáticas en nuestro contexto nacional.
En un intento de que todas y todos puedan participar, se habilitaron tres modalidades de votación: de manera virtual, a través de un formulario en línea, votos en ánfora y votos en asamblea, siguiendo las normas y procedimientos propios.
En total, 32.375 personas fueron parte de esta consulta, quienes mediante su voto expresaron la indignación frente a las políticas extractivas que tanto daño le hacen a nuestro medio ambiente. Se destaca el protagonismo de las mujeres, 63% de los votantes, reafirmando nuestro papel de guardianas de los ecosistemas y liderazgo en la defensa de los mismos.
La consulta no sólo fue un ejercicio de votación, sino también un espacio para el debate propositivo entre las y los ciudadanos. A lo largo de los nueve departamentos, las mesas de votación se convirtieron en puntos de encuentro para conversar sobre las preocupaciones con respecto al tema ambiental.
El mandato ciudadano tiene cinco propuestas clave
El contenido de la consulta giró en torno a cinco preguntas fundamentales, todas orientadas a frenar la destrucción ambiental y promover un modelo de desarrollo sostenible. Los resultados fueron contundentes:
- Abrogación del paquete incendiario: Un 94% de los votantes exigió la derogación inmediata de estas normativas.
- Restauración de tierras quemadas: Un 85% apoyó la reversión de tierras afectadas a dominio estatal hasta su recuperación.
- Implementación de una pausa ecológica: Con un 94% de respaldo, esta medida busca detener actividades que continúen dañando áreas afectadas por incendios.
- Promoción de alternativas sostenibles: Un 91% aprobó fomentar la agroecología, la agroforestería y el ecoturismo, y el derecho de los municipios y territorios a declararse libres de minería, transgénicos y contaminación.
- Aumento del presupuesto ambiental: El 90% demandó incrementar significativamente los recursos destinados a la protección ambiental y la atención de las crisis como la hídrica.
¿Qué queda ahora?
Habiendo tenido un apoyo sobre las propuestas planteadas en la consulta, el desafío es transformar la consulta en acción. Y queda la interrogante de si estas propuestas serán escuchadas por las autoridades.
El desafío es grande pues se requiere de voluntad política, una articulación constante y compromiso frente a estos temas. Para esto, es indispensable la participación de la sociedad civil en la construcción y diseño de las políticas.
Mientras tanto, la sociedad civil debe mantenerse alerta y organizada para garantizar que los resultados de la consulta no queden en el papel. Las movilizaciones, la incidencia política y el seguimiento de los compromisos serán clave para transformar este ejercicio democrático en un cambio tangible.
Es hora de cambiar las reglas del juego y priorizar nuestro medio ambiente por encima de intereses económicos destructivos. Sin embargo, el verdadero desafío radica en traducir estos resultados en políticas concretas y efectivas.
Las autoridades no deben ignorar el clamor popular por la derogación de leyes incendiarias, la restauración de tierras quemadas, la promoción de alternativas frente al modelo extractivista y el aumento del presupuesto ambiental. El tiempo apremia y la ciudadanía está decidida a no retroceder.
Bolivia está en un momento decisivo histórico: debe tomar acciones o esperar que este ciclo de destrucción continúe cada año. ¿Responderá el gobierno a este llamado o seguirá alimentando un modelo que arrasa con nuestra Casa Común?
En algunos intentos de poder enfrentar estas problemáticas y escuchar a la ciudadanía se ha elaborado el proyecto de ley PL240-23: Ley por los bosques y otros sistemas de vida, mismo que tiene el objetivo de generar medidas de gestión para evitar los desmontes y quemas ilegales, garantizando la conservación, restauración y regeneración de los sistemas de vida, que rescata muchas de las demandas generadas en la Consulta Popular Nacional Por la Vida. Sin embargo, este intento fue descartado y aplazado en la Cámara de Senadores, donde pidieron una socialización más amplia y reconsideración del monto de las sanciones por desmonte ilegal.
Es lamentable ver cómo los parlamentarios siguen poniendo a un lado el medio ambiente, cuando es primordial su cuidado si queremos un futuro con aire limpio, con bosques, con agua, con nuestra fauna y flora representativa. ¡Basta de ecocidio y etnocidio!
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Tierra. (2024, 7 octubre). Bolivia: El fuego consumió más de 10,1 millones de hectáreas; 58% corresponden a bosques. https://www.ftierra.org/index.php/tema/medio-ambiente/1258-bolivia-el-fuego-consumio-mas-de-10-1-millones-de-hectareas-58-corresponden-a-bosques
*Andrea Tatiana Vargas Elío es técnica de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)
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