El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y ratificado en Bolivia en junio de 2019 a través de la Ley N°1182.
Su objetivo principal es asegurar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región de América Latina y el Caribe, siendo un tratado de carácter vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio.
Este acuerdo internacional se encuentra entre los hitos más sustanciales, basado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, prometiendo garantizar mecanismos de acceso a la justicia ambiental y protección para las personas que luchan por el medio ambiente, recursos naturales, biodiversidad, territorio, por la participación y acceso a la información (PBI, 2020).
Además, es un paso más para fortalecer la gobernanza climática, dando lugar a que la sociedad civil pueda exigir la participación en la actualización de las Contribuciones nacionalmente Determinadas (NDC) y la implementación del programa Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), descritos en el Acuerdo de París.
COP 3 de Escazú
El pasado abril se desarrolló la Conferencia de las Partes por el Acuerdo de Escazú, COP3 de Escazú, en la ciudad de Santiago de Chile, siendo otro avance significativo para la gobernanza y justicia climática, ya que se aprobó el tan esperado Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el cual plantea una hoja de ruta que compromete a los países miembros a poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú en sus respectivos países (ONU, 2024), comprometiendo a cada país miembro a trabajar en esta ruta de implementación hasta 2026, año en el que se realizará la próxima COP.
Si bien se tiene un gran avance con la aprobación del Plan de Acción, desde la sociedad civil se hace énfasis en que es necesario incluir la transversalidad de género y elementos dentro del acuerdo que garanticen la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, considerando que son defensores de sus territorios, y que viven muy de cerca la vulneración a sus derechos, integridad y otras amenazas.
Defensa de defensores ambientales
Sabemos que cada vez aumentan las dificultades para enfrentar la crisis climática y a ello se suman los desafíos que enfrentan las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas para hacer escuchar sus voces ante la vulneración de sus derechos con respecto a un medio ambiente sano y defensa de sus territorios.
Es claro que esta problemática afecta a nivel global y, sobre todo, a Latinoamérica. Sin ir más allá, en Bolivia se conocen varios casos que han resonado como el de los dos guardaparques que, tras defender el Madidi de una cooperativa minera, fueron enjuiciados y no se les otorgó respaldo institucional.
Por otro lado, en el encuentro internacional del Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en Rurrenabaque en junio pasado, las comunidades dieron a conocer los peligros a los que se enfrentan al proteger sus territorios de la minería ilegal, los avasallamientos, el narcotráfico, la contaminación y la falta de disponibilidad de agua potable, entre otros.
Conociendo este contexto y la realidad que atraviesan las comunidades, las y los defensores ambientales, la sociedad civil está llamada a movilizarse para pedir el avance de la hoja de ruta que dé lugar al cumplimiento pleno y efectivo del Acuerdo de Escazú en Bolivia, el cual permita la participación en la construcción de políticas ambientales y climáticas, por otro lado, proteger a quienes luchan por proteger sus territorios, además de fortalecer en la gobernanza climática de nuestro país.
*Fernanda Zeballos es técnica de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.
Comentarios