Desde 2018, Civicus, una alianza global de organizaciones de la sociedad civil que cuenta con cuatro mil miembros de 175 países, evalúa las condiciones del espacio cívico a escala global, con énfasis en las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
Recién presentó el informe global "El Poder Popular Bajo Ataque", luego de un periodo de investigación que duró de noviembre de 2022 a octubre de 2023. En ese lapso se reportaron más de 1.800 violaciones contra las libertades del espacio cívico en todo el mundo, por hechos de intimidación, disolución de protestas, detenciones de manifestantes, medidas de censura, acoso, detenciones y ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, así como incidentes por el uso excesivo de la fuerza por parte de actores estatales. La violación más común documentada por Civicus Monitor fue intimidación y acoso contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
De acuerdo al documento, alrededor de “un tercio de la humanidad, es decir el 30,6% de la población mundial, vive ahora en sociedades cerradas”, lo que indica la disminución de las condiciones para el ejercicio de las libertades ciudadanas desde 2018. Los contextos de mayores restricciones son los de Afganistán, Rusia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, China, Egipto, Arabia Saudita y Vietnam.
Otras violaciones registradas con frecuencia están referidas al derecho a la libertad de reunión pacífica mediante la detención de manifestantes y el uso de fuerza excesiva.
En América, Nicaragua, Cuba y Venezuela son los países que tienen el espacio cívico cerrado; para 2023, de acuerdo a Civicus, 13 de los 35 países de esta región tienen espacios cívicos reducidos, seis obstruidos, cinco reprimidos, tres cerrados y sólo ocho viven en espacios abiertos donde se respetan las libertades cívicas (Bahamas, Barbados, Canadá, Granada, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Las Granadinas y Uruguay).
En la región, las violaciones más frecuentes documentadas durante el período que abarca el informe fueron intimidación, ataques a periodistas, acoso, asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y la interrupción de protestas. La intimidación, el acoso y las amenazas son utilizados para disuadir a periodistas y defensores de derechos humanos de realizar su labor, tales prácticas, generalmente interrelacionadas, suelen abarcar citaciones policiales, amenazas de arresto y campañas de difamación. El debilitamiento de las instituciones democráticas agrava estas violaciones al espacio cívico, junto con la erosión de la independencia judicial y altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
Los ataques a periodistas son una de las formas más frecuentes de vulneración. Desde hace varios años se constata la persistencia de un entorno hostil para los medios y los grandes riesgos personales que deben enfrentar las y los periodistas. Civicus Monitor documentó agresiones físicas a periodistas en al menos 15 países de la región.
Por otro lado, los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos continúan siendo motivo de preocupación; criminalización, estigmatización, amenazas y agresiones físicas son frecuentes. Además, se han registrado asesinatos en Colombia, Honduras, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Perú, más aun, defensores y defensoras indígenas, de la tierra y del medio ambiente enfrentan riesgos enormes vinculados a la explotación de recursos en sus territorios y la falta de protección legal efectiva.
La violencia contra mujeres y niñas, considerada la violación de derechos humanos más extendida, se agravó durante la pandemia y se intensificó con las crisis políticas, económicas y ambientales de 2022. La representación femenina en toma de decisiones, incluida la crisis climática en COP27, sigue siendo baja, con menos del 34% de mujeres en equipos de negociación y sólo siete líderes mundiales mujeres entre 110 en la conferencia.
Respecto a la evaluación integral de las condiciones en que se desarrollan las acciones de la sociedad civil en 197 países, el informe también muestra que en Bolivia el espacio cívico está en la categoría “Obstruido”. Que, de acuerdo a la metodología de medición de Civicus, implica que “el espacio cívico es fuertemente disputado por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de limitaciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales. Aunque existen organizaciones de la sociedad civil, las autoridades estatales las socavan, incluso mediante el uso de vigilancia ilegal, acoso burocrático y declaraciones públicas degradantes. Los ciudadanos pueden organizarse y reunirse pacíficamente, pero son vulnerables al uso frecuente de fuerza excesiva por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas balas de goma, gases lacrimógenos y porras. Hay cierto espacio para los medios no estatales y la independencia editorial, pero los periodistas corren el riesgo de sufrir agresiones físicas y cargos penales por difamación, que fomentan la autocensura”.
Casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, se trata del porcentaje más alto desde que se inició este tipo de mediciones, por otro lado, el porcentaje de la población que vivía en países cerrados aumentó del 26%, en 2018, al 30,6%, en 2023. Sin duda, los datos del informe muestran una crisis en el espacio cívico, y sólo a través de esfuerzos inmediatos a nivel global podrá revertirse.
Esas medidas podrán conllevar la adopción de medidas para garantizar un entorno seguro y propicio para activistas y periodistas conforme a compromisos internacionales de derechos humanos, trabajar con la sociedad civil para establecer mecanismos de protección efectivos, dejar sin efecto leyes que criminalicen a defensores, manifestantes y periodistas, consultando a la sociedad antes de redactar nuevas legislaciones, realizar investigaciones rápidas e imparciales sobre ataques a defensores, defensoras y periodistas, asegurando que los responsables enfrenten la justicia. Abstenerse de usar fuerza excesiva en protestas, revisar la capacitación policial en derechos humanos y establecer investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza. Salvaguardar la libertad de expresión, garantizar el acceso a Internet sin restricciones y condenar públicamente ataques a defensores y comunidades excluidas.
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