Llama la atención que el poder político haya echado por la borda todo el proceso de selección de las y los magistrados de los altos tribunales de justicia y consejeros del Consejo de la Magistratura de Bolivia porque, aunque se emita el último fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la consulta al proyecto de Ley 144/2022-2023 Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023, remitido de manera certera y planificada por el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de toda esta tramoya urdida desde las altas esferas, el proceso ya se encuentra herido de muerte, afectando no sólo al sistema de justicia, sino al Estado de Derecho y a la vida democrática de Bolivia.
Aunque la o el ciudadano de a pie probablemente no lo sienta de esta manera, dado que presuntamente no le afectaría en su día a día, salvo a quienes están litigando y requieren una definición de alguna causa en trámite, lo que está ocurriendo es muy grave para la vida institucional de Bolivia y de su población.
No se entiende qué hay exactamente detrás de estos intereses y acciones, los supuestos se desarrollan principalmente en la pelea interna del MAS y la necesidad de control por parte de una u otra facción del órgano de justicia; la cercanía de las elecciones primarias; la necesidad de una facción de tener el dominio de magistrados y magistradas para defenestrar a uno de los contendientes. También podría parecer un plan de la facción dura para generar ingobernabilidad y desencanto en la población contra la actual gestión gubernamental, al final... ¿Quién sabe?
Podremos devanarnos los sesos, pero no lograremos comprender a cabalidad el o los motivos para poner en riesgo principios tan importantes para la vida democrática del país. ¿Por qué no les interesa la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la institucionalidad?
Una de las características de estos más de 15 años de gobierno del Movimiento al Socialismo es que las cabezas se han esforzado en defenestrar valores y principios democráticos como no había acontecido en décadas de otros regímenes. Han magullado una institucionalidad estatal que era ya débil, pero que tenía algunos atisbos en contrario, principalmente en algunos tribunales de justicia o incluso el sistema electoral, que ayudaron en la construcción democrática de Bolivia. Eso no les interesó, había que hacerse con el poder total y, lo más triste, a la gente no le importó.
Ahora, colocan al Estado en una situación extrema, dado que los actuales magistrados finalizan sí o sí su mandato este 31 de diciembre de 2023, siendo cualquier otra solución que se quiera dar al problema completamente inconstitucional, por tanto, si el Órgano Ejecutivo o el Órgano Legislativo intentan dar una respuesta a este problema a partir de interinatos, ampliaciones de mandato o cualquier otra medida, por brillante que la idea sea, siempre será a partir de asumir una determinación al estilo de un gobierno fuera de la Constitución. Usted estimada o estimado lector ya sabe qué se llama a eso.
Es tan paradójica esta situación que en las diferentes mesas de análisis jurídicos que se constituyen, obligan a las y los constitucionalistas a buscar la medida “menos inconstitucional” o “democráticamente dañina”, como si eso existiera, como si pudiéramos aceptar que la Constitución Política del Estado se cumpliera a medias, pero al poder no le importa.
Al final de las elucubraciones jurídicas, el poder nos empuja a señalar que se debería optar por dejar en acefalía los cargos, que sería lo menos perjudicial para el sistema de justicia y el Estado Constitucional de Derecho, pero esto no es así.
En primera instancia porque no hay certeza con respecto a cuándo se llevarían a cabo las elecciones judiciales, este 2023, imposible. Si pensamos en 2024, no olvidemos que tenemos el censo en marzo y posteriormente las elecciones primarias. En segundo lugar están los acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para preseleccionar a 96 candidatos y candidatas que podrían no lograrse en corto plazo, para ejemplo baste recordar la elección del Defensor del Pueblo que tardó meses en concretarse, con cositas medio chuecas de por medio que son de conocimiento público. Llevar el tema al 2025 sería imposible porque será un año electoral y la guerra interna del MAS podría llegar para entonces a niveles insospechados.
Entonces podríamos estar varios meses sin altos tribunales, lo que es realmente grave. En la mayoría de las democracias del mundo quedarte sin órgano legislativo se considera ya una dictadura, ¿Qué podríamos decir al quedarnos sin altas cortes de justicia?
No debemos olvidar que el Tribunal Supremo de Justicia es el único competente para realizar casación y nulidad, dirimir conflictos de competencias entre tribunales departamentales, designar a las y los vocales de estos últimos. También administra a través de su Dirección Administrativa Financiera el tesoro judicial. Su Presidente encabeza la Escuela de Jueces del Estado. A su vez, el Consejo de la Magistratura es el encargado del régimen disciplinario del órgano de justicia, tiene a su cargo el control y fiscalización del manejo administrativo y financiero de todo el sistema de justicia y, por último, es el evaluador de los administradores de justicia.
A su vez, el Tribunal Constitucional Plurinacional es el guardián último de la Constitución Política del Estado y de la vigencia del Estado de Derecho; lo cual le supone obligaciones reforzadas frente a la población, la independencia de poderes, la democracia, los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Finalmente, el Tribunal Agroambiental tiene una importancia vital para la vida de muchas y muchos bolivianos al tratar conflictos de tierras, forestales y ambientales.
Por tanto, en ningún caso ni circunstancia es admisible quedarse ni un día sin estas autoridades y eso los poderosos no lo supieron y no lo quisieron entender, y todos y todas son responsables del descalabro del sistema democrático. Esperemos que la historia les sancione porque es probable que al paso que vamos no haya tribunales para ello.
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