Por Fundación Tierra
Martes 1 de agosto de 2023.- Representantes de pueblos indígenas tacana, uchupiamonas, ese ejja, tsimanes y moseten, agrupados en la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), presentaron este martes ante el Tribunal Departamental del Beni, Casa Judicial de Rurrenabaque, una Acción Popular con el propósito de que las autoridades nacionales y departamentales cumplan la normativa y restituyan sus derechos vulnerados por la actividad aurífera y el uso de mercurio que contamina el agua de los ríos que están en sus territorios.
“Una vez conocidos los resultados de los estudios de impacto por minería, específicamente por uso de mercurio en la Amazonia del norte paceño, se nos encomendó el inicio de acciones legales, como la Acción Popular que estamos presentando. Este instrumento nos permitirá exigir al Estado el cumplimiento de las diferentes normativas que nos amparan como pueblos indígenas. Estamos demandando el cumplimiento de funciones principalmente en materia ambiental y de salud por parte de las autoridades. Hasta el día de hoy hemos visto que han incumplido. Están como accionados a autoridades del nivel central y el nivel departamental que tienen competencias ambientales para hacer el control específico a la actividad minera, principalmente la aurífera”, explicó el presidente de la CPILAP, Gonzalo Oliver.
Acción contra ministros de Estado
La acción legal está dirigida contra René Méndez, ministro del Medio Ambiente y Agua; Marcelino Quispe López, ministro de Minería y Metalurgia; Álvaro Antezana, director Departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) La Paz; Santos Quispe, gobernador de La Paz; Freddy Cruz Laura, secretario de los Derechos de la Madre Tierra y Demetrio Villca Ordoñez, secretario de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos, ambos de la Gobernación paceña.
“Hemos entregado las respectivas pruebas documentales, a partir de ahora vamos a estar atentos a la notificación de la fecha de audiencia para poder dar seguimiento. Hemos visto con mucha alegría de que esta Acción Popular que se está presentando no viene a ser la única dentro de lo que es la Amazonía. Recientemente hemos visto acciones populares por ejemplo en el municipio de Palos Blancos, las cuales han dado resultados exitosos para los territorios”.
¿Qué es una Acción Popular? Es un recurso legal contemplado en la Constitución Política del Estado:
Artículo 135. La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.
Artículo 136. I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.
Constitución Política del Estado
La acción legal se presenta sólo unos días después de que los pueblos indígenas se declararan en estado de emergencia tras conocerse que los mineros auríferos cooperativistas buscan modificar la zonificación en las áreas protegidas en el norte del departamento de La Paz para ampliar las áreas de explotación.
“Debe haber un respeto sagrado a lo que es los actores quienes viven dentro de las áreas protegidas. En ese sentido, queremos ratificar contundentemente de que cualquier actualización de modificación, planes de manejo, es una tuición única del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y de los territorios indígenas de las comunidades que viven al interior de estas áreas protegidas. Esta acción responde también a este amedrentamiento que vienen sufriendo los pueblos indígenas, para que finalmente se pueda poner en claro el respeto a las normativas”, puntualizó Oliver.
Paralización de actividades
Entre las acciones que piden los indígenas está la identificación y paralización de las actividades ilegales mineras realizadas en la cuenca alta y baja de los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes (los ríos Tuichi, Quiquibey, Alto Beni y Kaka). Asimismo, exigen que la AJAM desarrolle verdaderos procesos de consulta previa, cumpliendo los estándares señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculados a la protección de las comunidades indígenas en la integralidad de su territorio y prohibir la otorgación de nuevas concesiones mineras en el territorio de las Cuencas Alta y Baja de los Ríos Madre de Dios y Beni mientras sus aguas no sean totalmente rehabilitadas.
Por otro lado, exigen que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas repita el estudio efectuado con cintas reactivas de Calidad de Agua de Consumo en Comunidades Indígenas Ribereñas de los ríos Madre de Dios y Beni. También exigen que se garantice que la CPILAP participe en el proceso de elaboración del plan nacional para la reducción del uso de mercurio y su puesta en vigencia, previa consulta con los pueblos indígenas.
Respaldo de la Cidob
A su turno, el presidente del Tribunal de Justicia Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Hugo Molina, expresó su apoyo a la demanda de los indígenas del norte paceño y anticipó que estarán atentos al pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre los puntos demandados.
“Se está entregando este recurso con todas las pruebas que se ha podido recolectar y exigimos también a la ciudadanía que puedan apoyar estas acciones, porque se ha visto que se ha vulnerado el derecho principalmente de los pueblos indígenas que viven en la ribera del río”, sostuvo.
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